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La Comunidad de Madrid intenta llevar adelante rebajas fiscales por comprar o alquilar una vivienda. Estas acciones serían sobre el IRPF, el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados. De esta forma, buscan ayudar a su población, cerca de medio millón de ciudadanos, a acceder a una casa.

Las rebajas fiscales por comprar o alquilar un inmueble suponen un ahorro de más de 118 millones de euros durante el primer año de su incorporación. Se estima que pueda entrar en vigencia durante este mismo año, en un momento en el que la situación económica y la inflación ha generado severas dificultades en la población.

En este artículo te contaremos todo lo que tienes que saber sobre las rebajas fiscales por comprar o alquilar una vivienda en la Comunidad de Madrid. ¿Nos acompañas?

La Comunidad de Madrid impulsa nuevas rebajas fiscales por comprar o alquilar una vivienda

Se ha conocido que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se encuentra trabajando en un proyecto de ley para poder incorporar rebajas fiscales por comprar o alquilar un inmueble.

Dentro del anteproyecto se planean disminuciones en los impuestos tales como el IRPF, el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos. Se ha analizado que el alcance podría significar de ahorro incorporar estos cambios y podría alcanzar un total de 118 millones de euros.

Tenemos que tener presente que desde la Comuna explican que se intentará que estas rebajas fiscales para comprar o alquilar una vivienda, puedan entrar en vigencia en el transcurso de este año.

Pero veamos un poco más en detalle qué se plantea en el anteproyecto hasta el momento:

  • Un primer punto tiene que ver con la deducción para el IRPF de un monto de 1.000 euros. Esto será posible para los propietarios que inicien nuevos contratos de alquiler en inmuebles que hayan estado desocupados en un plazo de por lo menos un año. Pero no es la única condición, la duración de la renta, deberá ser mayor a los tres años. Otro punto importante tiene que ver con que los propietarios no pueden tener más de cinco propiedades a su nombre.
  • La segunda medida, tiene que ver con la solicitud de préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda habitual. Para este universo, se podría incorporar una reducción del 25 por ciento de la diferencia que deban abonar por los intereses pagados y que habrían afrontado. Este punto toma como referencia el valor del euríbor del mes de diciembre del 2022. Cabe aclarar que se fija un límite de devolución en 300 euros anuales y solo será aplicable a préstamos solicitados del tipo variable. Esta medida podría alcanzar a un total de 450.000 contribuyentes y un alivio fiscal cercano a los 90 millones de euros.

Transformaciones para aumentar viviendas dentro del plan de rebajas fiscales por comprar o alquilar

Dentro de la ley de las rebajas fiscales por compra o alquiler, se estipulan también cambios de oficinas a viviendas para alquiler asequible. Por medio de este cambio, podría lograrse incorporar una cantidad cercana a los 1,8 millones de metros cuadrados para  20.000 pisos para la renta.

Es importante que tengamos presente que estas cifras se han conocido por medio del informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Según el Gobierno, se espera que en las próximas semanas pueda aprobarse la Ley con el fin de que entre en vigencia de forma inmediata luego de que sea tratada por la Asamblea de Madrid.

Tenemos que dejar en claro, que de aprobarse, también se dará la posibilidad de que de manera extraordinaria y solo por un tiempo pueda autorizarse este cambio de uso. Esto significa que el suelo calificado como terciario, pueda ser modificado a uno residencial. Mediante esta acción se espera que puedan incorporarse viviendas con algún tipo de protección pública para la renta.

Para poder efectuarlo, será necesario solicitar una licencia. El plazo para solicitarla sería de dos años desde el momento en que entre en vigencia. Se estima un plazo de tres años como máximo para poder realizar la obra.

Facilitar el acceso a la vivienda como prioridad

El proyecto de ley con el cuál la Comunidad de Madrid busca establecer rebajas fiscales por comprar o alquilar, tiene que ver con la intención de ayudar a la comunidad en el acceso a la vivienda. En esta misma línea, se tomarán medidas por las que puedan simplificarse los trámites, se reduzcan las cargas o modificaciones necesarias para por un lado mejorar la organización pero también impulsar la actividad económica.

Se podrían en marcha también exenciones de planes para la implantación de VPP. Esto será en suelos supramunicipales calificadas como equipamientos. Con esta modificación se estipula que la construcción podría agilizarse entre 8 y 12 meses.

La despoblación también será combatida

Dentro del anteproyecto de ley en que se esta trabajando, también hay medidas para combatir la despoblación. Es que además de las rebajas fiscales por comprar o alquilar se incorpora un paquete de medidas impositivas para los municipios rurales.

Para ello, se busca ayudar a los jóvenes, de menos de 35 años para que se incorporen a localidades con menos de 2.500 habitantes. Esto podrá ser tanto por compra o alquiler de vivienda. Dentro del estudio realizado, se espera que este beneficio pueda alcanzar a más de 1.200 contribuyentes, logrando un ahorro mayor a los 8 millones de euros en el primer año.

Entre las medidas planteadas se encuentra la reducción por traslado de residencia a municipios rurales. Allí, la ayuda será de 1.000 euros durante el período impositivo. Será posible siempre y cuando el contribuyente se quede en esa localidad durante 3 ejercicios

Otro de los beneficios será para los jóvenes que compren una vivienda habitual. Con este cambio, podrá deducirse el 10 por ciento del precio de la compra con un límite anual de 1.546 euros durante un total de 10 ejercicios fiscales.

Un último punto tiene que ver con el impuesto de Transmisiones Patrimoniales. En este tributo, se establecerá una bonificación del 100 por ciento. Será así siempre que se halla adquirido una vivienda de segunda mano y para vivienda nueva el mismo beneficio para los Actos Jurídicos Documentados.

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La Ley de Vivienda continúa trayendo mucha tela para cortar. Esto se debe a las distintas posturas encontradas sobre la funcionalidad que la normativa puede tener realmente. Las posturas a favor y en contra no dejan de presentar recursos. También utilizan todas las herramientas posibles para dar de baja o ampliar la llegada de ella. Pero una nueva jugada llega al tablero de ajedrez. Es que ahora, el congreso pide derogar artículos de la ley de vivienda en los que se vulneran las competencias de las distintas Comunidades Autónomas.

Debemos entender primero que nada que todo lo relacionado a la vivienda, en realidad, no le corresponde al Gobierno Central. De ello tiene la potestad la Comuna. Son ellos los que pueden definir las acciones que se llevarán adelante. Esto se encuentra regulado dentro de la Constitución de cada una. Debido a ello, varias de la Comunidades Autónomas han preentado recusaciones de inconstitucionalidad. Es que desde el nacimiento de la normativa, el revuelo ha sido importante. Madrid, por ejemplo, ha planteado su postura en contra de la Ley de vivienda, y considera que muchas de las medidas que allí se toman van en contra de las que ellos pretenden para sus ciudadanos.

En este post te contaremos todo sobre por qué el Congreso pide derogar artículos de la ley de vivienda y cuáles podrían ser las consecuencias de ello. ¿Nos acompañas?

El Congreso pide derogar artículos de la ley de vivienda que vulneren la potestad de las competencias autonómicas

El día 29 de marzo, se ha logrado en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana la aprobación de una proposición de ley llevada adelante por el PP. Mediante ella, el Congreso, pide derogar o modificar artículos de la ley de vivienda que puedan vulnerar las competencias que le corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas.

En la votación a favor, se han pronunciado el PP, Vox, PNV y Junts. Esquerra Republicana, por otro lado, quien cabe aclarar ha sido uno de los principales propulsores de la normativa en la legislatura pasada, ha optado por abstenerse. Esto no es una sorpresa. Más que nada teniendo en cuenta que no hace mucho tiempo ha apoyado en el Parlament un recurso en el que se pedía la inconstitucionalidad de la normativa.

Por último, el PSOE, Sumar, Podemos y Bildu, han mantenido su postura en contra de cualquier modificación a la Ley de Viviendas.

Esta propuesta, aprobada por el Congreso, se basa en el artículo 148 de la Constitución. Allí se establece que todas las Comunidades Autónomas podrán asumir sus competencias tanto en materia de urbanismo como de vivienda. Por ello, el Estado Central, no tendría potestad en estos asuntos.

El problema, es que dentro de la Ley de Vivienda, son muchos los artículos en los que las competencias, que como planteamos anteriormente, son potestad exclusiva de las autonomías son sobrepasadas.

Por todo ello, se puede llegar a la conclusión de que la ley que ha sido aprobada el 24 de mayo del 2023, es inconstitucional. Pero aclaran que esto no se debe únicamente a la potestad de las Comunas. También, sostienen dentro de la iniciativa que fue aprobada con por el congreso, que vulnera el derecho a la propiedad privada.

Rechazan la eliminación de la normativa a los mecanismos de regulación de los alquileres

Si bien el Congreso pide derogar los artículos de la Ley de Vivienda que vulneran la potestad de las Comunidades Autónomas en materia de vivienda, otra de las peticiones ha sido desestimada. Esta tenía que ver con la solicitud de quitar de la normativa los mecanismos por los cuáles se busca regular el precio de los alquileres.

En este caso, solo el PP y el Vox han votado a favor. Mientras que el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Juntos y Podemos han votado en contra de dicha propuesta.

Por otra parte, desde el PP también ha logrado que continúe su marcha una iniciativa por la cuál se busca ayudar a afrontar el reto que hoy en día tienen los jóvenes en el acceso a la vivienda. Esto se ha logrado gracias a que el PNV ha decidido abstenerse y Juntos ha votado a favor.

Con esta presentación el Congreso, no solo pide derogar artículos de la ley de vivienda. También solicita al Gobierno que aumente la cantidad de viviendas que son destinadas a los jóvenes dentro del alquiler asequible.

Dentro de esta presentación, se le exige al Ejecutivo que también derogue cualquier normativa o en tal caso reviertan aquellas políticas que puedan tener un efecto negativo en el mercado de la vivienda. Por ejemplo, en las que pueda motivar las subidas de los valores, que la oferta disponible pueda verse reducida o que la okupación pueda aumentar.

Una propuesta que va aún más contra las Comunidades

Sumar hace pocos días ha presentado un proyecto no de ley que va aún más contra de la potestad de las Comunidades Autónomas en materia de vivienda. Es que si bien se ha aprobado la petición por la cual el Congreso pide que se deroguen artículos de la Ley de vivienda que sobrepasen la posibilidad de las Comunas a tomar decisiones sobre este tema, Sumar parece no estar de acuerdo,

Dicha presentación, busca que no solo las Comunidades puedan establecer las zonas tensionadas. Solicita que se amplíe esta potestad al Estado Central y a los Ayuntamientos, en el caso de que no hayan sido solicitadas con anterioridad.

Esta presentación no deja de ser extraña. Sobretodo en el momento en que el Congreso pide que se deroguen artículos de la normativa por ir en contra de la potestad de las Comunas.

Lo cierto, es que la batalla que se libra por la Ley de Viviendas parece no tener fin. Los distintos partidos parecen no poder ponerse de acuerdo en su legalidad o en las consecuencias que ella podría tener en el mercado inmobiliario. Deberemos esperar a ver cuál es el próximo paso y que hará el Gobierno con esta solicitud.

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El problema de la vivienda, es ya de larga data. Por ello, para poder solucionarlo, el gobierno ha planteado la necesidad de incorporar la Ley de Vivienda. Si hilamos un poco más fino, un punto que debe ser revisado y estudiado tiene que ver con la falta de vivienda protegida, para ello, es necesario que la administración pueda fomentar este tipo de construcciones.

Un punto que tenemos que tener presente, es que hace unos diez años atrás, el promedio de edificaciones, era de 53 mil unidades. En el año pasado la cifra ha disminuido significativamente, al efectuarse 9.500 inmuebles.

Esta situación, se explica desde distintos puntos. Uno de ellos tiene que ver con la falta de rentabilidad a la hora de llevar adelante este tipo de proyectos. Por otro lado, la falta de suelo para emplazarlos. En ultima instancia, no tenemos que dejar de hacer alusión a que uno de los grades problemas que se plantea, tiene que ver con el valor del módulo de la vivienda protegida. Este punto, tiene como consecuencia que sea muy difícil poder fomentar su construcción. Para tratar de zanjar este punto desde la Comunidad de Madrid, se encuentran analizando la posibilidad de efectuar una subida en el monto.

Con el fin de dar un pantallazo de este tema, el Idealista, ha invitado a participar de una charla a distintos referentes. Ellos han sido: José María García, quien trabaja como viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid; Francisco Pérez, el CEO de la promotora Culmia y Juan Antonio Gómez-Pintado, CEO de la promotora Vía Ágora y presidente de APCE.

En este post te queremos contar respecto a la forma en que la Administración podría fomentar la vivienda protegida con el fin de solucionar un problema habitacional que lleva muchos años en nuestro país. ¿Nos acompañas?

¿Modificar el precio de la vivienda protegida podría fomentar su construcción?

Hace bastante tiempo que se hace referencia a que la falta de construcción de viviendas protegidas, se relaciona con el precio del módulo. Muchas personas consideran que para poder fomentar este tipo de edificaciones sería preciso modificar su valor. Pero es importante que veamos de donde viene la discusión.

Lo primero que hay que aclarar es que este monto se fija por medio de las Comunidades Autónomas. Ellas son las que lo regulan mediante los valores máximos de venta y de alquiler de vivienda protegida.

Madrid, por ejemplo, no ha modificado esta cifra desde el año 2008, mientra que otras 12 localidades ya lo han efectuado. Pero cabe aclarar que en el 2015, el monto solicitado por módulo, se encontraba por encima del referido a la vivienda libre.

García, explica sobre esto, que es importante que pueda establecerse una postura prudente sobre ello. Entiende que el coste para producirlos, se ha encarecido, y también los gastos de financiación. De esta forma es difícil que puedan ser viables este tipo de proyectos como antes.

Por todo ello, es necesario poder estudiar este tipo de medidas, encontrando un punto de conexión que permita tener en cuenta la realidad económica del coste de construcción y el problema que puede generar la actualización de ellos.

Cómo puede la Administración fomentar la vivienda protegida

Ante la situación que estamos atravesando es importante poder generar distintas acciones que permitan la construcción de nuevas viviendas protegidas y fomentar esta labor desde la Administración.

Falta de suelo para fomentar la vivienda protegida

José María García, explica que la normativa que se encuentra vigente tiene dos problemas. Por un lado es antigua y por el otro intervencionista. Según él esta industria se encuentra intervenida y es el Estado quien cuenta con un papel fundamental a la hora de brindar el acceso a la materia prima necesaria para realizarla. En este punto, nos referimos principalmente al suelo.

Esta situación, implica que se necesita de la voluntad política que pueda poner al servicio de esta tarea la generación de suelo donde haya una demanda importante de este tipo de viviendas.

También explica que la Administración privada muchas veces en vez de fomentar la vivienda protegida, retiene los terrenos. Considera que debería ponerse al servicio del objetivo la materia prima para poder incorporar mayor oferta.

Demoras en el proceso que disminuyen la rentabilidad en este tipo de proyectos

Según explica García, hay otro punto que debe modificarse. Es que expresa que el proceso administrativo que se lleva a cabo en este tipo de construcciones, afecta e influye en el precio con el que se transfiere la vivienda. Un claro ejemplo de ello, es lo que sucede en la Comunidad de Madrid. Allí hace 20 años se desarrollan planeamientos que demoraron entre ocho y diez años en llevarse adelante y otros diez más para gestionarse. Hay que tener presente que este tiempo, genera un encarecimiento en todo el proceso, que hace que sea cada vez menos rentable.

¿El alquiler asequible podría ser una solución ante el problema de acceso a la vivienda?

Sobre este tema, Pérez, quien se desempeña como CEO de Culmia,  hace alusión a si es posible fomentar la construcción de viviendas protegidas, y si hay empresas que quieran abocarse a este tipo de desarrollos.

El explica que el 80 por ciento de estos inmuebles son realizados por privados. Por lo que si, puede ser un negocio rentable, y aún más si el Ayuntamiento genera políticas que permitan fomentar la construcción de viviendas protegidas. Agrega además, que él considera que el problema que existe en nuestro país tiene que ver con la vivienda asequible que se encuentra para la renta. Por otro lado, hace alusión a que es muy difícil para Ayuntamientos que cuentan con pocos recursos, tanto técnicos como económicos poder aprobar las licencias. Debido a ello sería necesario poder llevarlos adelante de otra manera.

Dice además que es importante que pueda aumentarse la cantidad de inmuebles para alquilar, para poder mantener la cantidad de personas que tengan una vivienda. Pese a ello, hay que tener presente que hoy en día, el 50 por ciento de la población mundial, se establece en las grandes ciudades. Según la forma en que estas cifras han evolucionado, se supone que para el 2050 aumentaría al 70 por ciento. Esto sería una gran complicación. Cada vez se encontrarían más pobladas y sería muy difícil poder hacerlas sostenibles.

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Ya desde la incorporación de la Ley de Vivienda, se ha marcado una intención del gobierno de cambiar algunas visiones. Para ello, se ha incorporado a Isabel Rodríguez como ministra de Vivienda y Agencia Urbana. Mediante este cambio, se busca establecer una nueva visión respecto al derecho a la vivienda y la búsqueda de aceptar el reto para el Estado de Bienestar.

Según ha explicado la nueva ministra, considera que es importante poder asumir el reto para consolidar el derecho a la vivienda como el quinto pilar del Estado de Bienestar. Agregó, además, que lo considera una prioridad.

En este post te contamos todo lo que tienes que saber respecto al nombramiento de Isabel Rodríguez y cuáles son los planes para los próximos meses sobre el derecho a la vivienda y el nuevo reto para el Estado de Bienestar. ¿Nos acompañas?

Vivienda vuelve a tener un departamento para lograr que sea un derecho en el nuevo reto del Estado de Bienestar

Tenemos que tener presente que hace bastante que el gobierno habla de la necesitad de un nuevo paradigma respecto a las viviendas. Se intenta cambiar de una posición donde los inmuebles solo son un bien para invertir o comerciar a una visión en la que el inmueble sea visto como un derecho para la comunidad. Esta situación es un nuevo reto que el Estado de Bienestar debe lograr sortear.

En los últimos días, el jefe del Ejecutivo ha tomado algunas decisiones. Una de ellas, tiene que ver con la Incorporación de Isabel Rodríguez como ministra de  la nueva cartera Vivienda y Agenda Urbana. De esta manera, ella, se deberá hacer cargo del Ministerio de Vivienda, que nuevamente se establecerá como un departamento aparte, y no como parte de otro ministerio. 

Distintos retos para lograr que el estado de Bienestar supere el reto del derecho de una vivienda

Debemos tener presente que no tendrá una tarea fácil. Uno de los más grandes retos que deberá afrontar tiene que ver con el desarrollo de la macrooperación para lograr incorporar al mercado un total de 183.000 inmuebles al alquiler asequible. Cabe aclarar que incluye las viviendas de Sareb, casas que se encuentren emplazadas en el suelo perteneciente al Ministerio de Defensa y nuevas promociones.

Otro punto que será necesario desarrollar, tiene que ver con la Ley de vivienda. Tengamos presente que hace poco tiempo esta nueva reglamentación se ha puesto en vigencia. Existen algunos problemas que hasta el día de hoy no se han logrado acomodar. Sobre este tema, uno de los primeros puntos que tendrá que resolver se trata del índice de referencia. Es que mediante el será posible establecer las zonas tensionadas con el fin de regular los montos de los alquileres.

Pero esto no será todo. Dentro de los proyectos que deberá afrontar, tiene en carpeta también el incremento del Bono Alquiler. En este momento este beneficio, de 250 euros para los jóvenes que no han cumplido aún los 35 años, debe revisarse. También correrá la misma suerte la regulación sobre los alojamientos turísticos en las zonas consideradas tensionadas.

Por último, debemos mencionar también la habilitación de un programa nacional por medio del cuál se brinden ayudas y subvencione. Estas serán dirigidas para poder  mejorar la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética. Tengamos presente que el objetivo planteado es el de lograr efectuar las 500.000 viviendas rehabilitadas.

El derecho a la vivienda y el reto de recuperar el Ministerio de vivienda para el Estado de Bienestar

La cartera que ahora dirigirá Isabel Rodríguez había dejado de existir en el 2010. Es que la vivienda, no era pensada como una prioridad ni un derecho. Hoy en día el gobierno se ha puesto en los hombros la intención de asumir un reto para el Estado de Bienestar. Existen aún muchas críticas ante las medidas que se plantean y los problemas que debería enfrentarse. Por un lado, debido a la falta de vivienda social o asequible. Para ellas, consideran que es necesario realizar actuaciones estructurales y que es necesario que el Gobierno asuma la responsabilidad que les corresponde sin intervenciones ni parches.

Estas opiniones brindadas por parte de Goenaga, quien forma parte del Círculo Legal de Barcelona, no han sido las últimas. Para la letrada, una medida de ayuda como la ampliación del bono de alquiler joven o el establecimiento del índice de precios, son pequeños pasos hacia delante. Es que considera que los jóvenes, necesitan de un parque de vivienda pública que posibiliten su emancipación.

En este contexto, el Gobierno se ha puesto como objetivo poder habilitar un total de 183.000 viviendas públicas que puedan utilizarse para alquiler asequible. Pese a ello, lo cierto es que no será una tarea fácil ni rápida. Explican desde el Círculo Legal que será muy difícil poder actualizar muchos de los inmuebles, o incluso poder solicitar el desbloqueo de los suelos para el desarrollo residencial. Esto, podría demorar décadas.

Una política ineficiente para un problema estructural

Si bien desde el Gobierno se habla de un cambio de paradigma, muchos participantes del sector inmobiliario, consideran que este cambio en realidad no esta siendo efectivo. Antonio Carroza, de Alquiler Seguro, por ejemplo, hace referencia a que se ha decidido crear una Ley de Viviendas, que invade las competencias en materia de inmuebles que eran potestad de las Comunidades Autónomas. Esta situación ha propiciado que varias de ellas, presentaran un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.

La nueva normativa, ha dejado a las Comunidades sin margen de maniobra ni posibilidad de tomar decisiones desde el momento en que se ha puesto en vigencia. Cabe destacar que antes, las regulaciones sobre arrendamiento y viviendas de protección oficial, no podían ser establecidas por el gobierno nacional.

Carrozza agrega que es importante que la nueva ministra pueda tener presente que en este momento existe un problema grave en el mercado de alquiler. Por otro lado, esta nueva regulación que se esperaba que pudiera ayudar a los inquilinos, son a los que más perjudica. Es que cada vez es más difícil encontrar una propiedad para alquilar. Esto se debe a que cada vez existe menos oferta, los precios aumentan junto con la incertidumbre y la inseguridad jurídica.

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La caída de la construcción de la vivienda pública es un gran problema. Tenemos que tener presente que en el último tiempo, el acceso a la vivienda y el alquiler asequible son temas que el gobierno intenta resolver.

La situación económica que estamos atravesando, con un conjunto de problemáticas que aún no han logrado terminar de resolverse, trajeron grandes dificultades a muchas familias. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Por un lado, las subidas en los tipos, han provocado que un importante sector de la sociedad no pueda acceder a créditos hipotecarios. Esto se debe al endurecimiento de los requisitos y las subidas en las cuotas para hacerle frente. Por otro lado, debemos sumar la guerra entre Rusia y Ucrania, que trajo aparejado incrementos importantes en los servicios. Y por si fuera poco una inflación que ha complicado la economía de las familias.

En este contexto, el gobierno ha decidido poner en marcha la ley de vivienda, que ya lleva algunos meses en vigencia. Mediante ella, se han establecido algunos parámetros con los que se esperaba que los propietarios aumentaran el parque inmobiliario de nuestro país. Pese a ello, tenemos que aclarar, que son varias las comunidades que han tomado la determinación de recurrir esta normativa. Es que, con ella se invaden las competencias de las autonomías. Recordemos que en los temas de la vivienda, son ellas las que pueden tomar medidas. Si bien, las recusaciones han sido efectuadas desde hace más de tres meses en algunos casos, aún el Tribunal no ha tomado una determinación sobre ello.

En esta línea, donde la necesidad de que la construcción de vivienda pública pueda ir en aumento, la situación es la contraria. Según se ha conocido, en el último tiempo, ha registrado una caída del 86 por ciento al compararlo con el máximo histórico del 2006.

Por todo esto, en este post te contaremos todo lo que necesitas saber sobre la construcción de vivienda pública, cuáles son los porcentajes hoy en día, cuántos edificios se necesitan para abastecer a la demanda, cuáles son los grandes problemas y mucho más, ¿Nos acompañas?

La caída en la construcción de vivienda pública

Un informe presentado por Culmia, ha informado una caída del 86 por ciento de la construcción de vivienda pública en nuestro país. Esto se infiere por la comparación sobre el máximo histórico, alcanzado en el año 2006 al efectuarse 80.000 construcciones promedio durante al año.

Si intentamos analizar cuál es la necesidad que debería cubrirse, se ha estimado que la cantidad alcanza unos 761.000 inmuebles a destinar al mercado del alquiler asequible para los próximos 10 años.

Para poder llevar adelante estas construcciones, se estima que sería necesaria una inversión de 108.000 millones de euros. De esta forma, se destinaría aproximadamente 142.000 euros para cada una de las viviendas.

Según ha expresado el consejero delegado de la firma que realiza el informe, Francisco Pérez, es necesario que nuestro país genere políticas claras y eficientes respecto a la construcción de vivienda pública. Además agregó, que seria importante poder efectuarlas en colaboración público- privada. De esta forma, se podría generar un parque de vivienda asequible, que permita absorber no solo la demanda que existe hoy en día, sino también la futura.

A la hora de establecer cuáles son las regiones que necesitan más desarrollo de viviendas asequibles la lista de urgencias, se compondría de la siguiente forma:

  • Cataluña
  • Madrid
  • Andalucía
  • Comunidad Valenciana.

Es importante aclarar, que cada una de ellas, necesitará de inversiones diferentes. 

Problemas en Cataluña respecto a la construcción de vivienda pública

Antes de analizar la cantidad de dinero y viviendas necesaria, debemos aclarar que Cataluña ya hace unos meses ha realizado la recusación de la ley de vivienda.

Recordemos, como dijimos antes, que es una de las Comunidades Autónomas que más precisará de inversión pública para la construcción de viviendas.

Según se ha podido conocer, seria necesario edificar un total de 225.000 inmuebles para alquiler asequible durante los próximos diez años. Esto significaría aproximadamente un total de 1.010 millones de Euros.

Respecto a Madrid, por otro lado, se calcula que la cantidad que necesitaría seria cercana a los 174.000 para el mismo plazo de tiempo. Para ello, la inversión pública debería llegar a los 5.418 millones de euros.

A la hora de ver la diferencia entre el dinero necesario para construir las viviendas de ambas Comunidades, explican que esto tiene que ver con la última actualización del precio de los módulos. Por ello, será más abultada pese que se efectúen menos edificaciones.

En Andalucía, por otra parte, se necesita un total de 85.000 nuevas construcciones de vivienda pública, para poder utilizar en el alquiler asequible. Para ello, será necesaria una inversión de 4.529 millones de euros. La Comunidad Valenciana, necesita de la misma cantidad de edificaciones y se estima una inversión de 3.245 millones de euros.

Canarias, por último, necesitaría de 46.000 viviendas con una inversión de 2.486 millones de euros.

Pese a estas cifras de inversiones y edificaciones necesarias, el mercado de vivienda para la construcción pública, se encuentra en el quinto puesto de toda Europa. Esto significa que contamos con la menor cantidad de viviendas que se destinan para el alquiler asequible.

Por otro lado, debemos tener presente que hoy en día, del total de construcción de vivienda pública que se produce, solo el 10 por ciento de ellas son destinadas a vivienda protegida. Si hilamos un poco mas fino, solo el 20 por ciento de ellas es efectuada por inversión del estado. 

Para poder alquilar, muchos hogares deben destinar más del 50 por ciento de sus ingresos en él

Otro punto importante que tenemos que tener presente, tiene que ver con lo que se llama tasa de esfuerzo. Esto tiene que ver con el porcentaje de ingresos que la familia debe destinar para poder alquilar una vivienda.

En este momento, según el informe presentado por Culmia, la tasa de esfuerzo equivale a un promedio del 40 por ciento de los ingresos de cada familia.

Tenemos que tener presente que en aquellos hogares en los cuáles los salarios oscilan entre los 1.000  y 2.000 euros, esta tasa de esfuerzo, se establece en un porcentaje mayor al 50 por ciento.

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En el marco del debate que aún continúa por la Ley de Vivienda y su aplicación, el Gobierno nacional anunció esta semana que destinará 50.000 viviendas de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), al mercado del alquiler asequible. Esto ha generado tanto apoyo como controversias, ya que por un lado se reconoce la gran crisis que hay en torno a la accesibilidad a la vivienda -y en especial, a la vivienda social-, y por otro lado se lee el oportunismo en tiempos de campaña electoral. Sin que en realidad ambas miradas sean excluyentes, repasamos a continuación qué es la SAREB y por qué cobra relevancia en este momento.

Cómo funciona la SAREB

La SAREB se constituyó tras la crisis financiera de 2008, como parte de una solución posible acordada entre las autoridades nacionales y europeas para “salvar” a las entidades bancarias más afectadas. Pocos años después, en 2012, compró a los bancos rescatados casi 200.000 activos “problemáticos”, entre préstamos a promotores e inmuebles, logrando asentar de tal manera su presencia en el sistema financiero del país.

Al tener la posibilidad de comprar a bajo costo esos activos, y el aval del Estado para generar determinadas deudas, la SAREB se convirtió en un importante instrumento de reconversión de deudas no sólo para el ámbito privado sino también para el público.

En el ámbito inmobiliario, los ingresos que siguen moviendo la rueda provienen de la venta de inmuebles, la ejecución o finalización de promociones y la firma de acuerdos de colaboración con las administraciones para la cesión y venta de vivienda social.

Como contraprestación (de alguna manera), el organismo viene desarrollando hace una década políticas de alquiler asequible para los sectores vulnerables. El año pasado, al tomar el Estado el total control de la sociedad, el Gobierno se garantizó contar con este fondo como instrumento de financiamiento para las medidas que acordara el partido.

Por qué la SAREB es noticia

Recientemente el Gobierno anunció que habilitará 50.000 viviendas gestionadas por la SAREB para su uso por vía de alquileres asequibles. Al ser una política nacional, se esperaba que la distribución de tal oferta fuera equitativa, pero están distribuidas en trece comunidades autónomas. Entre ellas, las más favorecidas resultaron ser Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Extremadura.

En concreto, la medida indica que se pondrán a disposición de municipios y comunidades autónomas 21.000 viviendas, mientras que se impulsará el alquiler social de otras 14.000 ya habitadas. Sumado a esto, se promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas públicas en suelos disponibles de la Sociedad.

¿Medida efectiva u oportunismo electoral?

En el marco del debate aún candente por la Ley de Vivienda, la necesidad de financiamiento para la compra de una casa y las críticas por el bajo nivel de oferta en vivienda social, esta medida fue tan bienvenida como criticada.

Cierto es que la escasez o dificultad en el acceso a la vivienda no es sólo causa de políticas aletargadas o insuficientes, sino de contextos económicos que empeoran la situación. La subida de los precios -de cuyas causas se ha hablado incansablemente en el último año-, no ayuda a contener una demanda que además, crece tanto como la población. Dicho aumento es evidente tanto en los valores de venta como en los de alquiler, con lo cual la problemática es injerencia de prácticamente todos los ciudadanos.

No obstante esto, en lo que respecta al anuncio realizado, hay también críticas de índole general, con la mirada puesta en el largo plazo. Por ejemplo, se remarca el hecho de que la oferta de viviendas destinadas al alquiler social es actualmente de 300.000 pisos, cuando la media europea es de 1.500.000. Esta última cifra representa además, la mitad de lo que requeriría España para contener la demanda, según denuncian algunos expertos.

¿Quién habla en nombre de los que más necesitan?

Si el contexto económico es complicado y la planificación resulta insuficiente, no sorprende que cada aporte al tema de la vivienda tome lugar en la portada de los diarios. Recordemos que recientemente, entre otras medidas vinculadas a la problemática de la vivienda, el Gobierno limitó el precio del alquiler en las zonas más tensionadas, lo que generó también ciertas rispideces en algunos sectores de la sociedad.

Esta sumatoria de medidas en tiempos electorales es lo que pone en tensión cada propuesta que tienda a revisar la situación residencial y sus carencias en el país. Así, lo que podría derivar en una deseable solución a largo plazo se convierte, muchas veces, en una discusión partidaria que poco ayuda a quienes más lo necesitan.

¿Qué crees de esta medida? Comparte tu opinión en la parte de comentarios de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre opciones para vivienda en España, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

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Grandes tenedores de la ciudad de Valencia se ven afectados por un decreto de la Conselleria, donde declara que casi 500 viviendas se encuentran deshabitadas. Las mismas pertenecen a aproximadamente 20 propietarios, los cuales se vieron afectados por esta declaración obligatoria que los hace perder la propiedad desde la administración.

Luego de que esta declaración ha sido analizada, se llegó a la conclusión que debe aplicarse para tomar viviendas vacías y usarlas para alquiler asequible. Sin embargo, la decisión final es de parte de los propietarios, por lo que en muchos casos no se ha hecho el traspaso de viviendas.

Sanciones a los grandes tenedores de viviendas

En 2021 la Generalitat aprobó un decreto que autorizaba la movilización de propiedades para las personas que tenían la titularidad de más de 10 viviendas. Los propietarios debían declarar cada 6 meses mediante un informe sobre todos los inmuebles que estaban en desuso o que no eran sus viviendas residenciales.

Se considera que un inmueble cumple estas condiciones de desuso cuando lleva al menos un año sin que se le esté dando un uso específico. De allí, se les hacía una inspección a estas viviendas y era la Generalitat la que se encargaba de especificar si un inmueble estaba deshabitado.

Es a partir de este proceso donde de 500 viviendas declaradas vacías por sus propietarios, 468 se consideran deshabitadas y necesarios para el alquiler asequible. Se hace a través de un proyecto llamado Xarxa Lloga’m, donde los propietarios que se adhieran tendrán beneficios, como medidas de formen y de promoción.

A pesar de ello, solo 118 viviendas se han logrado adherir al plan, ya que los propietarios de las 350 viviendas restantes lo han rechazado. Para estos casos, los titulares deben pagar una serie de multas y sanciones importantes, que son el resultado de tener las viviendas vacías o deshabitadas.

grandes tenedores

Los costes de las multas varían según la ubicación y el precio de la renta media, aunque se deben pagar cada mes a las autoridades. Además de que el precio va a oscilar entre los 350 y 650 euros, lo que supone un gran gasto anual, casi alcanzado los 7.800.

Y a esto se suma una sanción por lo impuesto en la normativa, debido a que se está incumpliendo la función social de la vivienda. Todas estas condiciones están impuestas por la ley y sus autoridades, ya que muchos propietarios siguen en desacuerdo con las sanciones y las obligaciones establecidas.

Objetivos de la Generalitat en el mercado inmobiliario

Alejandro Aguilar, secretario autónomo de vivienda, asegura que los grandes tenedores que no quieren unirse al plan, no quieren colocar las viviendas en el mercado. Manifiesta que es una actitud especulativa y que en respuesta se aplicará una sanción doble por tener las propiedades vacías en contra de la ley.

La principal razón de este proyecto es movilizar más viviendas al mercado inmobiliario, porque se estima que en la comunidad autónoma unas 20.000 están vacías. Por ello se creó el registro de viviendas en diciembre, para saber a precisión cuáles están deshabitadas y cuáles pertenecen a personas con muchas propiedades.

Pero 118 viviendas sí pudieron unirse al Xarxa Lloga’m, que sirve como una bolsa de activos que ayuda a destinar las viviendas para alquiler asequible. Aquí también pueden participar los particulares que quieran destinar sus viviendas para alquiler social de forma voluntaria en un periodo de 7 a 8 años.

En caso de estos particulares, el incentivo es que podrán reparar los daños que no sean por el daño o por el paso del tiempo. Además, podrán recibir ayuda para obtener el certificado de eficiencia energética, que es muy útil durante los últimos meses por la crisis que está ocurriendo.

grandes tenedores

Otros de los beneficios de este plan son los seguros multirriesgo, además de otras pólizas que ayudan a proteger los inmuebles y a sus propietarios. Para que las personas puedan alquilar estos inmuebles, la Conselleria será la encargada de colocar los precios que correspondan y de ofrecerlos en el mercado.

La publicación se realiza a través de una red que sirve como intermedio de Agentes Inmobiliarios Colaboradores, que son los encargados de los trámites necesarios. También se tramitan unas garantías importantes para los propietarios y las personas que solicitan los alquileres, donde se protegen ambos intereses en el marco legal.

Elementos adicionales a las sanciones de grandes tenedores

La gestión de los Colaboradores ya se está realizando, según la directora general del programa de Emergencia Habitacional, Pura Peris, donde se han recibido peticiones. Se han recibido aproximadamente una decena de solicitudes de agentes inmobiliarios que quieren participar en el programa de traspaso de las propiedades a alquiler asequible.

De las 10 peticiones, ya se han aceptado 7, que provienen tanto de empresas como de particulares profesionales que tienen el título para poder ejercer. Por ello, ya se están ejecutando los procesos de traspaso gracias a la ayuda de estos agentes que conocen el comportamiento y función del programa.

Una de las principales funciones es dar a conocer de forma pública a los propietarios e inquilinos que están trabajando para este programa. A partir de eso, deben explicar de forma detallada cuáles son los objetivos del mismo y todos los beneficios que brinda a cada persona involucrada.

También deben gestionar el programa Xarxa Lloga’m con un régimen exclusivo, para traspasar las viviendas seleccionadas en un periodo de 6 meses desde su aceptación. Por último, deben tramitar las solicitudes de las pólizas y los seguros multirriesgo a cada uno de los propietarios que están interesados en dicho acuerdo.

Como explicamos anteriormente, se trata de un trabajo que sirve como intermediario para los propietarios, inquilinos y la Generalitat que hace cumplir la ley estipulada. Solo queda esperar los resultados de estas actividades en los próximos meses para saber cómo se ha desarrollado el programa referente a los grandes tenedores.

Puedes dejar tus comentarios abajo y seguir visitando nuestro blog Oi Real Estate para más información. También te invitamos a que entres en la siguiente nota sobre las leyes de inmuebles:

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El acceso a la vivienda social o asequible es uno de los bastiones de la nueva Ley de Vivienda (la primera desde la vuelta de la democracia en España). El gigantesco paquete de medidas, prevé incrementar dicho parque de vivienda con el objetivo de que los sectores más débiles y los más golpeados por la pandemia COVID 19 logren incorporarse prontamente a un mercado con cada vez más demanda. Sin embargo, las dudas sobre cómo solicitar estos contratos de alquiler o si se está calificado para ello, es un tópico que no deja de generar dudas y opiniones contrapuestas. En este artículo de Oi Real Estate, veremos cuáles son los requisitos para acceder a una vivienda social. Acaso el alquiler asequible sea una solución a tu situación actual. Te invitamos a leer para conocer mucho más.

Historia de la vivienda pública en España

La vivienda social se aprobó en España a comienzos de siglo XX. Fue en el marco de la denominada como “Ley de las casas baratas”. Aprobada en 1911,  se mantuvo durante casi 20 años en su texto original hasta la explosión de la demanda sufrida en toda Europa hacia mediados de la década de los años 80. Así, a finales de esa década en España se contabilizaban más de 100.000 unidades anuales ofrecidas al mercado del arrendamiento con protección oficial y estatal.

Sin embargo, durante los años 90 la introducción al parque público de propiedades bajo alquileres asequibles disminuyó a más de la mitad. Tal es así, que finalizando el siglo XX solamente se finalizaban unas 8.000 propiedades con aquel objetivo. En 2016, estos valores tocaron su punto mínimo con menos de 5.000 viviendas volcadas al sector público, alcanzando la cuota más baja de los últimos 40 años.

Hoy por hoy, al fondo de la Unión Europea

La actitud y la acción política de nuestros vecinos de la Unión Europea, es finalmente el aspecto que más evidencia la falta de interés de los sucesivos gobiernos españoles en poner manos al asunto de la problemática en el acceso a la vivienda. En este sentido, la pandemia COVID 19 puso en 2020 en jaque al mercado del parque público de alquiler asequible. Si revisamos los números estadísticos, comprobaremos que España posee menos de una vivienda social por cada 100 habitantes , un rango muy inferior al de muchos de nuestros limítrofes.

Para ser más exactos, España se encuentra en el puesto número doce, por delante de Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Rumania y Croacia; descontando que en otros cinco países no existe la propiedad social. Al tope de la lista, hallaremos a Países Bajos con más de 12 propiedades sociales por 100 habitantes, Austria y Dinamarca con 10, Suecia con 8, Reino Unido y Francia con más de 7.

¿Cuáles son las cualidades de una propiedad asequible?

Las viviendas del tipo social ofrecen distinta características. Enumeraremos sus cuatro fundamentales.

Coste regulado y limitado

El precio del contrato de alquiler lo fija el Estado, y debe ser considerablemente inferior al precio estipulado por el mercado competitivo privado.

Carecen de libre disposición

Las propiedades no pueden ser trapasadas mientras rija el lapso programado por su administración. El mismo suele ser de diez años.

Son para uso exclusivo de vivienda habitual

Las viviendas públicas no pueden ser utilizadas para fines comerciales; su uso está específicamente destinado a la denominada “vivienda habitual”. Esto es, debe ser el techo familiar volcado a la necesidad habitacional doméstica.

Cuenta con beneficios fiscales

Toda propiedad alquilada y administrada desde el Estado contará con beneficios fiscales para que sus inquilinos logren acceder a ellas con mínimos requerimientos y garantías.

Requisitos para acceder a una vivienda social

Como primera medida entre los requisitos para acceder a una vivienda social, sus solicitantes deberán estar inscritos en el registro de demandantes de VPO, según la Comunidad Autónoma pertinente. Es la única forma de poder acceder a los sorteos públicos. Asimismo, debes saber que cada Comunidad Autónoma cuenta con sus propios requisitos y estos pueden variar de acuerdo a la región.

Siete requisitos de base

Por lo demás, existen siete requisitos básicos y comunes a todas las Comunidades. Detallaremos los mismos a continuación:

  1. Haber cumplido la mayoría de edad y ser un ciudadano nacionalizado español.
  2. Estar inscrito (como citamos en el párrafo anterior) en el registro de solicitantes de VPO de la Comunidad Autónoma que se aspire a habitar.
  3. No haber sido ni ser dueño de una vivienda protegida por el Estado en el pasado.
  4. Utilizar la vivienda a la que se aspira únicamente como propiedad de uso habitual o vivienda cotidiana. Como señalamos anteriormente, la casa no podrá ser empleada para ningún objetivo comercial ni se podrán ejercer oficios ni actividades laborales en o desde ella.
  5. El tope de rentas establecido no podrá ser superado en el contrato de alquiler. Este índice es fijado por la Comunidad Autónoma y, dependiendo cuál, suele ser de 2.5 a 5.5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
  6. A la hora de postularse, los solicitantes a los sorteos no podrán haber obtenido ayudas o subsidios a la vivienda por parte del Estado durante los últimos diez años.

Más requerimiento para el alquiler social y el futuro del parque público

Para poder acceder a una vivienda del tipo social existe toda una gama de requisitos, también dependiendo de la región. Entre ellos, el IPREM se toma como referencia y los ingresos del solicitante pueden superarlo hasta menos de tres veces; no ser propietario de otra unidad (ni el solicitante ni nadie en el grupo familiar); o poseer deudas hipotecarias que superen las prestaciones.

En este contexto, el denominado Plan Vive puesto en marcha por la gobernación de la Comunidad de Madrid a mediados de 2021, promete de aquí a finales de década retomar el camino hacia el incremento del parque público de viviendas de alquiler con decenas de miles de promociones a asignar. Las primeras (en colaboración con la administración y la inversión privada) ya han sido distribuidas y se observan hoy los primeros pozos sobre los que se edificarán las propiedades en cuestión.

Se aguarda también que el resto de las Comunidades utilicen este modelo del Plan Vive como mentor de muchos otros para atacar la problemática del acceso al alquiler de cuajo y colaborar con la Ley de Vivienda a mitigar todo riesgo ante un eventual colapso del mercado inmobiliario del arrendamiento.

Y si te ha interesado el tema y quieres seguir conociendo mucho más sobre el mundo inmobiliario, te recomendamos leer el siguiente artículo:

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El sector del parque de viviendas en alquiler correspondiente al colectivo denominado “asequible” es ínfimo en España. Tanto, que su mera comparación con sus similares en las naciones vecinas resulta casi irrisoria. El cuestionado borrador de la Ley de Vivienda, según los socios del Gobierno, impulsará la incorporación de nuevas propiedades a esta porción del total de inmuebles alquilados a nivel nacional, como nunca antes. ¿Será finalmente así? En este artículo de Oi Real Estate veremos en qué grado podrán ayudar las próximas regulaciones contempladas en la Ley de Vivienda y el parque público, el sector más débil de la población.

¿De qué hablamos si hablamos del “sector débil”?

Entre los considerados “mileuristas” (cuyos ingresos mensuales están cercanos a los mil euros) y el parate generado por la pandemia, el llamado “sector débil” de la población española se ha visto incrementado sustancialmente. El sueño de la casa propia se resquebrajó durante la pandemia COVID 19. Esto es un hecho. La mayoría de los debilitados económicamente, desde la lógica, vivían ya en 2019 en propiedades de alquiler.

El estancamiento económico generado por la pandemia y los efectos producidos por las medidas sanitarias, terminaron por hacer que el sector inmobiliario enfocado al alquiler implosionara; lento, pero a puntos alarmantes. Así, a quienes habitaban en viviendas arrendadas y se vieron complicados de mantener esa posición, se les sumaron quienes directamente quedaron excluidos del sistema. Un golpe de KO al sector.

Como a la salida de toda crisis, o al apagar las llamas de un incendio devastador, puedes alegrarte de haberla pasado ileso. Sin embargo, cuando el humo se disipa, quedan a la vista los restos del desastre. Afloran las consecuencias y se deben tomar decisiones urgentes. En este sentido, los socios del Gobierno central previeron este paquete de medidas que, según ellos, logrará mitigar las ruinas de la pandemia y prevenir el colapso del sistema de vivienda alquilada.

Malas nuevas y malas viejas

Los principales opositores al proyecto de la futura Ley de Vivienda, acordada a principios de octubre entre PSOE y Unidas Podemos, levantan su voz hasta hacerse oir con claridad. Entre sus muchas regulaciones, las destinadas a impulsar el parque público de viviendas en el mercado de alquiler son especialmente criticadas por sectores del socialismo y las principales organizaciones de colectivos de inquilinos organizados; aunque también desde el mundo inmobiliario se oye un murmullo de descontento. Se presume que este tipo de medidas no lograrán un resultado positivo, porque ya se ha intentado y nunca ha conseguido un remonte sustancial ni cercano al esperado.

Ya en el año 2009, y levantando el escudo para defenderse de la pinchadura de la burbuja inmobiliaria estadounidense que tocó niveles mundiales, la Comunidad Autónoma de Madrid había puesto en marcha un plan innovador para fomentar el alquiler de viviendas. Su objetivo fue que los propietarios bajaran los costes de las cuotas mensuales, y a la vez que aquellos que no habían alquilado nunca una propiedad vacía se decidieran a hacerlo. Así, se proyectó construir 45.000 viviendas dependientes del Gobierno madrileño, dándose por hecho que la renta sería de un 30% menos que el promedio del arrendamiento local.

Más info

Se anunciaron nuevos puestos de trabajo y distintos beneficios para quienes se apegaran a esta propuesta. No obstante, pasada una década (y aún sin haber transitado la pandemia COVID 19), las cifras del parque público de viviendas permanecieron muy por debajo de los parámetros regionales. En 2022, con una sobre demanda de alquileres asequibles y a pesar de una eventual reactivación en la economía, la situación del acceso a la vivienda de alquiler público podría tocar ribetes impensados. Pareciera que no hay regulación posible que logre detener estas predicciones, o que las medidas elegidas y proyectadas no son las correctas.

La Ley de Vivienda y el parque público regional

Como dijimos, la comparativa entre los números manejados en la región y España respecto al parque público y sobre el total de las viviendas alquiladas en todo el país, la posiciona en los lugares más rezagados de la lista.

Ante todo, cabe señalar que los países adoptan distintos niveles de enfoque y conceptúan a su manera las denominadas “viviendas sociales”. Así, lo que en España es una vivienda asequible, puede no serlo puntualmente en Reino Unido, etc. Sin embargo, se denota cierto interés en el resto de las naciones por cubrir dicho parque y las necesidades de los que menos tienen, contra el accionar algo descafeinado de nuestras autoridades.

Como sea, según el Observatorio Europeo de la Vivienda Social del CECODHAS, las viviendas sociales pueden ser clasificadas de dos formas:

Vivienda Social Focalizada

Esto es, centrada en grupos sociales especialmente diferenciados. La Vivienda Social Focalizada puede subdividirse en dos partes:

  • Residual. Con importante presencia del alquiler privado. Esto aplica en Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Portugal, España y otros países de Europa del Este.
  • Generalistas. Con un mínimo aporte del sector privado. Esta modalidad es la implementada por naciones como Alemania, Italia, Austria, Grecia y otros países de la región.

Vivienda Social Universalista

Es la Vivienda Social tal como se la clasifica en países como Dinamarca, Países Bajos o Suecia; aquí la principal meta es lograr proveer a la totalidad de la población con una vivienda de alta calidad. El precio debe ser razonable y asequible, sin excepciones. Debemos señalar que las tasas de adjudicación a estas viviendas son elevadas; y que por supuesto, los costes de los impuestos son de los más elevados de la región.

Porcentajes reales

Teniendo en cuenta estos parámetros, veamos qué porcentajes de viviendas sociales ocupan el total de las viviendas ofrecidas en alquiler. Según los socios del Gobierno, la Ley de Vivienda y el parque público estarán íntimamente relacionados. Se buscará acercarse lo más posible a los niveles existentes en Francia, Dinamarca o Reino Unido. Pero la realidad, es que estos países disponen de un parque de viviendas sociales que ronda el 15% de la totalidad de las propiedades arrendadas; España, por su parte, contempla apenas el 1.6% en una comparativa fiel. ¿Crees que la nueva Ley de Vivienda podrá alcanzar la meta que propone el Gobierno central?

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