Ya desde la incorporación de la Ley de Vivienda, se ha marcado una intención del gobierno de cambiar algunas visiones. Para ello, se ha incorporado a Isabel Rodríguez como ministra de Vivienda y Agencia Urbana. Mediante este cambio, se busca establecer una nueva visión respecto al derecho a la vivienda y la búsqueda de aceptar el reto para el Estado de Bienestar.
Según ha explicado la nueva ministra, considera que es importante poder asumir el reto para consolidar el derecho a la vivienda como el quinto pilar del Estado de Bienestar. Agregó, además, que lo considera una prioridad.
En este post te contamos todo lo que tienes que saber respecto al nombramiento de Isabel Rodríguez y cuáles son los planes para los próximos meses sobre el derecho a la vivienda y el nuevo reto para el Estado de Bienestar. ¿Nos acompañas?
En este artículo encontrarás:
Vivienda vuelve a tener un departamento para lograr que sea un derecho en el nuevo reto del Estado de Bienestar
Tenemos que tener presente que hace bastante que el gobierno habla de la necesitad de un nuevo paradigma respecto a las viviendas. Se intenta cambiar de una posición donde los inmuebles solo son un bien para invertir o comerciar a una visión en la que el inmueble sea visto como un derecho para la comunidad. Esta situación es un nuevo reto que el Estado de Bienestar debe lograr sortear.
En los últimos días, el jefe del Ejecutivo ha tomado algunas decisiones. Una de ellas, tiene que ver con la Incorporación de Isabel Rodríguez como ministra de la nueva cartera Vivienda y Agenda Urbana. De esta manera, ella, se deberá hacer cargo del Ministerio de Vivienda, que nuevamente se establecerá como un departamento aparte, y no como parte de otro ministerio.
Distintos retos para lograr que el estado de Bienestar supere el reto del derecho de una vivienda
Debemos tener presente que no tendrá una tarea fácil. Uno de los más grandes retos que deberá afrontar tiene que ver con el desarrollo de la macrooperación para lograr incorporar al mercado un total de 183.000 inmuebles al alquiler asequible. Cabe aclarar que incluye las viviendas de Sareb, casas que se encuentren emplazadas en el suelo perteneciente al Ministerio de Defensa y nuevas promociones.
Otro punto que será necesario desarrollar, tiene que ver con la Ley de vivienda. Tengamos presente que hace poco tiempo esta nueva reglamentación se ha puesto en vigencia. Existen algunos problemas que hasta el día de hoy no se han logrado acomodar. Sobre este tema, uno de los primeros puntos que tendrá que resolver se trata del índice de referencia. Es que mediante el será posible establecer las zonas tensionadas con el fin de regular los montos de los alquileres.
Pero esto no será todo. Dentro de los proyectos que deberá afrontar, tiene en carpeta también el incremento del Bono Alquiler. En este momento este beneficio, de 250 euros para los jóvenes que no han cumplido aún los 35 años, debe revisarse. También correrá la misma suerte la regulación sobre los alojamientos turísticos en las zonas consideradas tensionadas.
Por último, debemos mencionar también la habilitación de un programa nacional por medio del cuál se brinden ayudas y subvencione. Estas serán dirigidas para poder mejorar la accesibilidad, habitabilidad y eficiencia energética. Tengamos presente que el objetivo planteado es el de lograr efectuar las 500.000 viviendas rehabilitadas.
El derecho a la vivienda y el reto de recuperar el Ministerio de vivienda para el Estado de Bienestar
La cartera que ahora dirigirá Isabel Rodríguez había dejado de existir en el 2010. Es que la vivienda, no era pensada como una prioridad ni un derecho. Hoy en día el gobierno se ha puesto en los hombros la intención de asumir un reto para el Estado de Bienestar. Existen aún muchas críticas ante las medidas que se plantean y los problemas que debería enfrentarse. Por un lado, debido a la falta de vivienda social o asequible. Para ellas, consideran que es necesario realizar actuaciones estructurales y que es necesario que el Gobierno asuma la responsabilidad que les corresponde sin intervenciones ni parches.
Estas opiniones brindadas por parte de Goenaga, quien forma parte del Círculo Legal de Barcelona, no han sido las últimas. Para la letrada, una medida de ayuda como la ampliación del bono de alquiler joven o el establecimiento del índice de precios, son pequeños pasos hacia delante. Es que considera que los jóvenes, necesitan de un parque de vivienda pública que posibiliten su emancipación.
En este contexto, el Gobierno se ha puesto como objetivo poder habilitar un total de 183.000 viviendas públicas que puedan utilizarse para alquiler asequible. Pese a ello, lo cierto es que no será una tarea fácil ni rápida. Explican desde el Círculo Legal que será muy difícil poder actualizar muchos de los inmuebles, o incluso poder solicitar el desbloqueo de los suelos para el desarrollo residencial. Esto, podría demorar décadas.
Una política ineficiente para un problema estructural
Si bien desde el Gobierno se habla de un cambio de paradigma, muchos participantes del sector inmobiliario, consideran que este cambio en realidad no esta siendo efectivo. Antonio Carroza, de Alquiler Seguro, por ejemplo, hace referencia a que se ha decidido crear una Ley de Viviendas, que invade las competencias en materia de inmuebles que eran potestad de las Comunidades Autónomas. Esta situación ha propiciado que varias de ellas, presentaran un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional.
La nueva normativa, ha dejado a las Comunidades sin margen de maniobra ni posibilidad de tomar decisiones desde el momento en que se ha puesto en vigencia. Cabe destacar que antes, las regulaciones sobre arrendamiento y viviendas de protección oficial, no podían ser establecidas por el gobierno nacional.
Carrozza agrega que es importante que la nueva ministra pueda tener presente que en este momento existe un problema grave en el mercado de alquiler. Por otro lado, esta nueva regulación que se esperaba que pudiera ayudar a los inquilinos, son a los que más perjudica. Es que cada vez es más difícil encontrar una propiedad para alquilar. Esto se debe a que cada vez existe menos oferta, los precios aumentan junto con la incertidumbre y la inseguridad jurídica.
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