A pesar de 18 años de bloqueo y dos intentos fallidos, el proyecto de la Ciudad de Justicia de Madrid pareciera estar cerca de materializarse. El megadesarrollo fue lanzado por primera vez en 2004 y, casi dos décadas más tarde, avanza a paso firme. “Esperamos poder proceder a la adjudicación de la licitación para la construcción en torno al mes de febrero”, adelanta Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. El funcionario, además, calcula que estará terminada y operativa “a finales de 2026 o principios de 2027”, según declaró en una entrevista con elEconomista.es.
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La concesión de la Ciudad de Justicia
El plazo de la concesión será de 40 años desde ese entonces. Serán un año para la redacción del proyecto de construcción, tres para la construcción en sí misma y 36 destinados a la explotación y mantenimiento. Así, alrededor de 49,3 millones de euros más IVA serán los que cobrará el licitador. “Esto nos supone ahorrar de entrada los gastos que actualmente incurrimos en los 28 inmuebles y que rondan los 76 millones de euros”, cuenta López.
De esta manera, el ahorro total será de más de 16 millones de euros al año. Si se lo proyecta al tiempo que durará la concesión, estamos hablando de aproximadamente 600 millones de euros. Por otra parte, el funcionario de la capital del país comenta que “una vez transcurrido el plazo de la concesión, los 17 edificios que compondrán la nueva Ciudad de la Justicia en Valdebebas revertirán al patrimonio del Gobierno regional”.
Inversión y canon
La inversión de 507 millones de euros que integra el presupuesto inicial para las obras genera discusiones internas. Para algunas figuras del sector, es una cantidad “escasa y provoca que la rentabilidad asociada sea insuficiente, lo que podría entorpecer el acceso a financiación”. En contrapartida, el consejero de justicia madrileño considera que es “rentable y viable”. En ese sentido, López agrega: “Hemos sido conservadores con nuestras estimaciones y creemos que la TIR que consigan puede estar incluso por encima de lo que hemos calculado”.
Frente a las críticas, el proyecto y el canon que deben abonar a las empresas licitadoras “estará sometido a unos criterios de revisión”. Además, hay una revisión que está contemplada. Específicamente en los pliegos de licitación, siempre y cuando haya un “aumento de planta judicial o cambios legislativos”. A su vez, en el octavo año de la concesión, el canon podrá ser revisado. Eso sí, para que eso suceda, tendrá que ser cuando se produzcan subas en tres conceptos: suministros, mantenimiento de edificios y coste de personal.
Estos últimos elementos mencionados representan el 20% del canon. De acuerdo a lo estipulado, nunca podrán superar el 2,5%. Esto, según López, promueve que “la administración tenga una situación de cierta seguridad, pero también el licitador tenga posibilidad de revisión al alza”.
Asimismo, se busca que el Gobierno de España cuenta con otra potestad. La idea es que desde la administración nacional se pueda extender la posibilidad de revisar el incremento de los costes de construcción en los contratos de obra a las concesiones. Eso podría realizarse a través de un Real Decreto-ley. “Si no es con este Gobierno, espero que sea con el siguiente”, desea López.
La mirada del consejero de justicia respecto al contexto político es muy crítica. “Puede parecer que estamos en una situación de inestabilidad económica, pero nosotros creemos que esto es totalmente coyuntural. Esto se superará si los políticos europeos aciertan en sus decisiones”, opina. Además, asegura estar “convencido” de que “en unos meses habrá un cambio de Gobierno” y Alberto Nuñez Feijóo “será presidente de España”, quien “será capaz de dar un giro a la situación”.
Financiación externa e interna para la Ciudad de Justicia
En la mayoría de los proyectos anteriores, las fórmulas de financiación no eran muy flexibles. Eso ha cambiado con esta iniciativa, donde la ampliación “más allá del préstamo” y donde “el licitador puede acudir a subvenciones, créditos, fondos, sociedades de capital riesgo o leasing” hace más “viable” el proyecto. Según López, se espera el aporte de fondos externos en un 100%. Además, la devolución de esta aportación tendrá un interés del 5% anual a devolver en esas cuatro décadas.
“Es un espaldarazo muy importante que el BEI esté dispuesto a financiar hasta el 50% del coste del proyecto de construcción”, opina el consejero madrileño. Quien también destaca que los licitadores tendrán la posibilidad de “acudir a fuentes de financiación interna, dado que la explotación de los usos asociados del proyecto ubicados en los bajos de los inmuebles como oficinas bancarias, zona comercial, farmacias, guardarías, gimnasios o un parking con unas 4.900 plazas, van a generar ingresos recurrentes”.
Eso no es todo. Por otro lado, existen algunas conversaciones con el Ayuntamiento con el objetivo de ampliar la financiación. ¿Cómo? Mediante una “flexibilidad en la edificación con posibilidades de aumentar de edificabilidad si fuera necesario”. López cree que Valdebebas es una zona “con mucho potencial de crecimiento y por estas instalaciones van a pasar de media más 30.000 personas al día”.
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