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Ley de vivienda

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La dicotomía por la Ley de Vivienda parece tener un nuevo capítulo. Aunque, siempre dentro de algunos de los conflictos que llevan meses discutiendo los distintos actores. La pregunta que aún no logra resolverse tiene que ver con que si realmente las zonas tensionadas sirven para controlar el precio de los alquileres.

Es que lo cierto es que al incorporarse esta herramienta, las Comunidades Autónomas no parecen estar de acuerdo en utilizarla. Más que nada si analizamos que son muy pocas las que se han sumado a designar sus localidades dentro de esta categoría.

En este post te contaremos sobre el intento del PSOE para poder aplicar el índice de precios. Para ello han registrado una iniciativa en el Congreso para solicitar a las Comunas a que se unan a esta medida. A continuación te contaremos más sobre las distintas posturas sobre si las zonas tensionadas realmente funcionarían para controlar el precio de los alquileres. ¿Nos acompañas?

El PSOE mantiene su postura de que las zonas tensionadas son la herramienta para controlar el precio de los alquileres

La Ley de Vivienda, establece la posibilidad de que las distintas Comunidades Autónomas puedan incorporar sus municipios dentro de la categoría de zonas tensionadas para poder controlar el precio de los alquileres. Pese a ello, lo cierto es que son muy pocas las que se han acogido a este régimen. Por ello, el PSOE ha decidido iniciar en el congreso un pedido en el que intenta incentivar a las Comunas a ello.

Esto se debe a que, ellos consideran que el índice de precios de referencia para los alquileres son necesarios para poder frenar los incrementos que se vienen dando en las rentas. Además agregan que la forma en la que se han realizado fue utilizando criterios técnicos y científicos para obtener el resultado deseado.

Un punto importante a tener en cuenta es que este índice se ha aprobado hace relativamente poco tiempo. Para ser más precisos el 27 de febrero. Es importante entender que esta medida se utilizaría en aquellas localidades donde la diferencia entre la oferta y la demanda suele ser bastante alta y con ello se genera la posibilidad de realizar aumentos injustificados.  

Mediante esta herramienta, se fija rango e los precios de los alquileres en una zona específica de nuestro país. Esta es una forma de que tanto los propietarios como los inquilinos puedan tener un margen de referencia en la fijación de los valores para los nuevos contratos.

Debemos tener en claro que solo se utilizará en aquellas localidades en las que sus comunidades hayan realizado el trámite pertinente para declararlas como zonas de mercado residencial tensionado.

Luego de efectuar el trámite, será el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana quienes se encargarán de realizar la publicación, trimestralmente de la resolución en la que se informará el período en el cuál se encontrará vigente esa zona tensionada. De esta forma, esas localidades se encontrarán regidos por las zonas tensionadas y se utilizará el índice para controlar el precio de los alquileres. Así se afectarán a los nuevos contratos, además del concepto de quienes serán considerados grandes tenedores de viviendas en estos lugares. 

El índice de precios en las zonas tensionadas para controlar el precio de los alquileres

El PSOE, explica sobre el índice de precios para controlar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas lo considera una herramienta excepcional. Dicen además que, mediante él, será posible en un mercado de alta tensión evitar los movimientos especulativos que puedan intentar realizarse.

Explican además, que utilizando esta herramienta, se está brindando una mayor transparencia en el mercado de alquiler. También se le dará a conocer a los inquilinos los valores reales de los inmuebles. Agregan que será positivo para ayudar en el incremento de la oferta de pisos a precios asequibles, brindando la seguridad jurídica necesaria entre el arrendador y el arrendatario.

Tendiendo en cuenta todo esto, es que se ha realizado esta presentación por parte del PSOE con el fin de instar a las Comunidades a declarar las zonas tensionadas que tengan dentro de sus administraciones. Así los ciudadanos podrán beneficiarse de la aplicación de este índice de precios para controlar las subidas indebidas en las rentas.

¿Podrían declararse las zonas tensionadas sin ser solicitado por la Comuna?

Hace pocos días el partido Sumar ha presentado en el Congreso un proyecto no de ley. En él se plantea la posibilidad de que no sean las Comunidades Autónomas las únicas que tengan la posibilidad de incorporar las zonas tensionada para controlar el precio de los alquileres. Si esto fuera aceptado, tanto el Estado como los Ayuntamientos podrían realizar esta declaración en el mercado de la vivienda. Esto sucedería incluso en el caso de que la Comuna no haya realizado la solicitud.

Pero debemos entender esto claramente. Esta petición dotaría al Estado y a los Ayuntamientos de la capacidad de incorporarse en este régimen si es que lo solicitan. Deberá esperar un plazo de seis meses a las autonomías que son quienes tienen la potestad sobre este tipo de medidas.

El problema es que en realidad se estaría pasando por encima de la Comuna, ya que son ellos quienes son los que constitucionalmente tienen la tutoría sobre este tipo de medidas.

Se avasayaran nuevamente a las Comunidades Autónomas

Lo cierto es que ya varias comunidades hacen referencia a que la normativa vulnera la potestad de la Comunidades Autónomas. Más aún si a esto le sumamos la presentación realizada por Sumar.

Esta propuesta en realidad se contrapone con la iniciativa que ha presentado el PP y que logro tener la aprobación de la Comisión de Vivienda del Congreso. En ella se insta al Gobierno a derogar todos los artículos de la Ley de Vivienda. Esto se debe a que la normativa que ha sido aprobada por la legislatura vulnera la potestad de las autonomías en la ordenación territorial y urbanística y en la posibilidad de tomar decisiones en materia de vivienda.

La iniciativa ha sido aprobada gracias al apoyo del PP, Vox, PVN y Junts. En la postura contraria se encuentran el PSOE, Sumar, Podemos y Bildu mientras que Esquerra que ha sido uno de lo de los principales propulsores de la normativa, decidió abstenerse.

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Desde el partido Sumar piden una Proposición No de Ley (PNL). La finalidad es la de modificar la potestad de la Ley de Vivienda. Es que hoy en día, las Comunidades Autónomas están inhabilitadas para no declarar municipios dentro de la categoría de zonas tensionadas. Por ello, solicitan que tanto el Estado como los Ayuntamientos, tengan la posibilidad de hacerlo.

Esta situación se da en un contexto en el que por ejemplo la Comunidad de Madrid, ha expresado que no incorporará ninguno de sus municipios dentro de esa categoría. Pese a ello, varias de sus localidades no están de acuerdo e incluso han presentado solicitudes para que la decisión de la Comuna cambie.

Debemos tener presente que las normativas especifican que la potestad sobre la vivienda la tienen las propias Comunidades Autónomas. Son ellas las que pueden definir sobre estos temas.

Al parecer se viene una nueva disputa en el caso de que se decida aceptar la proposición de Sumar. En este post te contaremos todo lo que tienes que saber sobre la actualidad de la Ley de Vivienda y la posibilidad de que no sean únicamente las Comunidades quienes tomen decisiones sobre esto. ¿Nos acompañas?

Piden cambios en la potestad de la Ley de Vivienda

El partido Sumar, presentará esta semana una Proposición No de Ley (PNL). Mediante ella, busca que tanto el Estado como los Ayuntamientos tengan la potestad de decidir sobre determinados aspectos de la Ley de Vivienda. De esta forma sería posible que los municipios que quieran declarar las zonas tensionadas puedan hacerlo, sin depender de la Comuna. Cabe aclarar que esto solo será posible en caso de que se cumplan todos los requisitos que se establecen en la normativa.

Esto se daría en un momento en el que por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha decidido que no solicitará la incorporación de ninguna localidad dentro de la categoría de zona tensionada. Esto se debe a que considera que no corresponde intervenir el mercado de esa forma. A pesar de ello, existen municipios que quieren ser incorporados ya que consideran que la normativa les daría herramientas para solucionar el problema de los incrementos en los precios de las rentas.

Un punto que tenemos que tener claro es que poder declarar una zona tensionada, es lo que le da la posibilidad de intervenir, estableciendo un máximo y un mínimo para los valores de los alquileres. De esto solo tienen la potestad en la Ley de Vivienda las Comunidades Autónomas. Por ello es que Sumar quiere ampliar esta posibilidad tanto para los Ayuntamientos como para el propio Estado. Así cuando éstos decidan solicitarlo y la Comuna no se haya pronunciado en un plazo máximo de seis meses, podrían ser incorporados. 

Qué plantea la proposición de ley de Sumar para cambiar la potestad en la Ley de Vivienda

Sumar plantea la posibilidad de ampliar la potestad de la Ley de Vivienda al Estado y los municipios. La diputada Tesh Sidi del partido, ha explicado algunos detalles de la presentación que realizarán. Es que ella será la encargada de realizar el registro de esta nueva iniciativa parlamentaria.

Según ha expresado, se plantearía la posibilidad de que una vez que haya transcurrido un plazo de seis meses sin que haya una resolución autonómica expresa, tanto el Estado como el ente local que lo solicitara, tendrá la posibilidad de establecer en nombre de la Comuna, la incorporación de esa localidad dentro de la categoría de zona tensionada. 

Diferentes posturas ante las zonas tensionadas y quitar beneficios a los ciudadanos

Está bastante claro que la Ley de Vivienda ha generado mucha controversia, por ejemplo respecto de las potestades otorgadas a las Comunidades Autónomas. Incluso debemos recordar que muchas de ellas han presentado recursos de inconstitucionalidad. Esto tiene que ver con a la forma en que el Gobierno Central avasallaría las capacidades de las Comunas para tomar decisiones en materia de vivienda.

Al publicarse hace un tiempo el índice de referencia de precios de alquiler, han surgido algunos reclamos y disputas. Esto tiene que ver por ejemplo con que Madrid, por ejemplo, tiene casi el 90 por ciento de sus municipios con posibilidad de ser incorporados dentro de la categoría de zonas tensionadas. Pese a ello, la Comuna ha decidido que no realizará el trámite ya que sería una forma de intervenir al mercado.

Del otro lado de la vereda se encuentran, por ejemplo, los que consideran que al poder ser incorporadas las localidades como áreas tensionadas, los habitantes de esa Comunidad podrían abonar hasta un 32 por ciento menos de renta al mes.

Desde el partido Sumar, denuncian que sin este cambio, las autonomías podrían no aplicar la regulación haciendo que los ciudadanos de las localidades sean perjudicados.

Otra situación se da en la Comunidad de Cataluña. Esta ha sido la primera que ha realizado los trámites pertinentes para que 140 de sus municipios sean considerados dentro de la categoría de áreas tensionadas. Así que estas localidades podrán ser sometidos al índice de precios.

Pero no ha sido la única que ha planteado la posibilidad de aplicar estas restricciones a los precios de las rentas. Euskadi, Navarra y Asturias, también serían de la partida.

Cataluña presentaría un recurso debido al índice de precios

Si bien la Comunidad de Cataluña ha realizado los trámites pertinentes para solicitar que 140 de sus municipios sean incorporados como zonas tensionadas, aún hay un problema. Al conocerse el índice de precios que regiría en estas comunidades, no se han tenido en cuenta los datos recabados por la Comuna. Esto significa que no han podido participar de su confección, cuando la normativa sí lo permitía.

Por esta razón, busca impugnarlo para que trabajando en conjunto puedan tenerse en cuenta aspectos específicos que tienen que ver con cada una de estas localidades, con el fin de realizar un índice real que pueda ser útil para solucionar el problema de los incrementos de los precios en la renta. Deberemos esperar para saber cuál será la respuesta ante la solicitud presentada.

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La Generalitat presentará un nuevo requerimiento. Este parece ser un nuevo embiste que deberá afrontar la Ley de vivienda. Recordemos que hasta el momento, varias Comunidades Autónomas han presentado recursos de inconstitucionalidad y solicitudes de que sea eliminada totalmente. Cataluña, por su parte ha sido la única que ha presentado los papeles para solicitar que 140 localidades sean incorporadas dentro del régimen de zonas tensionadas. Con esta categoría se permite la limitación el los precios de los alquileres para poder controlar como evolucionan.

Pese a ello, la Consellera de Territori de la Generalitat catalana, ha informado que presentará un nuevo requerimiento contra el Gobierno Central. Esto se debe a que entienden que este índice estatal de referencia de precios para los alquileres, no cumple con las normativas en materia de vivienda y alquiler. Explican que no tiene en cuenta el índice de precios que el Ejecutivo catalán, y no únicamente el índice estatal.

En este post te contaremos todo lo que tienes que saber respecto a esta nueva batalla que deberá resolverse en los tribunales debido a que la Generalitat presentará un nuevo requerimiento por el índice de precios. ¿Nos acompañas?

La Generalitat presentará un nuevo requerimiento contra el Gobierno central

Luego de que la Generalitat haya realizado los tramites para que 140 municipios catalanes sean consideradas zonas tensionadas, presentará un nuevo requerimiento por considerar que el nuevo índice estatal de referencia de precios para los alquileres, no cumple con las normativas en materia de vivienda y renta.

Al parecer se viene un nuevo capítulo de las disconformidades de las Comunidades Autónomas con el contenido de la Ley de Vivienda. Cabe aclarar que Cataluña ha sido la única Comuna que hasta el momento ha solicitado incorporar municipios dentro de la categoría de zonas tensionadas. Esto ha sido para poder aplicar controles a las subidas de los precios en los 140 municipios en los que consideran se registran incrementos injustificados de precios.

Motivos de la Generalitat por los que presentará un nuevo requerimiento

El problema, parece encontrarse específicamente en lo que la Ley de Vivienda establece sobre la colaboración entre el Gobierno central y las Comunidades. Este trabajo en conjunto les permitiría poder considerar aspectos que la Comuna considere importantes a tener en cuenta.

La consellera de Territori, Ester Capella, explica que ellos cuentan con sistemas de referencia de precio para las rentas que han desarrollado en sus ámbitos territoriales. Con esto, es posible que puedan aportar aspectos específicos de su territorio a tener en cuenta para definir el índice de precio.

Pese a ello, este punto de la normativa no se ha tenido en cuenta. Solo se ha utilizado el índice estatal, sin hacer partícipe a la Comuna para fijar estas restricciones.

Pero esto no es todo, otro punto por lo que la Generalitat presentará un nuevo requerimiento. Esto tiene que ver con el incumplimiento de la Disposición adicional segunda. Allí se habla del sistema de índices de referencias de precios para la renta en el Real Dectreto- Ley 7/2019 del 1 de marzo, respecto a las medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Allí se fijan que en cada uno de los ámbitos territoriales, las distintas comunidades autónomas pueden establecer y fijar su propio índice de precio de referencia que se adapte a las particularidades de ese territorio. Además se posibilita a hacerlo para poder ejercer sus competencias, definir otras políticas propias y nuevos programas públicos de vivienda que sean necesarias allí.

Teniendo en cuenta estos dos puntos, la Comunidad explica que es necesario que se puedan modificar estos índices trabajando en conjunto con el Gobierno Central. 

Qué sucederá luego de presentar el requerimiento

El nuevo requerimiento que presentará la Generalitat deberá seguir un proceso. El primero, será que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, contará con un plazo de un mes para contestar a la petición de la Conselleria de Territori. En el caso de que la respuesta sea negativa, contará con un plazo de dos meses para contestar. Legalmente puede presentar un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional.

Un detalle no menor es que en medio de todo ello, se producirán las nuevas elecciones autonómicas para el mes de mayo del corriente año. Por lo que habrá que ver de qué manera pueden darse las cosas. En el caso de que el gobierno cambie, deberá esperarse a ver cuál será la postura a tomar.

El principal problema respecto al nuevo requerimiento que presentará la Generalitat, tiene que ver con una diferencia de criterios. La primera disputa ha sido por la presentación y negociación por la cuál se pueden o no aprobar los 140  municipios que ha solicitado Cataluña ingresen como zonas tensionadas. Desde la Comunidad, solicitaban que pudieran ingresarse en el otoño pasado, pero esto no fue posible. Se debió esperar a que pasen las elecciones generales, y luego hasta el mes de febrero para tener el índice estatal de referencia.

Debido a ello es que la Generalitat presentará un nuevo requerimiento. La primera medida tomada por la Comunidad fue la de presentar alegaciones al índice que ha informado el Ministerio de Vivienda. Pese a ello, la negociación no ha llegado a buenos términos entre ambas administraciones para poder utilizar ambos índices a la vez.

Es importante que tengamos presente que el sistema estatal de referencia apara los valores de los alquileres, se encuentra basado en más de dos millones de Declaraciones de Renta. Además se utilizará como norte para la firma de nuevos contratos de grandes tenedores en las zonas tensionadas. También en los pisos en los que es la primera vez que se pongan en alquiler.

Recordemos que estos índices de precios, fijan un máximo y un mínimo de los precios que pueden solicitarse para un alquiler. Desde la Comunidad, explican que el índice que ellos han desarrollado, es mucho más exacto y tiene en cuenta particularidades propias de cada zona tensionada.

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La incorporación de las zonas tensionadas en España sigue trayendo algunos inconvenientes y discusiones. Algunas de las Comunidades Autónomas consideran que mediante este sistema solo se esta interviniendo el mercado, que debería ser libre. Otras comunas lo entienden como la solución que les permitirá resolver en parte el problema de la vivienda en sus localidades.

Un  punto importante que tenemos que tener muy presente es que para ser consideradas zonas tensionadas será necesario contar con dos requisitos. Uno de ellos es que la tasa de esfuerzo que se deba hacer para el pago de la vivienda, sea mayor al 30 por ciento de los ingresos. El segundo que el valor de la vivienda haya registrado subidas tres puntos por encima del IPC en los últimos 5 años.

En este post, te contaremos sobre algunos municipios que quieren entrar en la categoría de zonas tensionadas en España pero no cumplen los requisitos necesarios pese a haber realizado ya los trámites para ello. ¿Nos acompañas?

Requisitos y dudas respecto a las zonas tensionadas en España

La incorporación de la Ley de vivienda ha traído muchas discusiones y problemas entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central. Esto se debe a que hay un avasallamiento sobre la competencia que las Comunas han tenido por Constitución sobre la materia de la vivienda.

Pese a ello varias Localidades han presentado la documentación y realizado el trámite para poder ser encasillada dentro de la zonas tensionadas de España. Ahora el problema parecería ser que algunas de ellas no han revisado correctamente los números y un total de 18 municipios catalanes podrían quedar afuera de esta categoría por no cumplir los requisitos que la ley establece.

Es que Barcelona junto con otros 17 municipios de Cataluña han solicitado ser incorporados, dentro los 140 totales que ha presentado la Generalitat. El problema es que ellas no cumplen los dos requisitos si utilizamos para ello los datos oficiales que publica el Ministerio de vivienda. Por este motivo, debería ser desestimado y no podrían en ellos establecer las medidas de control de precio que la ley estipula.

Dejemos primero en claro cuáles son los requisitos:

  • La tasa de esfuerzo para poder pagar la vivienda mes a mes, incluyendo los gastos referidos a los servicios, debe ser  mayor al 30 por ciento de los ingresos
  • Que el valor de la vivienda se haya incrementado por encima del IPC en tres puntos durante los últimos cinco años.

 

Barcelona: una zona tensionada o no

Si bien Barcelona intenta ser enmarcada dentro de las zonas tensionadas de España, en algún punto podría quedar afuera, debido a no cumplir los requisitos necesarios. Es que si utilizamos los valores de alquileres que informa el Ministerio, los datos del Instituto Nacional de Estadística y la estimación del consumo energético de la CNM, no logra llegar esta localidad al 30 por ciento de tasa de esfuerzo. Según estos datos, alanzaría el 27 por ciento, 3 puntos por debajo del porcentaje necesario.

Pero veamos ahora que sucede con la variación en el precio. En 2018 el Ministerio establece un valor promedio de 725 euros, para el 2022 el incremento alcanzó los 830 euros. Esto significa una subida del 14,5 por ciento. El IPC en Cataluña ha sido del 11,97 por ciento por lo que no alcanzaría establecerse como zona tensionada.

Desde la Generalitat, puede llegar a utilizar la variación por metro cuadrado. Esto se debe a que con esos valores si se alcanza el límite necesario, dando una cifra del 15,7 por ciento. El problema es que con la tasa de esfuerzo no se podría de igual manera incorporarla dentro de esta dura medida.

Si tomáramos los valores del mercado real, con las ofertas que realmente se hacen por las viviendas, la situación sería distinta. Es que la ciudad de Barcelona sí supera los valores estipulados por la Ley de Vivienda.

Para alquilar una vivienda, tomando en cuenta también los gastos necesarios para cubrir los suministros en Barcelona en finales del año pasado, alcanzaba un 47,5 por ciento. Por otro lado los valores se han incrementado en un 28,6 por ciento en los últimos 5 años. En ese momento en el que el IPC en Cataluña era del 15,74 por ciento. Si le sumamos los 3 puntos que se fijan en la normativa sería del 18,74 por ciento.

Otras localidades que quieren ser zonas tensionadas en España pero podrían no cerrar los números

Barcelona no es el único sitio en el que los números de las estadísticas oficiales no permitirían establecerlas dentro de las zonas tensionadas de España. El problema es que cuando vamos a los valores reales la situación cambia.

Esto sucede en las siguientes localidades:

  • Figueres,
  • Valls,
  • Lloret de Mar,
  • Tortosa,
  • Ripoll,
  • Cambrils,
  • Guissona,
  • Balaguer,
  • Tortosa,
  • Torrelles de Llobregat,
  • Falset,
  • Roquetes,
  • Tremp,
  • Sort,
  • Palafolls,
  • Montgat,
  • Parets del Vallès,
  • Esparraguera.

En estos municipios, el valor del metro cuadrado ha quedado justo en el límite para poder incorporarlo como zonas tensionadas de España. Cabe clarar que si, como sucede con Barcelona, tomáramos el precio del metro cuadrado, solo quedarían en esta situación seis de ellos: Guissona, Roquetes, Vallirana, Figueres, Alella y Balaguer.

Lloret de Mar, por otro lado, cumple los requisitos de la normativa. Allí la tasa de esfuerzo alcanza el 42,6 por ciento. Además el incremento de precios ha sido del 7,2 por ciento, o sea más de lo que la Ley de vivienda permite.

Respecto al resto de las capitales catalanas que buscan sean ingresadas como zonas tensionadas de España, la tasa de esfuerzo no es superior al 30 por ciento. Por ejemplo:

  • En Lleida es del 19,4 por ciento
  • Tarragona; 20,3 por ciento
  • Girona 21,5 por ciento

Con respecto a la variación de los valores solicitados por las viviendas, las tres cumplen el requisito que estipula la normativa.

Será necesario esperar a ver que sucederá en estas localidades donde los valores oficiales y la realidad parece no ser igual.

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A partir del día de hoy, se podrá aplicar en Cataluña el control de precios para las zonas tensionadas. Esto se debe a que ha sido publicado en el Boletín Oficial. Allí se ha incorporado a la Comunidad Autónoma dentro de esta categoría.

La Ley de Vivienda, recordemos, permite que las Comunas realicen un trámite por medio del cuál se definan localidades dentro de ella, que tengan una gran diferencia entre la oferta y la demanda y subidas de precios para la renta sin control.

Según se ha podido conocer, Cataluña ha declarado a 140 municipios dentro de esta categoría. Debido a ello podrá aplicarse el control de precios para ellos. En este post, te contaremos todo lo que necesitas saber acerca de las zonas tensionadas en Cataluña que han sido publicadas en el Boletín Oficial. ¿Nos acompañas?

Las zonas tensionadas en Cataluña

El día de hoy, 16 de marzo, comienza a regir en Cataluña la categoría de zonas tensionadas a un total de 140 municipios. Esto es posible al entrar en vigencia de la Ley de Vivienda. Mediante este sistema, es posible regular los valores de los alquileres para evitar las subidas injustificadas. Para ello, se establece un Índice de Precios que fija un máximo y un mínimo que es posible incrementar en los precios de la renta.

La Ley de vivienda, ha visto la luz el mes de mayo del pasado año, pero solo Cataluña ha decidido utilizar esta opción del control del mercado del alquiler. Algunas de las localidades más importantes que se han catalogado como zonas tensionadas, son:

  • Barcelona
  • Tarragona
  • Lleida
  • Girona
  • Poblaciones del Área Metropolitana de Barcelona, como Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Mataró y Santa Coloma de Gramenet

Vigencia de las zonas tensionadas en Cataluña

Un punto importante a tener en cuenta es que desde el Gobierno de Cataluña, han establecido un período de vigencia de tres años. Luego, será posible que se amplíe anualmente, de considerarse necesario. Pero este no será el único cambio, es que, han solicitado también la reducción de la cantidad de viviendas por las cuales se consideran grandes tenedores en estas zonas tensionadas a quienes cuenten con más de 5 viviendas. Debemos recordar que dentro de la Ley se establecía en 10 este número. Pese a ello, esta opción se encuentra contemplada en la normativa, por ello pueden acogerse a ello.

El diario oficial de la Generalitat, publicó la modificación de la resolución que fue anunciada en el mes de agosto por el Gobierno de Cataluña. En ese momento había realizado la declaración de las áreas que serían consideradas como zonas tensionadas. Pero en esta presentación, era necesario corregir algunos errores para que pueda ser compatible con lo que luego se publicaría en el Boletín Oficial.

Debemos recordar que para poder fijar una localidad dentro de una categoría de este tipo, será la Comuna la que deberá realizar la solicitud y presentar toda la documentación que le permita demostrar que así deberá ser considerada.

Qué consecuencias tiene declarar una zona como tensionada

Es importante en este punto que podamos establecer y dejar claro que significa que Cataluña establezca zonas tensionadas dentro de su comunidad. Esto traerá como consecuencia, entre otras cosas, que se establezcan límites en las subidas de los valores de los alquileres y en las modificaciones del régimen de prórrogas de los contratos que se encuentran vigentes. Por otro lado, los pequeños propietarios tendrán la posibilidad de beneficiarse con desgravaciones en el IRPF.

Otro punto importante, tiene que ver con que aquellos contratos que se encuentren vigentes, podrán continuar renovándose según el contrato. El cambio estará en los nuevos contratos de alquiler entre particulares. Es que allí se fijara un precio igual al del año anterior, con una subida máxima del 3 por ciento. Esto será siempre y cuando los propietarios no lleven adelante obras de mejora en la propiedad. En este caso, si las hicieran, podría incrementarse el monto hasta un máximo del 10 por ciento.

Obligaciones para los nuevos contratos luego de ser establecidas las zonas tensionadas en Cataluña

Para estos 140 municipios que han sido incorporados como zonas tensionadas en la Comunidad de Cataluña, deberán los propietarios de las viviendas atenerse a nueva normativas. Es que, por ejemplo, al ser informado en el Boletín Oficial, se informa que deberá utilizarse el Índice Oficial de Precios de Alquiler como referencia para aquellos nuevos contratos de renta que sean firmados en las localidades consideradas dentro de esta categoría.

Cabe aclarar que esta limitación en los precios será de carácter obligatorio para nuevos contratos en los que los propietarios estén dentro de la categoría de grandes tenedores así como para las viviendas que no hayan sido incorporadas en el mercado de alquiler durante los últimos 5 años.

Así, según se establece en la Ley de vivienda, la renta que sea pactada en un nuevo contrato no podrá superar el límite del valor que se establece en el Índice de Precios de Referencia. Allí se marcarán tanto las condiciones, características y lugar en el que se emplaza la vivienda a alquilar.

Un dato relevante para los propietarios que quieran poner la vivienda en alquiler tiene que ver con que el 27 de febrero, se ha publicado en la web del Ministerio el índice a utilizar. Esto fue luego de que se haya cumplido el plazo para la consulta pública.

Algunos conflictos con el índice de precios y la Ley de vivienda

Cabe aclarar que este índice de precios, hasta el momento se ha recibido un total de seis alegaciones efectuadas por otras Administraciones Públicas. Algunas de ellas han sido la Generalitat de Cataluña, la de Madrid, asociaciones y empresas pertenecientes al sector inmobiliario.

Un dato interesante, ante la aparición de la Ley de Vivienda, no todas las Comunidades están de acuerdo con la intervención que el Gobierno estaría realizando. Por ejemplo la de Madrid ha informado que no declarará zonas tensionadas dentro de su Comuna, ya que no esta de acuerdo con intervenir el mercado.

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El Gobierno vasco continúa su lucha contra la ley de vivienda, y ha ganado una pequeña batalla. Es que el Pleno del tribunal constitucional ha admitido el trámite iniciado por la Comunidad.

En este punto es importante que hagamos un pequeño racconto respecto a las repercusiones que ha traído la puesta en vigencia de esta normativa. Debemos recordad que ya en los inicios se ha llenado de detractores y adeptos. Si bien desde el Gobierno Central explican que la intención es la de poder solucionar un problema estructural de nuestro país como es el acceso a la vivienda, no parecería haber surtido mucho efecto.

Quienes participan dentro del mercado inmobiliario, han expresado que no han sido convocados ni escuchados a la hora de pensar que estrategias podrían utilizarse para solucionarlos. De ahí que consideran que muchas de las medidas no solo no funcionarán sino que serán incluso contraproducentes.

Uno de los puntos que más problemas ha generado, tiene que ver con que la Ley de vivienda sobrepasa la potestad que el Gobierno Central tiene sobre la vivienda, ya que éste, es un aspecto que tiene que ser tratado y regulado por cada una de las Comunidades Autónomas de nuestro territorio. Por este motivo, varias de ellas han interpuesto recursos de inconstitucionalidad a la normativa para lograr frenar este atropello.

Otro de los puntos, ya más especifico que ha generado revuelo, tiene que ver con la incorporación de la categoría de zona tensionada para aquellas localidades que tengan problemas para abastecer la demanda con la oferta. Con este mecanismo lo que se fija es un valor máximo y mínimo para las propiedades que se pongan a la renta. De esta forma, en teoría, lograrían evitar las subidas indebidas de los precios.

Estos puntos han llevado a distintas Comunas a presentarse a la justicia incluso a pedir la nulidad de la normativa. El gobierno vasco, particularmente, ha iniciado su batalla contra la ley de viviendas. Se ha presentado un recurso en el que se plantea la inconstitucionalidad de una serie de artículos de la normativa. Esta presentación tiene que ver con la vulneración de las competencias que tiene su Comuna respecto a la materia vivienda dentro de su territorio.  Esta situación se encuentra establecida dentro del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Pero, la novedad es que en los últimos días el Tribunal Constitucional ha admitido la presentación efectuada. Deberemos esperar ahora saber si hará lo mismo con las otras ocho comunidades que han efectuado la misma presentación. Algunos de ellos han sido Andalucía, Madrid y Baleares.

En este post te contaremos todas las novedades respecto a cómo el Gobierno vasco pelea contra la ley de viviendas y cuáles son los puntos en los que se basa para solicitar la inconstitucionalidad. ¿Nos acompañas?

El Gobierno vasco gana una pequeña batalla contra la ley de vivienda

En los últimos días, el Pleno del Tribunal Constitucional, ha decidido admitir el trámite presentado por el Gobierno vasco contra la ley de vivienda. En esta presentación realizada por la Comunidad, ha expresado que una serie de artículos que contiene la normativa, son inconstitucionales. A la hora de explicar cuáles son los motivos, alegan que en ella se vulneran las competencias que le pertenecen exclusivamente a las Comunidades Autónomas, respecto a tomar medidas en materia de vivienda. Cabe aclarar que esto se encuentra establecido dentro del Estatuto de Autonomía del País Vaso.

Ahora, el resto de las ocho Comunas y Diputados que han presentado recursos de inconstitucional similares, deben aguardar saber si se tomará la misma decisión con ellos. Por ejemplo Andalucía, Madrid y Baleares.

Cuáles son los motivos que llevan al Gobierno vasco a ir contra la ley de vivienda

El día 26 de julio del año pasado, el portavoz del Ejecutivo de la Comuna Bingen Zupiria, ha debido presentarse a una comparecencia. Allí explicó que dentro de la Ley de vivienda, existen preceptos que condicionan al Gobierno vasco en materia de vivienda, por ello van contra la normativa. Es que existe una vulneración de competencias que corresponden específicamente a la Comuna.

Por otro lado, desde el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, explican que la Ley Estatal, le quita a la Comuna la potestad de desarrollar y definir las distintas políticas propias respecto a la vivienda. Esta situación, genera un escenario de inseguridad jurídica respecto a la normativa que debe ser tomada en cuenta.

Cuáles son los artículos que han sido recusados por inconstitucionales

A la hora de que el Gobierno vasco inicie su recusación contra la ley de vivienda, han decidido marcar una serie de preceptos de ella como inconstitucionales. Esta presentación se hace sobre la Ley estatal 12/2023 que ha visto la luz el día 24 de mayo al ser publicada en el Boletín Oficial.

La lista de artículos que han recusado es la siguiente:

  • 3
  • 10.2
  • 15.1.d)
  • 15.1.e)
  • 16
  • 17
  • 18
  • También la disposición transitoria segunda.1
  • La disposición adicional tercera
  • Disposición final tercera
  • Además de la disposición final primera
  • Apartados: 1, 3 y 6
  • Por último la disposición final cuarta

Otras comunidades plantean el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo

Como dijimos anteriormente, el Gobierno vasco no es el único en ir contra la ley de vivienda. Esta normativa que busca generar además un cambio de paradigma, en el que la vivienda sea un derecho, ha generado mucha controversia. Por ello es que hasta el momento, existen vigentes ocho recursos de inconstitucionalidad que han sido llevados a la justicia por distintas Comunidades Autónomas y Diputados.

Es que no solo las Comunas han levantado la voz contra la normativa. También se han presentando dos recursos por parte de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de Diputados, por el Parlamento de Cataluña y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Islas Baleares y Madrid.

La Comunidad de Madrid, por ejemplo ha realizado una declaración, en la que ha dejado en claro que no utilizará la posibilidad de declarar zonas tensionadas en la región, ya que considera que es un intervensionismo de parte del Gobierno Central en un mercado que debería autorregularse.

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La ciudad de Alcorcón pide ser declarada como zona tensionada dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto sucede luego que desde la Comuna hayan dejado claro que no utilizarán esta herramienta para poder limitar los valores de los alquileres.

La alcaldesa, Candelaria Testa, perteneciente al partido PSOE ha presentado un pedido oficial al gobierno de Ayuso para que sea declarada como mercado tensionado. Es que tenemos que tener presente que para ello, el trámite debe ser llevado adelante por la Comunidad de Madrid, según lo establece la Ley de vivienda. Al hacerlo, se estipula que en esa localidad, los precios de los alquileres se regularían. Esto significa que se fijarían precios mínimos y máximos.

Desde la Comuna, plantean que no utilizará este recurso ya que no aplicará límites al mercado de la vivienda. Consideran que con ello, solo se reducirá más la oferta de inmuebles. El problema parecería estar en que Alcorcón no piensa de esta manera. La considera una herramienta posible para solucionar sus problemas actuales por ello pide ser declarada zona tensionada.

En este post te contaremos todo lo que necesitas saber sobre los motivos por los que Alcorcón pide ser declarada zona tensionada. ¿Nos acompañas?

Alcorcón pide ser zona tensionada, pese a la decisión de la Comunidad de Madrid

Candelaria Testa, alcaldesa de la ciudad de Alcorcón, pide que su localidad sea declarada zona tensionada. Esto ocurre, una vez que desde la Comunidad de Madrid hayan declarado que de ninguna manera ellos utilizarán los límites que permite la normativa. Esto se debe a que no están de acuerdo con la intervención del mercado.

Desde el municipio de Alcorcón, han realizado un pedido de forma oficial a la Comuna para ello. Es que debemos recordar que para poder ser incorporada una localidad dentro de este régimen, es la Comunidad Autónoma la que debe solicitarlo.

Pero no parece que la alcaldesa quiera dejar el asunto ahí. Ella ha anunciado que en el caso de que su petición sea rechazada, buscará promover una iniciativa legislativa municipal a la Asamblea regional.

Un dato no menor, es que Alcorcón, no ha sido el único municipio que pide ser catalogado como zona tensionada. Se le ha unido a ellos Fuenlabrada y Getafe

No es el único municipio que solicitaría ingresar como zona tensionada

Un punto importante a tener en cuenta sobre los motivos por los que pise ser declarada zona tensionada Alcorcón, es lo que sucede con la oferta y la demanda del municipio. Lo primero que debemos mencionar es que es la séptima ciudad con mayor población de la región con aproximadamente 170.000 habitantes. Como dijimos anteriormente, también se han plegado a esta decisión Fuenlabrada y Getafe, dos pueblos que cuentan con una cantidad de personas que sobrepasan los 180.000.

Los municipios, para poder ser incorporados en a lista de zonas tensionadas, será necesario que la Comunidad Autónoma realice los trámites y presente la justificación.

Ahora, el balón lo tiene la Comunidad de Madrid, que cuenta con un plazo de 3 meses para contestar la petición realizada. Pese a ello, Candelaria Testa, ha advertido que en el caso de que no consiga una respuesta positiva, se encargará de promover una iniciativa legislativa municipal en el marco de la Asamblea de Madrid. Cabe aclarar que para poder dar vía libre a su propuesta deberá contar con otros dos municipios y así llevar la propuesta de ley en el marco de las iniciativas legislativas populares y también de los Ayuntamientos.

Valores de los alquileres en Alcorcón por los que pide ser declarado zona tensionada

Pero vamos a adentrarnos ahora en los precios de la vivienda en Alcorcón. A fines del mes de febrero, el precio de la vivienda en alquiler llegaba a los 11,6 euros el metro cuadrado. Teniendo en cuenta este dato, debemos decir que se ha registrado una pequeña caída del 0,4 por ciento en comparación con el mes anterior. Si vamos un poco más atrás en el tipo para el mes de febrero del 2023 con un incremento del 7,8 por ciento. Cabe aclarar que estos valores, se encuentran por debajo de otras localidades del cinturón sur de Madrid, tales como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Las Rozas y Boardilla del Monte.

Si nos remitimos a lo que sucedía hace cinco años, el aumento de la renta media ha sido del 27,5 por ciento. En dicho momento, el precio de la vivienda para alquiler era de 9,1 euros el metro cuadrado.

Estas subidas en los precios de la renta, han sido proporcionales a la caída de la oferta de pisos. En la última parte del 2019 la cantidad de viviendas en el mercado había bajado un 26 por ciento para el fin del 2023. Incluso, si vemos lo sucedido después de la pandemia, en el año 2020 los inmuebles disponibles disminuyeron, como ha sucedido en realidad en la mayoría de los mercados. Las cifras han llegado a marcar un descenso de más de un 43 por ciento para ese año y un 8,1 por ciento para el cuarto trimestre del año siguiente.

Cómo se declaran las zonas tensionadas

Como hemos explicado anteriormente, para poder declarar una localidad como zona tensionada, será la Comunidad Autónoma quien deba solicitar por medio de la redacción de un plan específico en el que se detallen ciertos aspectos. Detallaremos a continuación que información deberá cumplimentarse:

En primer lugar deberá informarse la carga media del coste de la hipoteca o de la renta en el presupuesto personal o del grupo familiar. A ello deberá sumársele los gastos y suministros básicos y a la hora de realizar este cálculo, para considerarse una zona tensionada, deberá superar el 30 por ciento de los ingresos medios.

El segundo punto será que el valor de compra o alquiler haya sufrido en los últimos cinco años anteriores a que se los vaya a incorporar como área de mercado de vivienda tensionado, una subida en este porcentaje acumulado de al menos 3 puntos porcentuales. Este parámetro deberá ser mayor al porcentaje de crecimiento que se ha acumulado en el índice de precios de consumo en la comunidad en la que se encuentra la vivienda.

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En nuestro país, como en la mayor parte del continente, el problema habitacional no termina. Aquí, se ha incorporado la ley de vivienda con la esperaza de traer un poco de aire, pero lo cierto es que el déficit de inmuebles no se logra corregir.

Uno de los problemas que se ha detectado ya hace más de diez años, tiene que ver con el defasaje entre la oferta y la demanda. Esto significa que existen más personas que buscan viviendas que inmuebles a la venta o alquiler en el mercado. Este saldo negativo ha llegado a ser de aproximadamente 200.000 edificaciones por año.

Ante esta situación, los expertos inmobiliarios explican que la ley de vivienda no logra corregir este déficit de inmuebles, sino incluso, todo lo contrario. Esto se debe a que los propietarios, por ejemplo, al tener que poner una vivienda a la renta por un valor definido por el Gobierno, no les resulta tan atractivo. Por ello, prefieren dejar sus viviendas vacías.

En este post te contaremos todo lo que tienes que saber respecto a la ley de vivienda, el déficit de inmuebles que no logra corregirse y cuáles son las propuestas o planes que podrían llevarse adelante. ¿Nos acompañas?

El déficit de inmuebles y la ley de vivienda

Hace pocos días se ha realizado una mesa redonda en la que se ha tratado el tema de La seguridad jurídica en el ámbito inmobiliario. En la misma han participado distintos referentes como Mikel Echavarren, el Ceo de Colliers España y Portugal, Beatriz Toribio la secretaria general de la APCE, Carmen Panadero, quien cumple el rol de presidenta de WIRES y Silvia López, la socia de Inmobiliario de Roca Junyent, por citar algunos nombres.

En esta jornada se ha hablado mucho respecto a los distintos problemas que enfrenta el sector inmobiliario. Algunos de ellos tienen que ver con las excesivas normas y dependencia de los planes urbanísticos, pero también las medidas que la política lleva adelante y provocan problemas en la oferta. Una de ellas tiene que ver con La Ley de Vivienda, que complica aún más el déficit de inmuebles disponibles en nuestro país.

Esto tiene que ver con que al imponer un límite en los precios de los alquileres, sumado a la utilización del índice de referencia del alquiler que utiliza el Gobierno para impedir las subidas injustificadas han ocasionado que menos personas elijan ofrecer sus viviendas vacías para la renta. Por ello, la oferta disponible continúa disminuyendo y provocando más aumentos en los precios. De esta forma, se genera un circulo vicioso que es complicado del que es difícil salir. Estos son los motivos por los que explican, la Ley de vivienda genera un déficit de oferta de inmuebles.

Según entienden, la normativa, ha sido un laboratorio populista y solo con la intención de captar votos. Incluso ha generado la intromisión del Gobierno en el mercado inmobiliario. Impidiendo las subidas de las rentas en más del porcentaje que se fijan. Además con esta normativa, se ha generado una estigmatización de aquellas personas que deciden invertir e incluso de los propietarios particulares.

La falta de oferta, ¿Un problema de difícil solución?

Los especialistas que han participado de esta mesa, explican que la enorme cantidad de normas e informes sectoriales son uno de los problemas que impiden solucionar el déficit de inmuebles que acentúa la Ley de Vivienda. Es que dificulta, dicen, la aprobación de planes, que incluso quedan obsoletos muy rápidamente. Otra de las críticas que realizan, tiene que ver con el largo tiempo que hay que esperar para el desarrollo de suelo finalista que sumado a la regulación de los alquileres acentúa el problema que nuestro país ya tenía.

Pero estas no han sido las únicas recriminaciones. Barcelona, por ejemplo ha sido criticada durante el encuentro por decidir reservar el 30 por ciento de una promoción de vivienda de obra nueva como protegida. Esta decisión ha generado que posibles inversores no se sientan incentivados a llevar adelante este tipo de proyectos. La consecuencia, es que cada vez hay menor cantidad de viviendas a estrenar.

Cuál fue la opinión de la mesa redonda respecto a la actitud de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha sido la que mas se ha opuesto a la normativa. No debemos olvidar que ha presentado recusaciones e incluso hace pocos días ha dejado en clara su postura de no declarar zonas tensionadas.

Cabe aclarar que en este encuentro, también se encontraba María José Piccio. Ella es la directora General de Vivienda de la Comuna. Durante la reunión, ella ha explicado que consideran que la seguridad jurídica tiene un importante papel y además que el suelo debe ser entendido como la materia prima de la vivienda.  Uno de los problemas según dice, tiene que ver con los tiempos de desarrollo del suelo. Es que son excesivamente largos y pueden superar entre los 10 y 15 años.

Ante este problema, se espera que pueda salir a la luz en los próximos meses la Ley del Suelo. Mediante ella se espera poder reducir los tiempos necesarios para tramitar licencias de obra nueva. Incluso, gracias a ella se sustituirían las licencias por lo que se denomina declaraciones responsables.

A la hora de analizar y pensar las medidas que ha tomado Ayuso y la Comunidad de Madrid respecto a la normativa, los han considerado como el lugar más progresista respecto a la vivienda. Esto tiene que ver con que según ellos se favorece la inversión.

Tenemos que tener presente que la Ley de Vivienda ha sido confrontada por varios sectores, aduciendo que la normativa no lograba solucionar el déficit de inmuebles. Pese a ello, hoy en día se encuentra vigente, y desde la Comunidad de Madrid buscan hacerle frente. Para ello, han aprobado un plan de 10 medidas para impulsar la vivienda tanto para este año como para el que viene. Dentro de ellos se plantean incentivos fiscales: estos se producirán en el IRPF. En él se producirá con una nueva quita del 25 por ciento para aquellas personas a los que en el crédito hipotecario el interés haya subido al compararlo con el abonado en diciembre del 2022.

También se han realizado cambios temporales respecto al uso de suelo de oficinas. Se incorporará un seguro de impago gratuito durante una mayor cantidad de años y además aumentar la oferta en pequeños municipios dentro de la Comuna.

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En los últimos días, el partido Vox ha hecho una proposición no de ley en el Congreso. Allí piden derogar la Ley de Vivienda. Además, han presentado un plan nacional de vivienda social en todo nuestro país. Si bien abarca todo el territorio, se trabajaría con más profundidad en las zonas más tensionadas del mercado inmobiliario.

Pero tratemos de poner esta información un poquito en contexto. La normativa, que fue publicada en el BOE el día 25 de mayo se ha ganado casi la misma cantidad de adeptos como de detractores. Esto tiene que ver quizás, con la forma en que se buscan solucionar los problemas de fondo que hace mucho tiempo tiene nuestro país en materia de vivienda.

Lo cierto es que la normativa, que fue aprobada en la legislatura pasada, ha sido impulsada y liderada por una serie de partidos. Estos fueron: PSOE, Unidos Podemos, ERC y EH Bildu. Se suponía que mediante ella, los problemas del mercado inmobiliario se podrían corregir. Pero parecería estar hoy, todo un poco más complicado que antes. Esto se debe a que los precios de las viviendas, tanto para la venta como para el alquiler, continúan en subida.

Son varios los partidos políticos, incluso muchos de los actores que participan en el sector inmobiliario, que han levantado su voz ante la incorporación de la Ley de Vivienda. Es más, se han presentado desde varias Comunidades Autónomas recursos de inconstitucionalidad. Esto se debe a que la constitución de las Comunas les da a ellas la potestad de tomar decisiones en materia de vivienda. Con la nueva normativa, es el Gobierno central quien lo estaría haciendo, interfiriendo en aspectos que no le corresponden.

Otro punto que ha generado gran revuelo, tiene que ver con que al establecer zonas tensionadas y limitar los valores de los alquileres, lo que se hace es intervenir el mercado inmobiliario, con lo que muchos consideran que se coarta la posibilidad del propietario de tomar decisiones sobre su bien. Han llegado a decir que estas medidas, solo se toman en países como Cuba.

Pese a todas las críticas, la Ley de Vivienda se encuentra vigente. Sin haber siquiera tratado de llegar a un acuerdo que permita que las Comunidades y los actores que forman parte del mercado inmobiliario puedan participar de la discusión. Ante todo ello, desde el Vox, han decidido registrar una proposición no de ley en el Congreso. Por medio de ella piden derogar la ley de vivienda por un lado y por el otro impulsar la vivienda social en nuestro país, para lograr brindar una verdadera solución al problema habitacional que estamos atravesando. Una aclaración válida en este punto, es que no solo es algo que sucede aquí, la mayoría de los países de Europa se encuentran en una situación compleja también.

En este post te contaremos cuáles son los argumentos que esboza el Vox para realizar esta presentación en la que piden derogar la ley de vivienda, qué se espera lograr con ello y mucho más. ¿Nos acompañas?

Desde el Vox piden derogar la Ley de Vivienda

En los últimos días el Vox ha realizado una proposición no de ley en el Congreso. Allí piden derogar la Ley de Vivienda y además impulsar un plan nacional en todo nuestro país de vivienda social. Esto sería más especialmente en aquellas zonas en las que exista tensión en el mercado.

Es que esta normativa, que entro en vigencia el 25 de mayo luego de mucha controversia, no parece haber logrado resolver los problemas y anomalías del mercado inmobiliario de nuestro país. Recordemos que la ley ha sido aprobada por la legislatura y apoyada por varios partidos: el PSOR, Unidos Podemos, ERC y EH Bildu. Y ya ha tenido incluso una serie de recusaciones desde distintas Comunidades Autónomas.

Un punto que debemos tener presente es que, pese a su puesta en vigencia, el valor tanto de las viviendas en venta como para la renta ha continuado en subida. Por lo que, claramente, no ha logrado su objetivo. Por ello, desde el Vox, aducen que es necesario que el Gobierno trabaje el lograr cambiar el ambiente hostil y difícil respecto a la posibilidad de acceso a un hogar. Así, tener una casa no se entendería como un lujo para la población de nuestro país.

La escasez de vivienda social, un problema real

Además de que desde el Vox piden derogar la ley de vivienda, han presentado también un plan nacional de vivienda social. Es que hoy en día, en todo el territorio nacional existe solo un 2,5 por ciento de viviendas de este tipo.

Quizás este número no signifique mucho por sí solo. Pero, si analizamos lo que pasa en los distintos países, e incluso en el continente, veremos que es muy escaso.

La media de la Unión Europea, hoy en día es de 9,3 por ciento. En Países Bajos, por otro lado, llega a un 30 por ciento. Austria, un 24 por ciento y Dinamarca un 20,9 por ciento. Solo por citar algunos ejemplos.

El problema de la vivienda, no solo lo enfrenta nuestro país. Pero según explican desde el Vox, el nuestro es uno de los países que tiene la menor cantidad de viviendas sociales en relación con la cantidad de personas que habitan aquí. Se estima un inmueble de este tipo por cada 100 habitantes.

Cabe aclarar que no siempre fue así. Hasta 1985 se construían más viviendas de este tipo que libre. El problema surge a partir de ese año y 1991, momento en el cuál comenzó el descenso de la construcción de ellas, y el último embiste lo dio la crisis financiera.

Pero, la pregunta que surge es cómo puede solucionarse. Si bien desde el Vox piden derogar la Ley de Vivienda, esto no ayuda al problema estructural que tenemos. Para ello, explican, será necesario contar con mayor apoyo en la construcción de este tipo de viviendas. Por lo tanto, sugieren generar una colaboración público –privada para poder aumentar la cantidad de edificaciones sociales. Además, consideran que es importante incrementar la posibilidad de que ellas cuenten con la opción del régimen de propiedad y arrendamiento con posibilidad de luego comprarla.

Será importante para poder poner en practica este plan, que se efectúe un estudio sobre la forma en que se compone hoy en día tanto la vivienda social como protegida y cuáles son las localidades más comprometidas con el fin de poder darles la prioridad que merecen.

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La Ley de Vivienda sigue generando controversia y revuelo. En los últimos días, la Comunidad de Madrid informó que no declarará zonas tensionadas para poder controlar el precio de los alquileres en las zonas problemáticas. Este es un nuevo punto de discusión que se lleva adelante en la Comuna. Recordemos que ya ha presentado recusaciones al Tribunal Supremo, hace varios meses. Además, son varias las ocasiones en que ha criticado muchos de los puntos que la normativa establece.

Dentro de la Ley de Vivienda, se establece la utilización de un índice de precios de referencia. De esta form, a en las zonas tensionadas podrían limitarse los valores de los alquileres en un rango de mínimos y máximos. Esto se haría teniendo en cuenta las características del piso.

En este caso, el Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la CAM, ha explicado los motivos de la decisión. Allí informa que la Comunidad de Madrid no declarará zonas tensionadas, ya que estaría interviniendo el mercado al hacerlo. Aducen que con estas medidas, el efecto sería el contrario al esperado. Esto significa que los precios de los alquileres serían mucho más altos.

Tenemos que tener presente que no es la primera vez que se realizan este tipo de acciones y son varios los ejemplos en los que el resultado fue malo. Por ejemplo en Barcelona.

En este post te contaremos todo respecto a las razones por las que la Comunidad de Madrid ha explicado que no declarará zonas tensionadas para limitar los precios de los alquileres.

La Comunidad de Madrid no declarará zonas tensionadas en su territorio

Lo primero que debemos dejar claro a qué se llama zonas tensionadas. Dentro de la Ley de Viviendas se ha incorporado un punto, en el que se brinda la posibilidad a las Comunidades Autónomas de establecer localidades que tengan problemas para el acceso de viviendas. Al realizar el trámite para incorporarlas dentro de esta categoría, se establece un índice de precios de referencia con el fin de limitar los precios de los alquileres en dicha área. Esto significa que se establece un máximo y un mínimo de lo que los propietarios pueden solicitar por sus inmuebles.

El problema es que no todas las comunidades están de acuerdo con su aplicación. Un ejemplo de ello es la Comunidad de Madrid, que ha decidido que no declarará zonas tensionadas dentro de su territorio.

Al hacer referencia a los motivos para ello, Jorge Rodrigo, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la CAM, explica que este tipo de medidas son intervencionistas. Esto significa que se interviene al mercado inmobiliario y esto provocaría mayores subidas en los precios de los alquileres. O sea, el efecto contrario al que se busca.

Al informar a los medios la decisión de la Comunidad de Madrid, explicó que no declarará zonas tensionadas en ningún caso y tampoco se aprobará ningún tipo de zona tensionada de ningún municipio de la Comunidad. Un punto que respalda la postura del Gobierno de Ayuso, es que no es la primera vez que se intenta incorporar este tipo de medidas. Existen varios ejemplos de prácticas como estas que no han funcionado. Algunos de estos ejemplos fallidos, pueden ser Barcelona, París o Berlín. Incluso, se puede citar un ejemplo más reciente, en Escocia.

Hay algunos puntos que es necesario aclarar sobre la Ley de Vivienda. El Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado aprobar la normativa que desde muchas Comunidades ha sido cuestionada. Esto tiene que ver entre otros puntos con que vulnera la potestad de las Comunas sobre la vivienda. Es que solo ellas pueden tomar medidas sobre este punto en particular. Con la nueva normativa, se ha saltado dicho derecho, siendo sobrepasado por el Gobierno nacional.

Otro punto importante, es que no es la primera batalla que la Comuna tiene debido a la Ley de Vivienda. Hace tiempo que ha recurrido ante el tribunal Constitucional la normativa, pese a que aún no se han tomado definiciones al respecto. 

Cantabria tomará el mismo camino que la Comunidad de Madrid

La regulación de los precios del alquiler que permitiría la incorporación de las zonas tensionadas no es aceptada por todas las comunidades. El Gobierno de Cantabria ha decidido que tampoco aplicará esta opción para poder controlar los precios de los alquileres.

Es que la Ley de Vivienda permite a las Comunidades establecer las localidades en las que la oferta es muy baja y la demanda muy alta, y en consecuencia fijar zonas tensionadas. Luego, con el índice de referencia de precios, se establecen valores mínimos y máximos para ellos.

Ya desde el momento en que la normativa vio la luz, muchas Comunas explicaron que al intervenir el mercado, lo que sucede es el efecto contrario al buscado. Incluso, desde el Gobierno de Cantabria, explican que este tipo de regulaciones son propias de países comunistas.

El consejero de Fomento, Roberto Media, consideró que el mercado no se puede regular. Además, explicó que desde su perspectiva el Gobierno central impulsa decretos que pueden considerarse ideológicos, y cuyos resultados serán los opuestos a los que se pretenden.

Incluso, fue bastante crítico a la hora de analizar la situación. Él considera que el propietario de la vivienda debe tener el derecho de cobrar lo que quiera por el alquiler. Es que será el mercado quien regule esto y solo deberían desde la Administración tomar medias y trabajar para poner a disposición de la población que lo necesite viviendas sociales. No debería el Estado cargar en la población una responsabilidad que no le corresponde. Otra de las opciones es que se le puedan brindar a los propietarios garantías suficientes para que elijan poner sus inmuebles vacíos en alquiler.

En esta Comunidad, justamente, se ha tomado la determinación de llevar adelante medidas de este tipo. Por ejemplo, han iniciado un plan en el que se proyecta la construcción de 300 viviendas dentro del alquiler social. Pero esto no ha sido lo único. El Gobierno del PP de Cantabria, ha decidido tomar la iniciativa de impulsar una nueva Ley de Viviendas. Por medio de ella, se busca establecer normativas que puedan hacer frente al problema de los okupas y volver a poner en marcha el Plan Moviva, con el que se pueda motivar a los propietarios de viviendas vacías, a que decidan volcar estos pisos para el alquiler.

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