En cualquier país del mundo, se sabe, las elecciones son el momento justo para esperar todo tipo de políticas públicas, en especial, las de ayuda social. Sea porque se vienen planificando con anterioridad o porque la urgencia de antecedentes positivos lo reclama, los meses previos a la votación suelen generar una serie de acuerdos y desacuerdos públicos sobre temas sensibles a la sociedad. En ese marco, no es del todo una sorpresa el anuncio del gobierno sobre el ofrecimiento de un aval estatal para jóvenes que desean comprar su primera residencia. No obstante, más allá del contexto, la medida es acorde a una demanda real que viene expresando este sector de la población. Veamos de qué se trata.
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Un aval que suma posibilidades para comprar casas
En el marco del comienzo de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo (la llamada 28-M), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez utilizó una reunión de su partido para anunciar una medida que luego llevaría al Consejo de Ministros. Se trata de un aval que suma posibilidades para que jóvenes menores de 35 años puedan comprar su primera casa. El financiamiento para tal oferta son fondos provenientes del ICO (Instituto de Crédito Oficial), y serían utilizados para cubrir hasta el 20% de la hipoteca que soliciten jóvenes o familias con menores a su cargo. A estos requisitos se suma el límite de ingresos, que no deben superar individualmente los 37.800 euros anuales.
Según datos de la Agencia Tributaria en España hay 16,6 millones de asalariados con rentas inferiores a 36.500 euros anuales (el umbral más cercano al fijado por Sánchez en su anuncio), pero los anuncios no han sido claros respecto del impacto efectivo que tendrá la medida.
En cualquier caso, lo cierto es que muchos jóvenes que tienen ingresos inestables por el tipo de empleo que pueden justificar, y familias que no pueden salir de la lógica del alquiler, se verían beneficiadas con este aval. Recordemos que los bancos, para otorgar una hipoteca, observan todos los antecedentes de los solicitantes y en base a ellos ofrecen, en general, no más del 80% del valor total del piso. De allí se infiere que el partido gobernante haya estipulado el porcentaje del 20% que debería financiar el Estado.
Un contexto pleno de declaraciones
Ciertamente la medida no estuvo exenta de conflictos políticos y el mismo Sánchez se ha ocupado de utilizar eso como parte de su campaña. Recientemente, en un mitin del PSOE en Santa Cruz de Tenerife, remarcó que sus opositores “andan un poco molestos porque anuncio medidas”. Luego, en un tono más propositivo, refirió a que “tenemos que hacer de la vivienda lo que dice nuestra Constitución: que es un derecho, no un problema […] Yo quiero que España se convierta en un país que tiene un 20% de vivienda protegida. Esa es la gran causa nacional a la que voy a convocar a todos los españoles para la próxima década”.
En gran parte, estos dichos se dirigían a Alberto Núñez Feijóo (PP), quien a mediados de abril había anunciado su plan alternativo al Ejecutivo, que incluía un aval del 15% asumido por el Estado para ayudar a los jóvenes a pagar la entrada de la casa.
Mientras tanto, la sociedad española tiene claro que este contexto pleno de declaraciones se debe más al clima electoral que a la abundancia de propuestas. Para salir de esta lógica sería mucho más productivo que semejantes anuncios y medidas, derivados de problemas que tienen larga data en nuestro país, sean realizados y efectivizados en otros momentos más tempranos de la gestión del gobernante de turno.
Los números del aval
Tal como se ha dicho, la medida anunciada por Sánchez beneficiaría a familias y jóvenes menores de 35 años con un aval del 20% para financiar la hipoteca de la primera residencia. En cuanto a los ingresos, se anunció además del tope individual de 37.800 euros anuales que el mismo “contará con factores de mejora en función del número de hijos” y que el límite aumentaría para el caso de familias monoparentales.
Estas no son las únicas medidas sobre vivienda anunciadas por el PSOE. Recordemos que desde abril se propusieron otras tales como la distribución de 50.000 viviendas gestionadas por la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), o el financiamiento de 43.000 viviendas destinadas al alquiler social, financiadas también por el ICO; el 25 de abril, y la promoción de 20.000 inmuebles más a desarrollarse en suelos del Ministerio de Defensa.
Todo esto forma hoy el paquete de medidas por las que el gobierno, tras la recientemente aprobada Ley de Vivienda, espera reforzar las candidaturas de su partido en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y, a fin de año, también de las generales. Atender la problemática es, sin dudas, un derecho que merece ser debatido en voz alta y con la participación de todos los partidos. Esperemos, sin embargo, que cuando finalicen las elecciones no se acalle el ruido ni se disuelvan las promesas.
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