La histórica problemática habitacional en territorio español, ha hecho que desde el gobierno central se pensara en una nueva ley que regularice el mercado de la vivienda. La planificación de una legislación actualizada se vincula a la baja oferta de la vivienda para alquileres sociales. Así como también debido al elevado precio en los costes de arrendamiento, más pronunciados en las ciudades más grandes. La necesidad de regular los precios y la penalización por disponer de viviendas sin habitar han hecho que se concrete un acuerdo el pasado 5 de octubre entre el PSOE y Unidas Podemos, los partidos que forman el Gobierno español de coalición. En este post nos focalizaremos en la nueva ley de vivienda y su impacto en los propietarios.
La nueva normativa, que aún se encuentra en proceso de planificación y adecuación, contempla varios factores respectos a los pequeños y grandes propietarios. Por lo que, de alguna u otra manera, toda persona con propiedades para arrendar se verá afectada por la nueva ley.
En este artículo encontrarás:
¿Cuál será el impacto en los propietarios la nueva ley de vivienda?
La nueva ley de vivienda y su impacto en los propietarios pequeños se verá en la regulación del precio de la renta. En el caso de los grandes tenedores de viviendas, se verán obligados a arrendar las viviendas que dispongan sin habitar y a la regulación del precio de arrendamiento. La finalidad es aumentar el parque público de viviendas destinadas para alquileres asequibles. Es decir, elevar la oferta.
A su vez, la ley propondrá diversas bonificaciones fiscales en los casos en que determinados propietarios cumplan y favorezcan al crecimiento de la disponibilidad de viviendas para alquileres sociales. De esta manera, es necesario focalizar en los principales puntos de la ley y su vínculo directo con los propietarios.
Regulación en el coste de la renta en zonas declaradas “tensionadas”
Uno de los principales puntos tratados por la nueva normativa tiene que ver con evitar el aumento de los precios para los alquileres. Al mismo tiempo, fomentar el aumento de viviendas destinadas a arredramientos sociales. En este sentido, el gobierno prevé la baja de los costes en la renta para los grandes propietarios que tengan personería jurídica.
Esta medida estará destina para ser aplicada en aquellas zonas que sean consideradas como “tensionadas”.
Cuando se mencionan las zonas tensionadas se hace referencia a los lugares en los cuales los costes de alquiler han variado en más de 5 puntos arriba del IPC durante 5 años. A su vez, se incluyen las zonas en las cuales el precio medio supera el 30% en relación a los ingresos medios por familia/hogar.
Según algunas fuentes, es posible que 109 municipio españoles y 36 distritos de las principales ciudades lleguen a ser considerados zonas tensionadas. O, en su defecto, como localidades con gran desequilibrio respecto al precio de los arrendamientos en relación al ingreso de sus ciudadanos. Mayormente, estas zonas se concentran en Málaga, Baleares, Barcelona, Madrid y Alicante.
La nueva ley de vivienda y su impacto en los propietarios de muchos inmuebles será mediante la baja del precio del alquiler según el índice de referencia. Para estas empresas, también se visualiza, en tanto cumplimiento de la ley, determinadas ventajas o beneficios de tipo fiscal.
Lectura recomendada: Control en precios de alquileres
Beneficios fiscales hasta de un 90% en la nueva Ley de Vivienda
La nueva ley de vivienda tendrá un impacto también en los propietarios pequeños, es decir, aquellos que tengan la titularidad de menos de 10 viviendas. Los beneficios para ellos se concretarán en los tributos. Con la nueva normativa el gobierno buscará incentivar su cumplimiento con la bonificación de hasta un 90% para quienes disminuyan el valor del arrendamiento.
A su vez, en aquellos casos que las viviendas sean arrendadas a jóvenes en zonas tensionadas se reducirá hasta un 70%. A si como también, en el mismo porcentaje, si se destinan a al alquiler como viviendas protegidas.
Por último, se considerarán las reformas o remodelaciones que se le hayan realizado a la vivienda para su modernización. En estos casos, la reducción que se podrá aplicar será de un 60%.
La nueva ley de vivienda y el impacto en los propietarios con viviendas sin habitar
Otro de los casos a tener en cuenta en cuanto a la forma en que impactará la nueva ley de vivienda en los propietarios es la habitabilidad de la propiedad. Es decir, la futura reglamentación prevé sancionar a quienes dispongan de viviendas sin alquilar y sin que sean consideradas segundas residencias o residencias esporádicas.
En este sentido, la ley penalizaría a los propietarios de dichos inmuebles con el aumento de hasta el 150% de Impuesto de Bienes Inmuebles. Según especialistas, esta medida podría generar el incremento del IBI de 1.600 euros.
Si bien la medida se encuentra avanzada, aún queda revisar y establecer los criterios que determinen cuando una vivienda será considera deshabitada. Una de las aproximaciones de la penalización apunta a los propietarios con más de 4 viviendas y con dos de ellas sin ser habitadas por un período de dos años o más.
La ley permitirá a cada Ayuntamiento la autonomía de determinar el modo de como llevar adelante la medida y la penalización mediante el recargo.
Es de gran importancia tener en cuenta que esta medida no afectará a viviendas que sean consideradas como segunda residencia, ni a aquellas que están libres por motivo laboral o que están en alquiler, pero sin conseguir cliente.
Lectura recomendada: El IBI en la nueva Ley de Vivienda: recargo a los inmuebles vacíos
Para los inquilinos ¿Cuáles podrían ser las ventajas de una nueva ley de vivienda?
Una de las grandes proyecciones en relación a la nueva ley de vivienda tiene que ver con los impactos que tendrá en el sector inmobiliario y de alquiler. Esto se debe a su finalidad y la necesidad de resolver cuestiones vinculadas a la poca oferta y al elevado precio de los arrendamientos.
Además de cada una de las medidas anteriores, para lograr su finalidad la ley establece que las promociones de obras nuevas deben destinar el 30% a el parque público a las viviendas protegidas. A su vez, la mitad se destinará a viviendas con alquileres sociales.
Por lo tanto, uno de los principales beneficios radicará en la baja de los costes de arrendamiento, sobre todo para los jóvenes con deseos de emancipación. En estos casos, las personas de entre 18 y 35 años dispondrán de 250 euros mensuales durante dos años como ayuda para la mantención de su arrendamiento, que tengan un ingreso menor a 23.725 euros anuales
Esta medida le costará al gobierno español 200 millones de euros por año y podrá combinarse con otras medidas destinadas a familias en condición de vulnerabilidad.
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