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La incorporación de las zonas tensionadas en España sigue trayendo algunos inconvenientes y discusiones. Algunas de las Comunidades Autónomas consideran que mediante este sistema solo se esta interviniendo el mercado, que debería ser libre. Otras comunas lo entienden como la solución que les permitirá resolver en parte el problema de la vivienda en sus localidades.

Un  punto importante que tenemos que tener muy presente es que para ser consideradas zonas tensionadas será necesario contar con dos requisitos. Uno de ellos es que la tasa de esfuerzo que se deba hacer para el pago de la vivienda, sea mayor al 30 por ciento de los ingresos. El segundo que el valor de la vivienda haya registrado subidas tres puntos por encima del IPC en los últimos 5 años.

En este post, te contaremos sobre algunos municipios que quieren entrar en la categoría de zonas tensionadas en España pero no cumplen los requisitos necesarios pese a haber realizado ya los trámites para ello. ¿Nos acompañas?

Requisitos y dudas respecto a las zonas tensionadas en España

La incorporación de la Ley de vivienda ha traído muchas discusiones y problemas entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central. Esto se debe a que hay un avasallamiento sobre la competencia que las Comunas han tenido por Constitución sobre la materia de la vivienda.

Pese a ello varias Localidades han presentado la documentación y realizado el trámite para poder ser encasillada dentro de la zonas tensionadas de España. Ahora el problema parecería ser que algunas de ellas no han revisado correctamente los números y un total de 18 municipios catalanes podrían quedar afuera de esta categoría por no cumplir los requisitos que la ley establece.

Es que Barcelona junto con otros 17 municipios de Cataluña han solicitado ser incorporados, dentro los 140 totales que ha presentado la Generalitat. El problema es que ellas no cumplen los dos requisitos si utilizamos para ello los datos oficiales que publica el Ministerio de vivienda. Por este motivo, debería ser desestimado y no podrían en ellos establecer las medidas de control de precio que la ley estipula.

Dejemos primero en claro cuáles son los requisitos:

  • La tasa de esfuerzo para poder pagar la vivienda mes a mes, incluyendo los gastos referidos a los servicios, debe ser  mayor al 30 por ciento de los ingresos
  • Que el valor de la vivienda se haya incrementado por encima del IPC en tres puntos durante los últimos cinco años.

 

Barcelona: una zona tensionada o no

Si bien Barcelona intenta ser enmarcada dentro de las zonas tensionadas de España, en algún punto podría quedar afuera, debido a no cumplir los requisitos necesarios. Es que si utilizamos los valores de alquileres que informa el Ministerio, los datos del Instituto Nacional de Estadística y la estimación del consumo energético de la CNM, no logra llegar esta localidad al 30 por ciento de tasa de esfuerzo. Según estos datos, alanzaría el 27 por ciento, 3 puntos por debajo del porcentaje necesario.

Pero veamos ahora que sucede con la variación en el precio. En 2018 el Ministerio establece un valor promedio de 725 euros, para el 2022 el incremento alcanzó los 830 euros. Esto significa una subida del 14,5 por ciento. El IPC en Cataluña ha sido del 11,97 por ciento por lo que no alcanzaría establecerse como zona tensionada.

Desde la Generalitat, puede llegar a utilizar la variación por metro cuadrado. Esto se debe a que con esos valores si se alcanza el límite necesario, dando una cifra del 15,7 por ciento. El problema es que con la tasa de esfuerzo no se podría de igual manera incorporarla dentro de esta dura medida.

Si tomáramos los valores del mercado real, con las ofertas que realmente se hacen por las viviendas, la situación sería distinta. Es que la ciudad de Barcelona sí supera los valores estipulados por la Ley de Vivienda.

Para alquilar una vivienda, tomando en cuenta también los gastos necesarios para cubrir los suministros en Barcelona en finales del año pasado, alcanzaba un 47,5 por ciento. Por otro lado los valores se han incrementado en un 28,6 por ciento en los últimos 5 años. En ese momento en el que el IPC en Cataluña era del 15,74 por ciento. Si le sumamos los 3 puntos que se fijan en la normativa sería del 18,74 por ciento.

Otras localidades que quieren ser zonas tensionadas en España pero podrían no cerrar los números

Barcelona no es el único sitio en el que los números de las estadísticas oficiales no permitirían establecerlas dentro de las zonas tensionadas de España. El problema es que cuando vamos a los valores reales la situación cambia.

Esto sucede en las siguientes localidades:

  • Figueres,
  • Valls,
  • Lloret de Mar,
  • Tortosa,
  • Ripoll,
  • Cambrils,
  • Guissona,
  • Balaguer,
  • Tortosa,
  • Torrelles de Llobregat,
  • Falset,
  • Roquetes,
  • Tremp,
  • Sort,
  • Palafolls,
  • Montgat,
  • Parets del Vallès,
  • Esparraguera.

En estos municipios, el valor del metro cuadrado ha quedado justo en el límite para poder incorporarlo como zonas tensionadas de España. Cabe clarar que si, como sucede con Barcelona, tomáramos el precio del metro cuadrado, solo quedarían en esta situación seis de ellos: Guissona, Roquetes, Vallirana, Figueres, Alella y Balaguer.

Lloret de Mar, por otro lado, cumple los requisitos de la normativa. Allí la tasa de esfuerzo alcanza el 42,6 por ciento. Además el incremento de precios ha sido del 7,2 por ciento, o sea más de lo que la Ley de vivienda permite.

Respecto al resto de las capitales catalanas que buscan sean ingresadas como zonas tensionadas de España, la tasa de esfuerzo no es superior al 30 por ciento. Por ejemplo:

  • En Lleida es del 19,4 por ciento
  • Tarragona; 20,3 por ciento
  • Girona 21,5 por ciento

Con respecto a la variación de los valores solicitados por las viviendas, las tres cumplen el requisito que estipula la normativa.

Será necesario esperar a ver que sucederá en estas localidades donde los valores oficiales y la realidad parece no ser igual.

Si te has quedado con alguna duda, te invitamos a que nos dejes tu comentario al finalizar el artículo. Desde Oi Real Estate te responderemos a la brevedad. Dejamos a continuación otro artículo que puede ser de tu interés:

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Diferentes gestiones gubernamentales impulsan proyectos para acceder a la primera vivienda. En un medio en el que el acceso a una casa propia se ha convertido en un problema crucial para los jóvenes, estos planes vienen a poner paños fríos a la problemática. ¿En qué consiste el “help to buy” que promocionan las administraciones en este sentido? Te lo contamos en este artículo.

La problemática del acceso a una casa propia se ha convertido en un impedimento crucial para los jóvenes en los últimos años. Es sabido que, ante lo incierto que es el mundo actual, a esa franja etaria se le dificulta pensar en la primera vivienda. Ante esto, diferentes gestiones gubernamentales impulsan proyectos para que se pueda concretar el acceso.

En este sentido, el Gobierno Central impulsa Avales ICO para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda. El “help to buy” que promocionan a través de estos avales están dirigidos a aplacar esta dificultad. Por otra parte, “Mi primera vivienda” es el nombre del programa específico que lanzó el Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Está destinado a adquirir hipotecas de hasta el 100%. 

Esta medida fue aprobada por el Consejo de Ministros. Para acceder a este beneficio, se enlistan una serie de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Y ¿qué son los avales ICO? Continúa leyendo para enterarte de todos los detalles.

¿En qué consiste el “help to buy”?

El concepto “help to buy” significa literalmente “ayuda para comprar”. Esto es lo que se ha propuesto el Gobierno para enfrentar las dificultades de acceso a la primera vivienda para los jóvenes en nuestro país. Las cifras hablan de que sólo el 16% de los jóvenes están emancipados frente al 32% de la zona euro.

Los jóvenes, en promedio, se quedan en la casa de sus padres hasta los 30 años. Se les dificulta ahorrar debido a los salarios que perciben, por lo tanto más complicado es invertir. Lo que es peor, más de 400.000 personas jóvenes han emigrado a otros países luego de formarse en España. Es la cifra más alta desde 2013. Esta problemática es la que llevó a la Administración Pública a tomar medidas. 

Por otro lado, tenemos que, por lo general, los préstamos hipotecarios suelen financiar hasta un máximo del 80% del valor de la propiedad. Esto significa que el comprador debe contar con fondos adicionales para cubrir el porcentaje restante. Esta situación dificulta el acceso a la compra de vivienda para los jóvenes. Por ello, el Gobierno ha optado por implementar avales que faciliten el pago de este porcentaje faltante.

Para su implementación, se ha dispuesto un crédito de 2.500 millones de euros destinados a los avales. Jóvenes de menos de 35 años y familias con menores a cargo pueden aplicar a los avales ICO (Instituto de Crédito Oficial, el banco público adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad). El objetivo es conseguir el 20% del importe que proporcione la garantía adecuada al banco y así puedan conceder la hipoteca.

Durante el año 2022, el gobierno municipal de Madrid comenzó a explorar la posibilidad de implementar un programa destinado a facilitar el acceso de los jóvenes al mercado inmobiliario. El “Help to buy” constituye una iniciativa de colaboración entre el sector público y el privado con el propósito de simplificar la obtención de hipotecas para individuos que carecen de ahorros, pero cuentan con ingresos suficientes para cubrir los pagos mensuales. 

¿Cómo funciona la ayuda?

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) tiene la capacidad de proporcionar un respaldo financiero de hasta el 20% del valor del crédito correspondiente al costo de la vivienda. Sin embargo, esta cifra puede aumentar hasta un 25% en el caso de que la vivienda cuente con sistemas de calefacción energética. Es importante destacar que este aval se mantendrá vigente durante un período máximo de 10 años a partir de la formalización de la operación hipotecaria.

Además, es relevante mencionar que la posibilidad de solicitar esta ayuda estará disponible a partir del 31 de diciembre de 2025. Este plazo proporciona a los potenciales beneficiarios la oportunidad de planificar sus acciones y preparar la documentación necesaria para acceder a este respaldo financiero en caso de ser elegibles.

Está dirigida a aquellos individuos cuyos ingresos no superen las 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que equivale a un máximo de 37.800 euros anuales. Es importante destacar que este límite de ingresos puede ser ampliado en el caso de parejas o familias con hijos a su cargo.

Esta medida busca garantizar que aquellos que se encuentren dentro de este rango de edad y situación socioeconómica tengan acceso a los avales necesarios para adquirir una vivienda. Y facilitar así su acceso al mercado inmobiliario, además de promover la estabilidad y bienestar de estos grupos demográficos.

Además, es importante tener en cuenta que se requiere la presentación de una documentación específica al realizar la solicitud, y los beneficiarios asumen un compromiso si la operación se lleva a cabo con éxito. Estas condiciones están diseñadas para garantizar que el programa beneficie a aquellos que cumplen con los criterios establecidos y que realmente necesitan este tipo de apoyo para acceder a la vivienda propia en la Comunidad de Madrid.

Programa “Mi primera vivienda”

El programa ‘Mi Primera Vivienda’ representa un paso significativo hacia adelante en el panorama de acceso a la vivienda, al establecer acuerdos estratégicos con varias entidades financieras. En este sentido, la Comunidad de Madrid ha formalizado convenios con prestigiosas instituciones como Santander, CaixaBank e Ibercaja para llevar a cabo este programa innovador.

Una de las características más destacadas de este programa es su capacidad para ampliar el acceso a la hipoteca hasta un 100% del valor del inmueble, en contraste con el límite anterior del 95%. Además, ha elevado la edad máxima para beneficiarse del programa a los 40 años, antes era de 35 años, lo que amplía el espectro de personas elegibles.

Con una inversión de 18 millones de euros, este programa se centra en apoyar la emancipación de los jóvenes madrileños que, a pesar de contar con una situación económica estable, no disponen del ahorro suficiente para cumplir con los requisitos tradicionales de préstamos hipotecarios. Así, el Gobierno autonómico facilita el acceso a hipotecas que cubren desde un 80% hasta un 100% del valor del inmueble. Esto podrá darse siempre y cuando el valor no exceda los 390.000 euros, ya sea basado en su valor de tasación o en el precio de compraventa.

Es digno de mención que el hecho de que el Estado sea tu avalista significa que responde de tu deuda en caso de incumplimiento en el pago. No se trata de un regalo, sino de un préstamo con otras características.

Luego de leer este artículo acerca de qué consiste el “help to buy”, nos interesaría mucho conocer tu opinión sobre el tema. Puedes compartirla con nosotros desde la sección “Comentarios” de nuestro Blog.

Si te encuentras en la situación de querer invertir en estos momentos, no dudes en acudir a Oi Real Estate. Un equipo de profesionales estará a tu disposición y te ayudará en todo el proceso ¡Te esperamos!

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Desde el Ayuntamiento de Madrid esperan la resolución del Supremo por el cuál indemnizarían a esta Comunidad. Esto se debe a una reclamación de responsabilidad patrimonial que han presentado por las pérdidas de unos 713 millones de euros de la plusvalía municipal.

La solicitud ha sido presentada ante el Supremo. Allí se explica que Estado ha estado inactivo desde hace más de tres años. Entienden que han desatendiendo la necesidad que expresan desde la Comunidad de Madrid de realizar una reforma legal de este tributo.

Debido a esta situación, consideran que el Gobierno central debería indemnizar a la Comunidad. Esto tiene que ver con que han tenido que afrontar distintas situaciones por los daños que han ocasionado tanto los pronunciamientos judiciales como la inactividad del Estado en este asunto. Por ello, podría el Supremo aceptar la reclamación en la que indemnizarían al Ayuntamiento de Madrid por un monto de 713 millones de euros.

Esta cifra surge de las sucesivas sentencias que han sido efectuadas en contra de la comuna respecto al Impuesto sobre el incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, que se conoce también por el nombre de Plusvalía Municipal

Esta es una más de las batallas que debe dar el Ayuntamiento. Recordemos que antes, habían recurrido al supremo debido al Impuesto Temporario a las Grandes Fortunas.

A la hora de analizar las posibilidades de Madrid sobre si indemnizarían al Ayuntamiento, el día 14 de noviembre el Consejo de Ministros ha desestimado la reclamación de la responsabilidad patrimonial que se había efectuado.

Ante esta respuesta, la Junta de Gobierno autorizó que la delegada de Economía, Innovación y Hacienda Engracia Hidalgo, inicie las acciones judiciales pertinentes. Las mismas se efectuaron el 21 de diciembre por la interposición de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo.

En este post, te contaremos todas las novedades sobre si indemnizarían al Ayuntamiento de Madrid por su reclamación de responsabilidad patrimonial. ¿Nos acompañas?

Indemnizarían al Ayuntamiento de Madrid por las pérdidas de 713 millones de euros de la plusvalía municipal

En el mes de octubre pasado, el Ayuntamiento de Madrid ha presentado una reclamación. La presentación implicaba que en el caso de ganar la partida, indemnizarían al Ayuntamiento de Madrid por un monto de 713 millones de euros. Esta solicitud era dirigida al Gobierno central debido a los daños que han causado a la comuna por las distintas sentencias judiciales y la inactividad del Ejecutivo en referencia al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, o Plusvalía Municipal.

El Ayuntamiento de Madrid sostiene que la inactividad que ha demostrado durante tres años de parte del estado, ha afectado a la comuna. Incluso agregan que han desatendido la necesaria reforma legal del impuesto, para evitar estos pronunciamientos judiciales que pudieran perjudicarlos.

Pero tratemos de analizar como ha sido la evolución de esta reclamación. El día 14 de noviembre del año pasado, el Consejo de Ministros ha desestimado la presentación efectuada por el Ayuntamiento por la responsabilidad patrimonial. Ante esta situación, la Junta de Gobierno autorizó el 21 de diciembre a Engracia Hidalgo, quien cumple la función de delegada de Economía, Innovación y Hacienda a realizar una nueva presentación. Esto implicaba iniciar acciones judiciales por medio de una interposición de un recurso contencioso – administrativo a efectuar directamente ante el Tribunal Supremo.

Cabe aclarar que no es la primera vez que el Gobierno municipal realiza una reclamación de responsabilidad patrimonial. Ya en el año 2018 inició una similar por un monto total de 810.481 euros. En esta oportunidad, también había sido denegada por el Consejo de Ministros dos años después de haber sido realizada. La diferencia principal con la actual tramitación, es que en ese momento, no se ha recurrido la decisión ante el Tribunal Supremo

Otro cambio, tiene que ver con que hoy en día, existen sentencias posteriores que pueden servir para poner de manifiesto la inacción del Gobierno de España que plantea la Comunidad.

En esta reclamación, la suma solicitada al Gobierno alcanza los 713.3 millones de euros. Unos 530.1 millones tiene que ver con los daños que se han producido por la inconstitucionalidad declarada en las sentencias, desde el 26 de octubre del 2021 y la inactividad del legislados estatal. El resto, con el monto aproximado de las anulaciones de derechos que deberán realizarse y las devoluciones de ingresos indebidas que aún no se han efectuado. 

Otras acciones de Madrid para solucionar el conflicto

Desde el Tribunal Supremo tendrán que analizar la situación y tomar la resolución respecto a si el Gobierno Central indemnizaría o no al Ayuntamiento de Madrid. Dicho de otra forma, si la Comunidad tiene razón ante el planteo que genera.

Pero veamos un poco las críticas y argumentos que presentan desde  la Comuna. Uno de los planteos que realiza, tiene que ver con que las distintas sentencias que ha realizado el Tribunal Constitucional. Estas inician en el año 2017 y son referidas al impuesto de plusvalía. A ello hay que sumar la falta de actuación del Gobierno para generar un marco legal adecuado a su doctrina.

Estas situaciones, han generado una reducción en la capacidad recaudatoria del tributo. A esto debe agregar también las cantidades que deben luego devolverse a los contribuyentes por las sentencias de los distintos tribunales.

Antes de realizar la presentación, el Ayuntamiento de Madrid ha intentado realizar diversas iniciativas. Las mismas han sido por medio de la Federación Española de Municipios y Provincias, con el fin que el Ministerio de Hacienda abone a las entidades locales las compensaciones por los daños causados.

Esta iniciativa fue respaldada por la Comisión de Haciendas y Financiación Local y aprobada además por la Junta de Gobierno, el 29 de marzo del año 2022.

Pese a ello, no ha logrado que la propuesta llegue a buen término. De igual manera, el Ayuntamiento de Madrid no ha dejado la pelea. Es que una de las prioridades, dicen es no trasladar a los contribuyentes la situación que genera esta inseguridad jurídica, debido a la falta de respuesta del Gobierno Nacional. Por ello, pese a los problemas que le generan, han logrado agilizar las devoluciones pertinentes al tributo.

Si te has quedado con alguna duda, te invitamos a que nos dejes tu comentario al finalizar el artículo. Desde Oi Real Estate te responderemos a la brevedad. Dejamos a continuación otro artículo que puede ser de tu interés:

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