Es un año de elecciones generales y los partidos comienzan a hacer frente de campaña en todos los ámbitos. El sector inmobiliario no es la excepción, ya que en este marco se convierte en parte de la discusión al ser urgentes la problemática de la vivienda y los impuestos, entre muchos otros. Hacia ese lado apunta una propuesta del PP y el diagnóstico sobre los pueblos de la España rural.

La importancia de ocuparse de las zonas rurales

La problemática de la vivienda rural en España viene siendo tratada en numerosas ocasiones por las autoridades ejecutivas de las zonas más afectadas. En particular, han habido políticas vinculadas a promover la repoblación de determinados lugares. Usualmente dependen de que se destinen fondos y subsidios a menores de 35 años o familias jóvenes para que se asienten en pueblos de menos de 10.000 habitantes. Algunas de estas ayudas son para alquilar, otras para financiar la compra de una casa y otras para rehabilitarlas. En cualquier caso se trata de reactivar las economías locales, atrayendo recursos humanos primero y luego, también el turismo.

Sin embargo, estas medidas no resultan suficientes para revertir un problema que, sin dudas, requiere políticas a largo plazo. Hay, por supuesto, lugares en donde es más visible este debate. En Galicia, por ejemplo, hay alrededor de 33.000 pueblos, y más del 90% del territorio regional es rural. Tal situación es bien conocida por el presidente del Partido Popular nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien recientemente expuso su análisis de la situación en una jornada internacional.

En ese camino, el referente indicó que no se trata de un problema sectorial: en España el 52% del territorio es rural, y es allí donde vive el 21% de la población. Esas cifras convierten a nuestro país en el que tiene más desequilibrio en la distribución de su población entre la UE, ya que además, el 90% de la misma reside en el 9,3% de los municipios y el 40% vive en la costa, según se explayó.

Un debate por la población, la industria, los impuestos y la autonomía alimentaria

Ciertamente, éste no es un tema de debate que afecte sólo a España. A nivel internacional, las propuestas giran en torno al impacto que genera la despoblación en la economía y la necesidad de proteger la autonomía alimentaria. Esto sin contar los efectos que la superpoblación en las ciudades tiene sobre el cambio climático, o las facilidades que podrían aprovecharse tras la “normalidad de la pandemia”, cuando se hicieron patentes la incorporación de nuevas tecnologías y el gran impulso al teletrabajo.

Se trata, en definitiva, de un asunto en el que tienen mucho que decir autoridades y profesionales de ámbitos como la vivienda, la industria, el sector empresarial de microemprendimientos, y la administración vinculada a compras, herencias y donaciones. De igual manera se podría incluir a todos los sectores que hacen a la institucionalización de una sociedad y que hacen posible el desarrollo de vías y sistemas de transporte, la inauguración de escuelas y hospitales, el planeamiento organizado de servicios y la actualización en las comunicaciones. Todos estos factores son necesarios para otorgar comodidades a la población, pero también para asegurar que su formación y producción circule por los canales adecuados y resulte, entonces, competitiva.

Ante tal complejidad, se entiende que aquello que comienza como un diagnóstico de decrecimiento en los índices de población, es causa y consecuencia de diversas problemáticas a nivel país. Por eso es que internacionalmente se reconoce que para revertir tal siuación son necesarias políticas de Estado sostenidas a largo plazo.

La propuesta partidaria para la España rural

En el cierre de una jornada del PP europeo realizada en Teruel, Alberto Núñez Feijóo, presentó la problemática de “La España de los pueblos y la Europa rural”. Haciendo referencia al año electoral, refirió a la necesidad de una fiscalidad específica para esas zonas: “Si usted monta una industria, abre un negocio y se instala en el rural le voy a cobrar menos impuestos y, si es posible, algunos no se los voy a cobrar”. Con esta propuesta volvió a visibilizar la problemática que, como se dijo anteriormente, afecta a gran parte de nuestro país.

Específicamente, el diagnóstico presentado durante la Jornada, evidenció la necesidad de aumentar las ayudas al funcionamiento empresarial en las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, así como suprimir los impuestos por compra, venta o permuta de tierras.

En términos impositivos y de financiamiento, el referente del partido cree que se deberían compartir los gastos e ingresos de las personas que viven parte de la semana en el medio rural y parte en la ciudad, de manera que los mayores aportes o producción no queden sólo en esta última.

En cuanto a la vivienda, el plan incluiría la rebaja de impuestos tales como el IBI y el Impuesto de Transmisiones. Las mayores excepciones impositivas se darían entonces para aquellos casos en los que los habitantes inviertan para rehabilitar las casas, antes incluso que para construirlas.

Feijóo arriesgó también a preguntarse por la posibilidad de instalar industrias en el medio rural, elaborar planes sectoriales industriales y descomprimir así el atasco en las ciudades.

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