Desde que el gobierno de Pedro Sánchez anunció que iba a poner a disposición de los municipios y las Comunidades Autónomas 50.000 viviendas de la SAREB para dedicarlas al alquiler asequible, varias fueron las repercusiones tanto mediáticas como políticas. En la nota de hoy retomamos este tema que, inevitablemente y hasta que se ejecuten esos recursos, estará inmerso en el debate.
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Cómo se distribuyen las viviendas de la SAREB
Tras el anuncio de Pedro Sánchez respecto de las 50.000 viviendas de la SAREB que serían destinadas al mercado social (que cueste un máximo del 40% de los ingresos de los inquilinos) y asequible (por debajo del mercado pero no vinculado a la capacidad adquisitiva), varias fueron las críticas a esta medida referidas a su viabilidad y a su ejecución. Entre ellas, se mencionó que no todas las ofrecidas eran viviendas construidas o finalizadas, y en definitiva, disponibles para su alquiler. También se dijo que esas propiedades no competirían en los mercados donde es más cara la renta. Incluso de dejó plasmado que esta medida, aún en combinación con otras similares como la “Operación Campamento”, resultan prácticamente inocuas.
Entre tanto, y sin lugar a dudas, uno de los cuestionamientos más resonantes en medios y debates públicos estuvo relacionado a la distribución de las viviendas de la SAREB. ¿Se corresponden acaso, no sólo la cantidad, sino la ubicación de esos pisos, con los lugares donde hay mayor demanda poblacional?
Resulta ser que, considerando la cantidad de viviendas que tiene la SAREB en cada autonomía, en la Comunidad de Madrid se ponen a disposición sólo el 16,8% (455 pisos), en Cataluña el 26,2% (3.539 viviendas), y en las Islas Baleares el 26,8% (120 unidades).
La Comunidad Valenciana moviliza el 55,6% de su parque (4.950 unidades), convirtiéndose en la CCAA en aportar mayor cantidad de propiedades para esta iniciativa del Gobierno, por delante de Cataluña.
Un mayor porcentaje, no obstante, lo proveen comunidades donde el organismo tiene menos pisos. Tales son los casos de Castilla y León, con el 81,9% (2.288 unidades), Galicia, con el 70,2% (1.285 casas), y Murcia, con el 60,1% del stock (2.093 viviendas).
El equilibrio sobre la oferta y la demanda de pisos
Se entiende que el objetivo de la medida es poder contener la demanda de alquileres, pero el panorama anteriormente planteado indicaría que los reales efectos tendrán un impacto menor a lo anunciado. Según el análisis de Idealista, los municipios donde la SAREB cuenta con más de un centenar de pisos con mayor presión de la demanda se encuentran, sobre todo, en Barcelona y Madrid. Específicamente, se concentran en las áreas de Hospitalet de Llobregat, Badalona o Santa Coloma de Gramenet -en la ciudad catalana-, y en Parla, Getafe o Collado Villalba, en la capital.
En estos casos, claramente, puede existir una correspondencia entre la demanda y la oferta. No obstante, en otras poblaciones se destinarán viviendas no acordes a la demanda media o muy baja que posee. Tales son los casos de Murcia, Torre-Pacheco o Salamanca.
Los problemas de ejecución de las viviendas de la SAREB
Para entender un poco mejor la situación hay que saber que las viviendas de la SAREB estaban disponibles antes del anuncio de la medida, en el sentido de que su cesión estaba (en teoría) dentro de las negocaciones posibles entre el gobierno nacional y el de las comunidades autónomas. Por esta razón generó en algunas cierto malestar el anuncio, dado que el mismo unifica en una misma propuesta, reclamos que se venían haciendo de manera particular desde distintas CC.AA. Entre ellos, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció las negociaciones con la Generalitat para venderle vivienda de la SAREB, concretamente, 200 viviendas y 200 suelos.
Recordemos que dentro del plan del gobierno, de las 50.000 viviendas que pondría a disposición de las comunidades, sólo 35.000 están finalizadas, en tanto que las otras 15.000 están aún por construir. Además, entre las primeras hay 14.000 ya en alquiler y habitadas, por lo que se estudiará la vulnerabilidad de las familias para ofrecerles vivienda social. Los otros alquileres sociales los gestionarán las CC.AA y municipios que compren entre las 21.000 viviendas que el Estado espera vender a otras administraciones. Ahí entrarían las 200 que negocia con la Generalitat, la venta ya cerrada de 500 viviendas a la Comunidad Valenciana, las 200 a Galicia, y las 42 viviendas que está negociando vender al Ayuntamiento de Madrid.
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