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Desde el partido Sumar piden una Proposición No de Ley (PNL). La finalidad es la de modificar la potestad de la Ley de Vivienda. Es que hoy en día, las Comunidades Autónomas están inhabilitadas para no declarar municipios dentro de la categoría de zonas tensionadas. Por ello, solicitan que tanto el Estado como los Ayuntamientos, tengan la posibilidad de hacerlo.

Esta situación se da en un contexto en el que por ejemplo la Comunidad de Madrid, ha expresado que no incorporará ninguno de sus municipios dentro de esa categoría. Pese a ello, varias de sus localidades no están de acuerdo e incluso han presentado solicitudes para que la decisión de la Comuna cambie.

Debemos tener presente que las normativas especifican que la potestad sobre la vivienda la tienen las propias Comunidades Autónomas. Son ellas las que pueden definir sobre estos temas.

Al parecer se viene una nueva disputa en el caso de que se decida aceptar la proposición de Sumar. En este post te contaremos todo lo que tienes que saber sobre la actualidad de la Ley de Vivienda y la posibilidad de que no sean únicamente las Comunidades quienes tomen decisiones sobre esto. ¿Nos acompañas?

Piden cambios en la potestad de la Ley de Vivienda

El partido Sumar, presentará esta semana una Proposición No de Ley (PNL). Mediante ella, busca que tanto el Estado como los Ayuntamientos tengan la potestad de decidir sobre determinados aspectos de la Ley de Vivienda. De esta forma sería posible que los municipios que quieran declarar las zonas tensionadas puedan hacerlo, sin depender de la Comuna. Cabe aclarar que esto solo será posible en caso de que se cumplan todos los requisitos que se establecen en la normativa.

Esto se daría en un momento en el que por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha decidido que no solicitará la incorporación de ninguna localidad dentro de la categoría de zona tensionada. Esto se debe a que considera que no corresponde intervenir el mercado de esa forma. A pesar de ello, existen municipios que quieren ser incorporados ya que consideran que la normativa les daría herramientas para solucionar el problema de los incrementos en los precios de las rentas.

Un punto que tenemos que tener claro es que poder declarar una zona tensionada, es lo que le da la posibilidad de intervenir, estableciendo un máximo y un mínimo para los valores de los alquileres. De esto solo tienen la potestad en la Ley de Vivienda las Comunidades Autónomas. Por ello es que Sumar quiere ampliar esta posibilidad tanto para los Ayuntamientos como para el propio Estado. Así cuando éstos decidan solicitarlo y la Comuna no se haya pronunciado en un plazo máximo de seis meses, podrían ser incorporados. 

Qué plantea la proposición de ley de Sumar para cambiar la potestad en la Ley de Vivienda

Sumar plantea la posibilidad de ampliar la potestad de la Ley de Vivienda al Estado y los municipios. La diputada Tesh Sidi del partido, ha explicado algunos detalles de la presentación que realizarán. Es que ella será la encargada de realizar el registro de esta nueva iniciativa parlamentaria.

Según ha expresado, se plantearía la posibilidad de que una vez que haya transcurrido un plazo de seis meses sin que haya una resolución autonómica expresa, tanto el Estado como el ente local que lo solicitara, tendrá la posibilidad de establecer en nombre de la Comuna, la incorporación de esa localidad dentro de la categoría de zona tensionada. 

Diferentes posturas ante las zonas tensionadas y quitar beneficios a los ciudadanos

Está bastante claro que la Ley de Vivienda ha generado mucha controversia, por ejemplo respecto de las potestades otorgadas a las Comunidades Autónomas. Incluso debemos recordar que muchas de ellas han presentado recursos de inconstitucionalidad. Esto tiene que ver con a la forma en que el Gobierno Central avasallaría las capacidades de las Comunas para tomar decisiones en materia de vivienda.

Al publicarse hace un tiempo el índice de referencia de precios de alquiler, han surgido algunos reclamos y disputas. Esto tiene que ver por ejemplo con que Madrid, por ejemplo, tiene casi el 90 por ciento de sus municipios con posibilidad de ser incorporados dentro de la categoría de zonas tensionadas. Pese a ello, la Comuna ha decidido que no realizará el trámite ya que sería una forma de intervenir al mercado.

Del otro lado de la vereda se encuentran, por ejemplo, los que consideran que al poder ser incorporadas las localidades como áreas tensionadas, los habitantes de esa Comunidad podrían abonar hasta un 32 por ciento menos de renta al mes.

Desde el partido Sumar, denuncian que sin este cambio, las autonomías podrían no aplicar la regulación haciendo que los ciudadanos de las localidades sean perjudicados.

Otra situación se da en la Comunidad de Cataluña. Esta ha sido la primera que ha realizado los trámites pertinentes para que 140 de sus municipios sean considerados dentro de la categoría de áreas tensionadas. Así que estas localidades podrán ser sometidos al índice de precios.

Pero no ha sido la única que ha planteado la posibilidad de aplicar estas restricciones a los precios de las rentas. Euskadi, Navarra y Asturias, también serían de la partida.

Cataluña presentaría un recurso debido al índice de precios

Si bien la Comunidad de Cataluña ha realizado los trámites pertinentes para solicitar que 140 de sus municipios sean incorporados como zonas tensionadas, aún hay un problema. Al conocerse el índice de precios que regiría en estas comunidades, no se han tenido en cuenta los datos recabados por la Comuna. Esto significa que no han podido participar de su confección, cuando la normativa sí lo permitía.

Por esta razón, busca impugnarlo para que trabajando en conjunto puedan tenerse en cuenta aspectos específicos que tienen que ver con cada una de estas localidades, con el fin de realizar un índice real que pueda ser útil para solucionar el problema de los incrementos de los precios en la renta. Deberemos esperar para saber cuál será la respuesta ante la solicitud presentada.

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La incorporación de las zonas tensionadas en España sigue trayendo algunos inconvenientes y discusiones. Algunas de las Comunidades Autónomas consideran que mediante este sistema solo se esta interviniendo el mercado, que debería ser libre. Otras comunas lo entienden como la solución que les permitirá resolver en parte el problema de la vivienda en sus localidades.

Un  punto importante que tenemos que tener muy presente es que para ser consideradas zonas tensionadas será necesario contar con dos requisitos. Uno de ellos es que la tasa de esfuerzo que se deba hacer para el pago de la vivienda, sea mayor al 30 por ciento de los ingresos. El segundo que el valor de la vivienda haya registrado subidas tres puntos por encima del IPC en los últimos 5 años.

En este post, te contaremos sobre algunos municipios que quieren entrar en la categoría de zonas tensionadas en España pero no cumplen los requisitos necesarios pese a haber realizado ya los trámites para ello. ¿Nos acompañas?

Requisitos y dudas respecto a las zonas tensionadas en España

La incorporación de la Ley de vivienda ha traído muchas discusiones y problemas entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central. Esto se debe a que hay un avasallamiento sobre la competencia que las Comunas han tenido por Constitución sobre la materia de la vivienda.

Pese a ello varias Localidades han presentado la documentación y realizado el trámite para poder ser encasillada dentro de la zonas tensionadas de España. Ahora el problema parecería ser que algunas de ellas no han revisado correctamente los números y un total de 18 municipios catalanes podrían quedar afuera de esta categoría por no cumplir los requisitos que la ley establece.

Es que Barcelona junto con otros 17 municipios de Cataluña han solicitado ser incorporados, dentro los 140 totales que ha presentado la Generalitat. El problema es que ellas no cumplen los dos requisitos si utilizamos para ello los datos oficiales que publica el Ministerio de vivienda. Por este motivo, debería ser desestimado y no podrían en ellos establecer las medidas de control de precio que la ley estipula.

Dejemos primero en claro cuáles son los requisitos:

  • La tasa de esfuerzo para poder pagar la vivienda mes a mes, incluyendo los gastos referidos a los servicios, debe ser  mayor al 30 por ciento de los ingresos
  • Que el valor de la vivienda se haya incrementado por encima del IPC en tres puntos durante los últimos cinco años.

 

Barcelona: una zona tensionada o no

Si bien Barcelona intenta ser enmarcada dentro de las zonas tensionadas de España, en algún punto podría quedar afuera, debido a no cumplir los requisitos necesarios. Es que si utilizamos los valores de alquileres que informa el Ministerio, los datos del Instituto Nacional de Estadística y la estimación del consumo energético de la CNM, no logra llegar esta localidad al 30 por ciento de tasa de esfuerzo. Según estos datos, alanzaría el 27 por ciento, 3 puntos por debajo del porcentaje necesario.

Pero veamos ahora que sucede con la variación en el precio. En 2018 el Ministerio establece un valor promedio de 725 euros, para el 2022 el incremento alcanzó los 830 euros. Esto significa una subida del 14,5 por ciento. El IPC en Cataluña ha sido del 11,97 por ciento por lo que no alcanzaría establecerse como zona tensionada.

Desde la Generalitat, puede llegar a utilizar la variación por metro cuadrado. Esto se debe a que con esos valores si se alcanza el límite necesario, dando una cifra del 15,7 por ciento. El problema es que con la tasa de esfuerzo no se podría de igual manera incorporarla dentro de esta dura medida.

Si tomáramos los valores del mercado real, con las ofertas que realmente se hacen por las viviendas, la situación sería distinta. Es que la ciudad de Barcelona sí supera los valores estipulados por la Ley de Vivienda.

Para alquilar una vivienda, tomando en cuenta también los gastos necesarios para cubrir los suministros en Barcelona en finales del año pasado, alcanzaba un 47,5 por ciento. Por otro lado los valores se han incrementado en un 28,6 por ciento en los últimos 5 años. En ese momento en el que el IPC en Cataluña era del 15,74 por ciento. Si le sumamos los 3 puntos que se fijan en la normativa sería del 18,74 por ciento.

Otras localidades que quieren ser zonas tensionadas en España pero podrían no cerrar los números

Barcelona no es el único sitio en el que los números de las estadísticas oficiales no permitirían establecerlas dentro de las zonas tensionadas de España. El problema es que cuando vamos a los valores reales la situación cambia.

Esto sucede en las siguientes localidades:

  • Figueres,
  • Valls,
  • Lloret de Mar,
  • Tortosa,
  • Ripoll,
  • Cambrils,
  • Guissona,
  • Balaguer,
  • Tortosa,
  • Torrelles de Llobregat,
  • Falset,
  • Roquetes,
  • Tremp,
  • Sort,
  • Palafolls,
  • Montgat,
  • Parets del Vallès,
  • Esparraguera.

En estos municipios, el valor del metro cuadrado ha quedado justo en el límite para poder incorporarlo como zonas tensionadas de España. Cabe clarar que si, como sucede con Barcelona, tomáramos el precio del metro cuadrado, solo quedarían en esta situación seis de ellos: Guissona, Roquetes, Vallirana, Figueres, Alella y Balaguer.

Lloret de Mar, por otro lado, cumple los requisitos de la normativa. Allí la tasa de esfuerzo alcanza el 42,6 por ciento. Además el incremento de precios ha sido del 7,2 por ciento, o sea más de lo que la Ley de vivienda permite.

Respecto al resto de las capitales catalanas que buscan sean ingresadas como zonas tensionadas de España, la tasa de esfuerzo no es superior al 30 por ciento. Por ejemplo:

  • En Lleida es del 19,4 por ciento
  • Tarragona; 20,3 por ciento
  • Girona 21,5 por ciento

Con respecto a la variación de los valores solicitados por las viviendas, las tres cumplen el requisito que estipula la normativa.

Será necesario esperar a ver que sucederá en estas localidades donde los valores oficiales y la realidad parece no ser igual.

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Las discusiones sobre la ley de vivienda, no han terminado. Luego de que varias Comunidades Autónomas hayan presentado la recusación al Tribunal Constitucional por la interferencia de competencias de la normativa, ahora el sector inmobiliario, ha decidido recusar la declaración de las zonas tensionadas en Cataluña.

Recordemos el día primero de septiembre, se ha votado y aprobado la recusación de la ley por parte de esa Comunidad. Pero más allá, de esto, la Conselleria de Territorio de la Generalitat de Cataluña, ha iniciado los trámites para la declaración de las zonas tensionadas en un total de 140 municipios.

Las asociaciones y entidades que forman parte del sector inmobiliario han recurrido la normativa.

Hasta el momento, Madrid, Andalucía, Baleares, el País Vasco, Cataluña y Canarias, serían las Comunidades Autónomas que han iniciado los trámites ante el Tribunal Constitucional para realizar la recusación.

En este post te contaremos todo lo referido a este tema, y los motivos de las recusaciones que han sido efectuadas. ¿Nos acompañas?

La declaración de zonas tensionadas en Cataluña

Como explicábamos anteriormente, el 1 de septiembre, se efectuó la votación con el fin de iniciar la recusación a la ley de viviendas. Si bien se ha decidido solicitar esta medida, la Comunidad ha tomado la determinación además iniciar los trámites necesarios para poder declarar las zonas tensionadas. El 6 de junio, el Govern, anunció que habían comenzado la actuación preparatoria para ello.

Un total de 140 municipios de la región, serán declarados dentro de las zonas tensionadas. De esta forma, se podrá establecer un tope al precio de los alquileres alli. La mayor parte de ellos, se encuentran emplazados dentro del Área Metropolitana de Barcelona. Explican desde la Conselleria, que existe en esas localidades un riesgo de que la oferta de vivienda asequible sea insuficiente. Esto sucede debido a que la cantidad de población allí es de 6,2 millones de habitantes. Casi un 80 por ciento de la población total de la Comunidad.

Es importante aclarar que el trámite que se esta realizado, es necesario efectuarlo antes de establecer las zonas tensionadas en una comunidad. Siempre y cuando se encuentren en ámbitos territoriales en los cuales se puede demostrar un riesgo por el desequilibro entre la oferta y la demanda, que no permita el abastecimiento de la vivienda asequible.

Patrícia Plaja, la portavoz del Govern, ha explicado que la Comunidad Autónoma de Catalunya quiere aplicar lo más rápido posible la nueva ley de la vivienda. Además, agregan que se ha demorado demasiado tiempo en la discusión de la ley. Esto ha perjudicado a las familias trabajadoras, y a toda la población en general. Por ello, consideran que tienen que actuar con la mayor celeridad posible para establecer esta limitación del precio en los alquileres. 

Recusan desde distintas entidades y asociaciones la declaración de zonas tensionadas

El Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Catalunya, el Consejo de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, el consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Catalunya y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya han presentado un recurso de alzada. El mismo, se ha efectuado ante la consejera del Departamento de Territorio de la Generalidad de Catalunya, debido a la declaración de zonas tensionadas efectuada por la Secretaría de Vivienda. Tengamos en cuenta que este es el paso previo al establecimiento de las limitaciones que la ley de vivienda establece en los precios de los alquileres.

Pero primero que nada debemos explicar, antes de adentrarnos en los motivos de dicha presentación, qué es un recurso de alzada. El trámite, es presentado por medio de las entidades, y por vía administrativa. Es un paso previo a una interposición del recurso que puede presentarse luego dentro del proceso contencioso administrativo.

Según se ha expresado en el comunicado, consideran que existe un incumplimiento del proceso que se encuentra estipulado en la ley de vivienda para llevar adelante este proceso. La normativa solicita una memoria, que justifique la incorporación de cada uno de estos municipios para establecerse como una zona tensionada.

Pero esto no es todo. Agregan que no hay por parte de la Comunidad un plan específico donde se establezcan cuales son las medidas necesarias para poder corregir el desequilibro existente entre la oferta y demanda. Con ello, se refieren a distintos proyectos que serían necesarios para dar una respuesta real a las necesidades de vivienda de la población de estas localidades.

El control de alquileres y la ley de la vivienda

Una de las medidas que más ha generado controversia, de la Ley de vivienda, tiene que ver con el control de los precios de alquileres. Los Ayuntamientos y las Comunidades deben generar un estudio para justificar la incorporación y justificación de zonas tensionadas. El informe confeccionado debe ser presentado al Gobierno Central.

¿Cuáles son las características que debe contener una zona para ser considerada tensionada?

El primer punto que se establece en la ley tiene que ver con la carga media del coste de hipoteca o alquiler. Éste parámetro será teniendo en cuenta el presupuesto personal que una familia debe gastar, sumando los gastos  y suministros básicos. La ley de la vivienda, establece que si es mayor al 30 por ciento de los ingresos medios o de la renta media de las familias, puede ser considerado como tensionada.

Un segundo punto, es el referido al precio de compra o alquiler. Si este parámetro ha experimentado, dentro de los últimos cinco años  un aumento de al menos un 3 por ciento, superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo de la Comunidad en la cuál se encuentra emplazada.

En el caso de que la localidad, cuente con alguna de estas características es suficiente para poder catalogarla como una zona tensionada.

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Luego de la puesta en vigencia, todavía las discusiones no han llegado a su fin. Es que ahora, se busca realizar una nueva recusación a la ley de vivienda, impulsada desde distintos sectores políticos.

No debemos olvidar también que varias comunidades autónomas han decidido recusar la normativa por interferir en sus competencias en materia de vivienda.

En este post te contaremos cuáles son las propuestas que plantea el ERC respecto a la ley de vivienda y las modificaciones que quiere incorporar. ¿Nos acompañas?

Recusación a la ley de vivienda por las zonas tensionadas

La Esquerra Republicana de Catalunya, ha tomado una decisión por lo menos controvertida. Es que luego de votar a favor a la ley de vivienda, ahora, decidió presentar un recurso de inconstitucionalidad en su contra, con el fin de defender el autogobierno de ese territorio.

El bloque de izquierda, luego de enterarse de la medida que planea efectuar el ERC, se ha mostrado muy descontenta. Es que los grupos nacionalistas, entre ellos el EH Bildu, habían terminado, según decían con los problemas que planteaban las comunidades autónomas respecto a la invasión de las competencias. Ahora, al tomar esta medida, desde la Esquerra, plantea este punto como el motivo de recurso.

Por otro lado, tenemos que tener presente que Sumar, espera que el Estado, pueda tener un peso más importante en materia de la vivienda, que las distintas autonomías. Esto es especialmente para aquellas que quieran recusar o se nieguen a utilizar esta normativa para controlar los precios de los alquileres.

Yolanda Díaz, al ser consultada por toda esta situación, explica que considera que hoy en día, la prioridad debe ser la vivienda de cara a las negociaciones que se realizan con el  PSOE para poder efectuar una reedición del gobierno de coalición. Entienden que justamente este no es un buen momento para tomar este tipo de posturas, principalmente ahora, donde es necesario, en las grandes ciudades, no poner trabas en la regulación de los precios de los alquileres. 

Cambios a la ley de vivienda para regular el mercado

El ERC, considera que la medida que están llevando adelante no tiene que ver con un ataque al autogobierno. Ellos explican que es una prioridad que se pueda poner en funcionamiento los instrumentos que frenen las subidas de los precios de los alquileres en las zonas tensionadas.

Desde otros sectores, entienden que la acción del ERC, podría tener como consecuencia, la impugnación de dos apartados específicos del artículo 18 comprendidos en la ley de vivienda. Este particularmente es el que se encarga de regular y permitir la declaración de las zonas de mercado residencial tensionado. Además faculta a aquellas administraciones competentes a generar este control de precios.

Pese a ello, los independentistas, explican que dentro del dictamen que emitió el Consejo de Garantías estatutarias de Cataluña se establece que estos puntos, vulneran la competencia de la Generalitat respecto a las cuestiones de vivienda que se incorporan dentro del artículo 137 de su Estatuto.

Las distintas posturas partidarias

Los diputados alineados en el EH Bildu, en una rueda de prensa realizada a comienzos de la semana, han intentado restar importancia a esta situación. Mertxe Aizpurua, la portavoz, explicó que ambos partidos, tanto el Bildu como el ERC, han realizado aportes con el fin de incorporar cambios a la ley de vivienda. Por medio de los cuáles no puedan considerar la normativa como un un invasor de  las competencias de las comunidades. Recordemos que antes de que la ley entrara en vigencia, se han realizado las modificaciones solicitadas por estos partidos, para que no sean recurridas por las distintas localidades con este fundamento.

También han declarado, que el ERC, no tiene como finalidad realizar la recusación a aspectos troncales de la normativa, como la declaración de zonas tensionadas, regulación de precios, desahucios o limitación en los aumentos de precios.

Pese a lo declarado por el EH Bildu, según se ha podido conocer, una de las críticas, es específicamente sobre las zonas tensionadas. Esto se debe a que lo consideran uno de los aspectos que vulnera el autogobierno de la comunidad. 

Los vascos, por su parte, se han alineado con el ERC. Ellos incluso han cuestionado la postura del Partido Nacionalista Vasco. Es que han decidido recusar a la ley de vivienda, desde el Gobierno de Euskadi.

Incluso, el Presidente de la comunidad autónoma del País Vasco, ha utilizado una publicación en las redes sociales para dar su opinión, luego de declarar que el EH Bildu apoyaría a la ley de vivienda, sin tomar en cuenta lo impredecible de las consecuencias que esto puede generar para el autogobierno vasco.

Por último, el Bloque Nacionalista Galego, se abstuvo de la votación a la ley de vivienda. Según han explicado esto se debe principalmente a que consideraba que podría generar avances aunque invadiría las competencias.

La votación del recurso a la ley de la vivienda

Según se ha informado, la presentación se deberá votar en el Parlament el día 1 de septiembre. Si llegara a obtener los votos necesarios, Cataluña se convertiría en la quinta comunidad autónoma en solicitar la inconstitucionalidad respecto a la ley de vivienda. Es importante aclarar que hasta ahora, ninguna de las solicitudes ha sido admitida.

Las comunidades que se encuentran tramitando esta recusación hasta el momento han sido:

  • Baleares
  • Madrid
  • Andalucía
  • El País Vasco.

Estos territorios hoy en día se encuentran gobernados bajo el Partido Popular. Los respectivos gobiernos han expresado que consideran que la ley de la vivienda, invade competencias específicas de las comunidades autónomas, y le quitan la posibilidad de generar políticas que consideren necesarias.

Marta Vidal, quien es la consejera de Vivienda, Territorio y Movilidad explicó que esta interferencia se establece en un total de nueve artículos y cuatro disposiciones de la normativa, vulnerando el Estatuto de Autonomía.

Deberemos esperar ahora a ver que sucederá en la votación, por un lado. Además de aguardar  la respuesta a cada una de las solicitudes presentadas por las distintas comunidades.

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Después de unos meses de retraso, en pocas semanas se podrá conocer el contenido de la nueva ley de vivienda. La normativa buscará hacer frente a la crisis habitacional profundizada por el covid-19, a través de la aplicación de diferentes medidas.

El Gobierno continúa analizando los puntos centrales de la legislación haciendo principal hincapié en comprimir en los obstáculos para acceder a una casa y puntualizando en el crecimiento de viviendas en régimen de alquiler asequibles. Además, el Gobierno buscar, mediante la aplicación de la ley, evitar el encarecimiento de los arrendamientos en zonas tensionadas de España.

En esta nota te contamos todo acerca de la nueva ley de vivienda: sus principales regulaciones y qué pasará con los impuestos a tributar por las viviendas que se encuentren vacías.

La Nueva Ley de Vivienda y la regulación de precios de los alquileres

Con la llegada del Cvid-19 y el ingreso de los países a una crisis mundial, tanto económica como social, los gobiernos de todo el mundo debieron asumir una serie de medidas en diversos aspectos. En el caso español, desde hace varios meses se está debatiendo, entre PSOE y Unidas Podemos, la futura nueva ley de viviendas.

La normativa en elaboración busca fijar un control sobre los precios de los alquileres través de una serie de medidas que beneficien tanto a los inquilinos como a los propietarios. Y a su vez busca aumentar la oferta de viviendas en régimen de alquiler asequible mediante la sanción a quienes dispongan de viviendas vacías.

Principales puntos de la futura ley:

  1. La limitación a un máximo del 10% en la suba del precio de los alquileres en zonas declaradas tensionadas. Esta medida sería aplicada en el momento de la firma de un nuevo contrato de arrendamiento.
  2. Otorgarle al inquilino la posibilidad de prorrogar, de manera extraordinaria, por tres años más al finalizar el acuerdo.
  3. Considera la generación de estímulos fiscales hacia propietarios para aumentar la oferta de viviendas en alquiler mediante una bonificación del IRPF según determinados criterios que establece la ley.
  4.  Buscar la prohibición en la privatización de la vivienda pública que se encuentre destinada al alquiler asequible.

Al mimo tiempo, cada uno de estos puntos, se encuentran determinados por diversos criterios correspondiente a cada situación. Por lo tanto, te recomendamos leer las siguientes notas para mayor información de cada uno de ellos.

Viviendas vacías y el IBI en la Nueva Ley de Vivienda

Además de los puntos mencionados, otro de los acuerdos que se visualizarán en la nueva ley contempla la actuación impositiva sobre viviendas sin habitar. Se trata de una regulación que implicaría una recargo del 50% de IBI a propietarios que dispongan de viviendas vacías.

Integrantes del Consejo General de los COAPI España afirman que esta medida ya se encuentra establecida en la Ley Reguladora de Haciendas Locales, sancionada en 2004. Este legislación ya contempla este tipo de recargo, sin embargo no es llevada a la práctica. Esto se debe a que no existe una definición determinada acerca de lo que es una vivienda vacía.

Respecto a la cantidad de viviendas vacías en España, el INE no publica estadísticas desde hace aproximadamente diez años. Sin embargo, estimaciones señalan que en territorio español cerca de un 10% de las viviendas se encontrarían deshabitadas. Algunos especialistas afirman que en ese porcentaje se incluyen viviendas que necesitan remodelación.

Lo que la nueva norma buscará establecer es una definición concreta para considerar si una vivienda se encuentra vacía o no. Así, el documento legislativo se referirá a inmuebles vacía de manera parmente, dejando en manos de los ayuntamientos cobrear el recargo o no.   

Por otro lado, e recargo será dirigido a aquellos propietarios que dispongan de más de cuatro viviendas. Con esto, se evitaría sancionar a los pequeños tenedores.

¿La ley movilizará el mercado inmobiliario o penalizará a propietarios?

Uno de los planteos en torno la medida de recargar a un 50% el IBI sobre viviendas vacías es su carácter dinamizador o penalizador.

¿Dinamizadora?

Por un lado, para un sector la ley busca que los propietarios vendan o pongan en alquiler la vivienda deshabitada. De esta manera, serán consideradas las viviendas vacías aquellas que se encuentren sin habitar durante más de dos años. Por lo tanto, desde esta perspectiva, la ley dinamizará y movilizará al mercado inmobiliario por un lado. Y por el otro, permitirá el aumento en la oferta de viviendas.

Sin embargo, desde el CGCOAPI consideran que la nueva ley de vivienda profundizar la penalización a propietarios, debido a que ya existen normativas que gravan sobre los inmuebles vacíos. Como por ejemplo el IRPF o el IBI.

¿Penalizadora?

Asimismo, expertos afirman que se podría caer en la equivocación de gravar sobre viviendas de propietarios que están esperando una buena oportunidad de venta. O por factores particulares “que no necesariamente debieran ser considerados a priori especulativos”, exponen miembros del Consejo.

Por otra parte, una de las consideraciones de especialistas es que la medida debe ser acompañada de otras más intensas para ser eficaz. En este sentido, se refieren a la necesidad de vincularla con medidas que busquen ampliar el parque público de viviendas y aumentar la oferta de viviendas bajo régimen de alquiler asequibles. De esta manera, brindar una salida real a la problemática habitacional dela acceso a la vivienda diga.

En esta línea, afirman que ley busca regularizar un paquete de vivienda que se desconoce fehacientemente su porcentaje. Por lo tanto, muy probablemente no sea tan considerable como se presupone”.

Hasta aquí todo lo relacionados a los puntos centrales de la Nueva Ley de vivienda. Si estas pensando en arrendar tu inmueble, desde Oi Real Estate podemos asesorarte de la mejor manera. No dudes en ponerte en contacto con nosotros.

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Frente a las diversas medidas para afrontar la emergencia habitacional debido a la crisis provocada por el Covid-19, el Gobiernos continúa analizando los puntos centrales de la de la nueva Ley de Vivienda. Uno de ellos trata el control en precios de alquileres mediante una limitación de incrementos máximos del 10%.

Además, el proyecto de ley incluye que el arrendatario pueda solicitar una prórroga de su contrato de hasta tres años, a lo que se le suman los beneficios fiscales para propietarios.

La nueva Ley de Viviendas ya cuenta con un borrador

Luego de varios meses de retraso en relación al calendario pactado con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la ley la vivienda ya cuenta con un borrador por parte del Ministerio de Transporte. Recordemos, el principal objetivo de la normativa es comprimir al máximo los obstáculos para acceder a una vivienda de alquiler asequibles. Y, al mismo tiempo, evitar el encarecimiento de los arrendamientos en zonas tensionadas de España.

Por otra parte, esta nueva normativa propondrá ofrecer beneficios fiscales para los arrendatarios, con la finalidad de fomentar a propietarios para que coloquen en régimen de alquiler a su vivienda.

El control de precios de alquileres y una prorrogo contractual

En esta oportunidad, el borrador pensado por el Ministerio plantea la limitación a un máximo del 10% la suba del precio de los alquileres en zonas tensionadas. Esta medida sería aplicada en el momento de la firma de un nuevo contrato de arrendamiento.

Además, de manera conjunta, proponen la posibilidad del inquilino de prorrogar por tres años más al finalizar el acuerdo. Durante esa prórroga se mantendrán las condiciones que se encuentren vigentes hasta el momento, y es de carácter anual. Por ultimo, se considera a la medida extraordinaria en un sola oportunidad con el mismo propietario.

Se trata de ofrecerle una posibilidad más al inquilino de poder asegurarse la vivienda una vez concluido el contrato de alquiler. Al ser extraordinaria, es independiente a la existencia o no de un acuerdo entre el propietario del inmueble y el inquilino.

En la actualidad, los contratos de alquileres son de 5 años o de 7 en el caso de que el arrendatario sea una persona jurídica (una empresa). Es decir, los inquilinos tendrán la posibilidad de extender los periodos de alquiler establecidos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) a 8 o 10 años. Esto dependiendo del carácter de cada contrato.

Un dato importante es que, si en el trascurso de los cuatro meses antes de que concluya la vigencia del contrato, ninguna de las partes da aviso de finalización del mismo la prórroga extraordinaria comienza a regir de manera automática

Beneficios fiscales para propietarios

Otros de los puntos fuertes que propone la ley es la generación de estímulos fiscales hacia propietarios. La finalidad es aumentar la oferta de viviendas en alquiler. Lo que se pretende es regular el precio de los arrendamientos y mantener costes asequibles de contratación.

Con la reducción actual del 60% en el rendimiento puro del alquiler (IRPF) se ha identificado un aumento significativo de las viviendas en régimen de alquiler. Esto supone que el 60 % de lo que perciben por las rentas, no se suma a sus ingresos en la declaración del IRPF, por lo cual no tributan dicha cantidad. Al mismo tiempo en dicho beneficio se encuentra ausente un modo de moderación de los costes de alquileres, puntualizado en zonas con mayores problemas de oferta.

¿Cuáles serán los posibles beneficios estipulados en la ley?

La propuesta de la posible ley es, para los nuevos contratos una reducción general del 50% del IRPF en relación a una serie de criterios.

1) En el caso de que alguna vivienda haya sido rehabilitada o mejorada en los último 30 años, se considerará una reducción del 60%. A su vez, la obra debe significar un desembolso total de seis meses de pago de alquiler.

2) Con la finalidad de fomentar que los jóvenes de entre 18 y 35 años, puedan acceder a una vivienda, se beneficiará al arrendatario con un descuento del 70%.

3) Los contratos de alquiler de larga duración recibirán un 70% de estímulo fiscal. La intencionalidad es garantizar estabilidad en los inquilinos, sin que sufran incrementos que superen el ICP durante 10 años.

Por otra parte, se aplicarán mejoras en el pago de impuestos en las zonas que sean declaradas tensionadas, con la misma finalidad: promover el aumento de la oferta en dichas áreas.

Entonces se considerará:

1) La incorporación de una vivienda para alquiler habitual al mercado con una estimulación del 70% de IRPF. Se prevé que esta incentivación fomenta la entrada de nuevas viviendas que antes no estaban como viviendas habituales para alquiler.

2) Para mejorar las condiciones de los inquilinos que ya tienen un contrato vigente y para conseguir una rebaja en el coste del alquiler respecto a la renta finada en el contrato anterior. En estos casos, se otorgará una disminución en más de un 10% en la renta, respecto al contrato anterior, 90%. Se estimula la mejora de las condiciones del contrato al inquilino existente, o bien, una bajada de la renta con respecto a la fijada en un contrato anterior.

Nuevos propietarios beneficiados

Por último, en la actualidad no reciben las deducciones:

1)Las personas que decidan ceder sus viviendas para que sean destinadas a alquileres sociales y que, por ello, reciban algún tipo de remuneración o contraprestación,

2) O las personas que ofrezcan su inmueble como espacio físico de actividades sin fines de lucro

Ambas situaciones aún no reciben beneficios debido a que no son titulares de los contratos. En estos casos, la nueva ley propone una reducción del 70%.

Control en precios de alquileres y bonificaciones fiscales: medidas temporales:

Según testimonios oficiales, las medidas que regularán el control de los precios de alquileres son de carácter excepcional y temporal por el contexto de crisis en el cual se encuentra en país.

En el interior del documento borrador se afirma la funcionalidad de la posible ley:

“para amortiguar dicha tensión y conceder a las administraciones competentes el tiempo necesario para poder compensar en su caso el déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda las carencias de esas zonas”. 

Hasta aquí las ultimas novedades respecto al debate en torno a la nueva Ley de Vivienda. Si te has quedado con alguna duda déjanos tu comentario. Nos interesa mucho tu opinión!

Para más información respecto a las posibles medidas que integrarán la nueva ley de vivienda te recomendamos leer la siguiente nota:

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El control de los precios de los alquileres a través de una normativa preparada por el gobierno no ha sido bien recibida por el Ayuntamiento de Madrid, que ya adelantó su rechazo a la propuesta.

La propuesta de regular los precios de los arrendamientos en Madrid ha levantado pólvora ya que muchos actores involucrados del mercado se han mostrado en discordancia con la ley. Según el sector inmobiliario, el mercado debe regularse sólo y se deben rechazar de plano las medidas coercitivas o punitivistas. La consecuencia más plausible de suceder sería que se contraiga aún más la oferta del alquiler. Sin embargo estas medidas ya se toman en varias partes del mundo.

Ahora otra de las voces que se suman en contra de este proyecto es la del Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Su delegado, Mariano Fuentes, sostuvo que en ningún caso se establecerá la medida en la región, porque la consideran populista y basada en el mensaje fácil.

Según Fuentes la medida ya se ha implantado en otras ciudades europeas, como Berlín, París o Lyon, y que no ha funcionado. “No encontramos ningún aspecto positivo en esta regulación, ya que atenta contra el libre mercado, el comercio y contra principios fundamentales”, indicó.

¿ De qué se trata la Ley de control de precios de alquileres que pretende promulgar el gobierno?

Según publica 20minutos.es, el acuerdo consiste en un compromiso para que el Consejo de Ministros apruebe en un plazo de tres meses el proyecto de ley Estatal de Vivienda y pasar en cuatro meses al Congreso. Actualmente este proyecto se encuentra en proceso de información pública previa a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

La nueva ley habilitará a comunidades y ayuntamientos para que establezcan su propio índice de precios de referencia. El modelo a seguir será el índice que elaboró en junio el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La medida convalida los avances que ya existan en las autonomías, en lo que parece una alusión a la Ley de Vivienda de Cataluña que los Sindicatos de Inquilinos reclamaban como modelo para extender a todo el país.

En estos casos, se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios. Esto podrá afectar a contratos nuevos como también a contratos existentes.

Con el fin de contener subidas injustificadas, los ayuntamientos tendrán la potestad de tomar como referencia al contrato previo. De esta forma acotarán los incrementos.

¿Cómo se manejan los gobiernos del exterior con el control de precios?

Las políticas de control de precios de alquileres ya se vienen utilizando en otros países como mecanismo de intervención del mercado. Es así como en Estados Unidos, Suecia, Reino Unido, Francia entre otros ya cuentan en sus legislaciones con este tipo de limitantes.

Según publica Business Insider estos son algunos de los países que ya lo han puesto en funcionamiento:

Alemania

Desde 2015 el país germano aplica la ley de control del alquiler, denominada Mietpreisbremse. A través de esta norma se que limitan las subidas de precio al 10% de la media de su barrio. Esta medida fue actualizada el pasado mes de abril, coincidiendo con la primera oleada del coronavirus.

En Berlín, donde la tasa de habitantes que viven de alquiler supera el 85%, el gobierno local aprobó en 2019 la congelación de precios durante los próximos 5 años, que se aplica desde el pasado mes de enero.

Francia

El Gobierno de Emmanuel Macron aprobó en 2019 llamada Ley ELAN. La misma limitar las subidas del alquiler a un 20% respecto a la referencia de su zona, de los pisos de la misma antigüedad o con el mismo número de habitaciones.

París, fue la primera ciudad en acogerse a esta normativa en julio de 2019 y ya lo aplica en 80 barrios de la ciudad, aunque no en las viviendas sociales, que están excluidas de esta normativa.

Suecia

Son los ayuntamientos los que se encargan de limitar la evolución de precios en este país escandinavo. La forma es a través de negociaciones entre autoridades, el sector privado y los arrendatarios.

De esta manera los niveles de precios y las subidas máximas en el alquiler son sujetas a una negociación colectiva cada año entre la empresa pública de vivienda de cada ayuntamiento, los representantes de los arrendadores y el Sindicato Sueco de Inquilinos para definir los precios de referencia.

Portugal

La Ley de Arrendamiento Accesible promulgada el año pasado no incluye límites a los precios del alquiler de vivienda pero facilita el acceso de las rentas más bajas a un alojamiento asequible.

Para ello distingue a las distintas localidades del país en 6 categorías según su población y tipo de vivienda. Ofrece a las personas con ingresos que no superen los 35.000 euros anuales por cabeza o 45.000 por familia acogerse a un plan que da acceso a alquileres a su medida.

Irlanda

En 2017, el gobierno irlandés limitó el encarecimiento de los alquileres en zonas en las que sus precios se encontraban fuertemente tensionados. La medida rige para Dublín, Cork, Galway o Kilkenny, e impide las subidas de precios del 4% hasta principios de 2022.

Los caseros pueden aumentar los alquileres si justifican con motivos suficientes el encarecimiento a sus inquilinos o si realizan reformas en la vivienda.

Suiza

El precio del alquiler está vinculado al tipo de interés medio que se aplique a las hipotecas en el país, que se ha reducido el pasado mes de marzo a un 1,25%.

Los inquilinos suizos pueden solicitar reducciones en el precio de su alquiler, a las que tienen derecho 2,2 millones de hogares del país. Las condiciones se circunscriben a la vivienda que se alquila, no a los ingresos del inquilino.

Reino Unido

Sadiq Khan, actual alcalde de Londres se comprometió a limitar las subidas de precio de alquiler si gana las elecciones 2021.La medida tomaría forma a través de una comisión local que defina los controles a los alquileres

En Escocia, las autoridades pueden definir las zonas que pueden aumentar sus precios y limitar las subidas de más de un 1% durante 5 años.

Estados Unidos:

Las medidas denominadas Rent Control ya se usan para frenar los encarecimientos de alquileres en varios estados como Oregon, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, el distrito de Columbia o California y ciudades como San Francisco, Los Ángeles o Detroit

Estas normativas son muy diversas. California limitó las subidas anuales al 5%, mientras que en Nueva York estableció 2 tipos de topes, uno limitado a un aumento es de un 7,5% cada 2 años para vivienda social, y otro de un 1,5% cada año para pisos de renta estabilizada.

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