El Gobierno vasco continúa su lucha contra la ley de vivienda, y ha ganado una pequeña batalla. Es que el Pleno del tribunal constitucional ha admitido el trámite iniciado por la Comunidad.
En este punto es importante que hagamos un pequeño racconto respecto a las repercusiones que ha traído la puesta en vigencia de esta normativa. Debemos recordad que ya en los inicios se ha llenado de detractores y adeptos. Si bien desde el Gobierno Central explican que la intención es la de poder solucionar un problema estructural de nuestro país como es el acceso a la vivienda, no parecería haber surtido mucho efecto.
Quienes participan dentro del mercado inmobiliario, han expresado que no han sido convocados ni escuchados a la hora de pensar que estrategias podrían utilizarse para solucionarlos. De ahí que consideran que muchas de las medidas no solo no funcionarán sino que serán incluso contraproducentes.
Uno de los puntos que más problemas ha generado, tiene que ver con que la Ley de vivienda sobrepasa la potestad que el Gobierno Central tiene sobre la vivienda, ya que éste, es un aspecto que tiene que ser tratado y regulado por cada una de las Comunidades Autónomas de nuestro territorio. Por este motivo, varias de ellas han interpuesto recursos de inconstitucionalidad a la normativa para lograr frenar este atropello.
Otro de los puntos, ya más especifico que ha generado revuelo, tiene que ver con la incorporación de la categoría de zona tensionada para aquellas localidades que tengan problemas para abastecer la demanda con la oferta. Con este mecanismo lo que se fija es un valor máximo y mínimo para las propiedades que se pongan a la renta. De esta forma, en teoría, lograrían evitar las subidas indebidas de los precios.
Estos puntos han llevado a distintas Comunas a presentarse a la justicia incluso a pedir la nulidad de la normativa. El gobierno vasco, particularmente, ha iniciado su batalla contra la ley de viviendas. Se ha presentado un recurso en el que se plantea la inconstitucionalidad de una serie de artículos de la normativa. Esta presentación tiene que ver con la vulneración de las competencias que tiene su Comuna respecto a la materia vivienda dentro de su territorio. Esta situación se encuentra establecida dentro del Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Pero, la novedad es que en los últimos días el Tribunal Constitucional ha admitido la presentación efectuada. Deberemos esperar ahora saber si hará lo mismo con las otras ocho comunidades que han efectuado la misma presentación. Algunos de ellos han sido Andalucía, Madrid y Baleares.
En este post te contaremos todas las novedades respecto a cómo el Gobierno vasco pelea contra la ley de viviendas y cuáles son los puntos en los que se basa para solicitar la inconstitucionalidad. ¿Nos acompañas?
En este artículo encontrarás:
El Gobierno vasco gana una pequeña batalla contra la ley de vivienda
En los últimos días, el Pleno del Tribunal Constitucional, ha decidido admitir el trámite presentado por el Gobierno vasco contra la ley de vivienda. En esta presentación realizada por la Comunidad, ha expresado que una serie de artículos que contiene la normativa, son inconstitucionales. A la hora de explicar cuáles son los motivos, alegan que en ella se vulneran las competencias que le pertenecen exclusivamente a las Comunidades Autónomas, respecto a tomar medidas en materia de vivienda. Cabe aclarar que esto se encuentra establecido dentro del Estatuto de Autonomía del País Vaso.
Ahora, el resto de las ocho Comunas y Diputados que han presentado recursos de inconstitucional similares, deben aguardar saber si se tomará la misma decisión con ellos. Por ejemplo Andalucía, Madrid y Baleares.
Cuáles son los motivos que llevan al Gobierno vasco a ir contra la ley de vivienda
El día 26 de julio del año pasado, el portavoz del Ejecutivo de la Comuna Bingen Zupiria, ha debido presentarse a una comparecencia. Allí explicó que dentro de la Ley de vivienda, existen preceptos que condicionan al Gobierno vasco en materia de vivienda, por ello van contra la normativa. Es que existe una vulneración de competencias que corresponden específicamente a la Comuna.
Por otro lado, desde el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, explican que la Ley Estatal, le quita a la Comuna la potestad de desarrollar y definir las distintas políticas propias respecto a la vivienda. Esta situación, genera un escenario de inseguridad jurídica respecto a la normativa que debe ser tomada en cuenta.
Cuáles son los artículos que han sido recusados por inconstitucionales
A la hora de que el Gobierno vasco inicie su recusación contra la ley de vivienda, han decidido marcar una serie de preceptos de ella como inconstitucionales. Esta presentación se hace sobre la Ley estatal 12/2023 que ha visto la luz el día 24 de mayo al ser publicada en el Boletín Oficial.
La lista de artículos que han recusado es la siguiente:
- 3
- 10.2
- 15.1.d)
- 15.1.e)
- 16
- 17
- 18
- También la disposición transitoria segunda.1
- La disposición adicional tercera
- Disposición final tercera
- Además de la disposición final primera
- Apartados: 1, 3 y 6
- Por último la disposición final cuarta
Otras comunidades plantean el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo
Como dijimos anteriormente, el Gobierno vasco no es el único en ir contra la ley de vivienda. Esta normativa que busca generar además un cambio de paradigma, en el que la vivienda sea un derecho, ha generado mucha controversia. Por ello es que hasta el momento, existen vigentes ocho recursos de inconstitucionalidad que han sido llevados a la justicia por distintas Comunidades Autónomas y Diputados.
Es que no solo las Comunas han levantado la voz contra la normativa. También se han presentando dos recursos por parte de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de Diputados, por el Parlamento de Cataluña y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña, Islas Baleares y Madrid.
La Comunidad de Madrid, por ejemplo ha realizado una declaración, en la que ha dejado en claro que no utilizará la posibilidad de declarar zonas tensionadas en la región, ya que considera que es un intervensionismo de parte del Gobierno Central en un mercado que debería autorregularse.
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