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La Ley de Vivienda continúa trayendo mucha tela para cortar. Esto se debe a las distintas posturas encontradas sobre la funcionalidad que la normativa puede tener realmente. Las posturas a favor y en contra no dejan de presentar recursos. También utilizan todas las herramientas posibles para dar de baja o ampliar la llegada de ella. Pero una nueva jugada llega al tablero de ajedrez. Es que ahora, el congreso pide derogar artículos de la ley de vivienda en los que se vulneran las competencias de las distintas Comunidades Autónomas.

Debemos entender primero que nada que todo lo relacionado a la vivienda, en realidad, no le corresponde al Gobierno Central. De ello tiene la potestad la Comuna. Son ellos los que pueden definir las acciones que se llevarán adelante. Esto se encuentra regulado dentro de la Constitución de cada una. Debido a ello, varias de la Comunidades Autónomas han preentado recusaciones de inconstitucionalidad. Es que desde el nacimiento de la normativa, el revuelo ha sido importante. Madrid, por ejemplo, ha planteado su postura en contra de la Ley de vivienda, y considera que muchas de las medidas que allí se toman van en contra de las que ellos pretenden para sus ciudadanos.

En este post te contaremos todo sobre por qué el Congreso pide derogar artículos de la ley de vivienda y cuáles podrían ser las consecuencias de ello. ¿Nos acompañas?

El Congreso pide derogar artículos de la ley de vivienda que vulneren la potestad de las competencias autonómicas

El día 29 de marzo, se ha logrado en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana la aprobación de una proposición de ley llevada adelante por el PP. Mediante ella, el Congreso, pide derogar o modificar artículos de la ley de vivienda que puedan vulnerar las competencias que le corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas.

En la votación a favor, se han pronunciado el PP, Vox, PNV y Junts. Esquerra Republicana, por otro lado, quien cabe aclarar ha sido uno de los principales propulsores de la normativa en la legislatura pasada, ha optado por abstenerse. Esto no es una sorpresa. Más que nada teniendo en cuenta que no hace mucho tiempo ha apoyado en el Parlament un recurso en el que se pedía la inconstitucionalidad de la normativa.

Por último, el PSOE, Sumar, Podemos y Bildu, han mantenido su postura en contra de cualquier modificación a la Ley de Viviendas.

Esta propuesta, aprobada por el Congreso, se basa en el artículo 148 de la Constitución. Allí se establece que todas las Comunidades Autónomas podrán asumir sus competencias tanto en materia de urbanismo como de vivienda. Por ello, el Estado Central, no tendría potestad en estos asuntos.

El problema, es que dentro de la Ley de Vivienda, son muchos los artículos en los que las competencias, que como planteamos anteriormente, son potestad exclusiva de las autonomías son sobrepasadas.

Por todo ello, se puede llegar a la conclusión de que la ley que ha sido aprobada el 24 de mayo del 2023, es inconstitucional. Pero aclaran que esto no se debe únicamente a la potestad de las Comunas. También, sostienen dentro de la iniciativa que fue aprobada con por el congreso, que vulnera el derecho a la propiedad privada.

Rechazan la eliminación de la normativa a los mecanismos de regulación de los alquileres

Si bien el Congreso pide derogar los artículos de la Ley de Vivienda que vulneran la potestad de las Comunidades Autónomas en materia de vivienda, otra de las peticiones ha sido desestimada. Esta tenía que ver con la solicitud de quitar de la normativa los mecanismos por los cuáles se busca regular el precio de los alquileres.

En este caso, solo el PP y el Vox han votado a favor. Mientras que el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Juntos y Podemos han votado en contra de dicha propuesta.

Por otra parte, desde el PP también ha logrado que continúe su marcha una iniciativa por la cuál se busca ayudar a afrontar el reto que hoy en día tienen los jóvenes en el acceso a la vivienda. Esto se ha logrado gracias a que el PNV ha decidido abstenerse y Juntos ha votado a favor.

Con esta presentación el Congreso, no solo pide derogar artículos de la ley de vivienda. También solicita al Gobierno que aumente la cantidad de viviendas que son destinadas a los jóvenes dentro del alquiler asequible.

Dentro de esta presentación, se le exige al Ejecutivo que también derogue cualquier normativa o en tal caso reviertan aquellas políticas que puedan tener un efecto negativo en el mercado de la vivienda. Por ejemplo, en las que pueda motivar las subidas de los valores, que la oferta disponible pueda verse reducida o que la okupación pueda aumentar.

Una propuesta que va aún más contra las Comunidades

Sumar hace pocos días ha presentado un proyecto no de ley que va aún más contra de la potestad de las Comunidades Autónomas en materia de vivienda. Es que si bien se ha aprobado la petición por la cual el Congreso pide que se deroguen artículos de la Ley de vivienda que sobrepasen la posibilidad de las Comunas a tomar decisiones sobre este tema, Sumar parece no estar de acuerdo,

Dicha presentación, busca que no solo las Comunidades puedan establecer las zonas tensionadas. Solicita que se amplíe esta potestad al Estado Central y a los Ayuntamientos, en el caso de que no hayan sido solicitadas con anterioridad.

Esta presentación no deja de ser extraña. Sobretodo en el momento en que el Congreso pide que se deroguen artículos de la normativa por ir en contra de la potestad de las Comunas.

Lo cierto, es que la batalla que se libra por la Ley de Viviendas parece no tener fin. Los distintos partidos parecen no poder ponerse de acuerdo en su legalidad o en las consecuencias que ella podría tener en el mercado inmobiliario. Deberemos esperar a ver cuál es el próximo paso y que hará el Gobierno con esta solicitud.

Si te has quedado con alguna duda, te invitamos a que nos dejes tu comentario al finalizar el artículo. Desde Oi Real Estate te responderemos a la brevedad. Dejamos a continuación otro artículo que puede ser de tu interés:

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Entre las medidas que formarán parte de la nueva Ley de Vivienda se encuentra una que se focalizará en la regulación de los precios de alquiler. Es decir, limitar el coste de los arrendamientos de los grandes propietarios de viviendas para aquellas zonas consideradas tensionadas

Según fuentes del Gobierno, la medida podría llegar a casi 150.000 inmuebles, reduciéndose el número por las comunidades que decidan no aplicar la normativa. En este sentido, las comunidades autónomas tendrán la competencia de llevar adelante la aplicación o no de la nueva ley.

A lo largo de la nota, te resumiremos todos los datos del Catastro en relación a los grandes propietarios de viviendas. En dicho resumen, se considerarán tanto las propiedades en carácter de vivienda, así como también los inmuebles que funcionan como oficinas, garajes, etc. La Dirección General del Catastro es actualmente el sitio en el cual se pueden recuperar los datos que demuestren la cantidad de viviendas en manos de grandes propietarios. A su vez, es posible indagar en donde se encuentran ubicadas dichas propiedades para poder establecer el porcentaje de titulares que se verán afectados por la regulación de precios.

Recordamos, que el Catastro es un órgano que depende del Ministerio de Hacienda de España y que dispone de actualización continua respecto a la información catastral de cada CCAA. Los datos que brinda en sí refieren a la descripción de propietarios de bienes urbanos, ya sea de uno o más de 50. Dentro del listado de inmuebles se incluyen: viviendas, locales, oficinas, terrenos, garajes, etc.

¿En qué localidades se encuentran los grandes propietarios de viviendas y diversos bienes inmuebles?

En España hay casi 300.000 propietarios que disponen de diez o más inmuebles de carácter urbano. Esta cifra corresponde a los datos oficiales del Catastro sin considerar las estadísticas de País Vasco y Navarra. Ambas comunidades no son tenidas en cuenta en este tipo de relevamiento porque disponen de sus propias agencias catastrales. El territorio español cuenta con casi 29.000 millones de propietarios de algún bien inmueble de carácter urbano.

A su vez, de la suma del total de grandes propietarios de vivienda no se realiza una división entre titulares de carácter público o privado. Por ejemplo, la empresa municipal del Ayuntamiento de Madrid de Vivienda y Suelo tiene en gestión más de 5.500 propiedades destinadas al alquiler social. A su vez, la figura del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB) se encarga de gestionar las casi 9.000 ayudas en la localidad de Barcelona.

Sin embargo, además de este tipo de empresas de carácter municipal, existen una diversidad de promociones de inmuebles financiados por grandes grupos de inversión. En este sentido, cerca de 26.000 pisos en alquiler son gestionadas con las SOCIMIs de tipo residencial del fondo Blackstone, Testa y Fidere, de origen estadounidense. A este tipo de propiedades se le suman las gestionadas por las sociedades como Albirana o Anticipa, que reúnen unas 10.000 unidades más en cartera.

Por otra parte, mediante la sociedad BuildingCenter, Caixabank tramita la gestión de aproximadamente 25.000 contratos de arrendamiento. A la que se le suma Sareb con una gran plataforma de pisos en alquiler, llegando casi a la cifra de 10.000 unidades, con un acompañamiento de 2.500 más de la socimi Témpore. Por último, el grupo de inversión en manos de Azora, Lazora, dispone de una cartera de propiedades en alquiler por unas 7.000 viviendas.

Comunidades autónomas y los porcentajes bridados por el Catastro

Según los datos del Catastro, estos son los porcentajes en relación a las comunidades autónomas con mayor cantidad de grandes propietarios de viviendas:

Comunidad Autónoma Porcentaje de grandes propietarios de viviendas
Andalucía 16,3%
Cataluña 15,6%
Comunidad Valenciana 12,6%
Castilla y León 10,2%

Las comunidades mencionadas en la tabla son la que reúnen la mayor cantidad de grandes tenedores de inmuebles urbanos. De esta manera, si pensamos en números concretos, Cataluña y Andalucía superan los 45.000 grandes propietarios. Por su parte, la Comunidad Valencia concentra 36.000 propietarios con más de 10 viviendas.

Comunidad Autónoma Porcentaje de grandes propietarios de viviendas
Galicia 9,2%
Madrid 9,1%

Tanto en la comunidad de Madrid como en Galicia existen más de 26.500 titulares con más de 10 propiedades, de tipo urbano, no solo de viviendas. De manera más precisa, casi 2500 propietarios de viviendas son titulares de más de 50 inmuebles en Cataluña y Andalucía. A estas dos comunidades les siguen la Comunidad Valencia y Madrid con 1700 grandes tenedores con más de 50 propiedades.

¿En qué comunidades es posible no se aplique la nueva ley de vivienda?

Luego de que se realice el anuncio del consenso entre los miembros del Gobierno para aprobar la nueva normativa, la principal oposición se declaró fuertemente en contra. Su vocero explicitó que en aquellas localidades en las cuales gobierna el Partido Popular la ley no será aplicada. Es por eso que es probable que allí no sea posible que los grandes propietarios de viviendas limiten los precios de sus inmuebles en alquiler. El partido también se posicionó en contra del congelamiento de los arrendamientos para los pequeños propietarios.

Por otra parte, explicitaron que tampoco aplicarán el incremento en el Impuesto de Bienes Inmuebles por las viviendas vacías o la destinación del 30% de nuestras construcciones para alquiler asequible y protegida.

¿Cuáles son las comunidades gobernadas por el PP y cuáles por el PSOE?

Las cinco comunidades donde gestiona el PP son: Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia y Ceuta. Entre estas cinco comunidades se concentra casi el 50% de los grandes propietarios de viviendas en el territorio español. Se trataría de alrededor de 145.000 propietarios.

Otra porción, la de casi el 34% de grandes tenedores se encuentran en comunidades dirigidas por el PSOE. Estos territorios reúnen algo más de 98.200 titulares y son: Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Asturias, Extremadura y La Rioja.

Por último, la parte restante, con el 17,3% de grandes titulares son gestionados por otros partidos políticos. Como, por ejemplo, en Cataluña el ERC o en Cantabria el Partido Regionalista.

Asimismo, en la comunidad catalana se concentra tan solo el 15,6% y es una de las localidades que se verá afectada por la aplicación de la ley. Esto se debe a su propia ley de vivienda que limita el coste los arredramientos en 61 municipios.

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A lo largo de este último año y medio, el coste de los alquileres ha disminuido hasta un 17% en las grandes ciudades a causa de la pandemia. Esto se debe al aumento en el mercado inmobiliaria de la oferta a causa de la falta de visitantes que realicen alquileres turísticos por temporada en este 2021.

A medida que transcurre el año, el turismo va volviendo a su curso habitual, pero muy por debajo de los valores previos a la pandemia. En consecuencia, saber cómo evolucionarán los precios durante este verano es una real incógnita, debido a que la oferta y la demanda no serán iguales en tiempos de pre-Covid.

Madrid y Barcelona lideran las caídas, con un – 15,7% y -13,8%. Estas coinciden, a su vez, con la disminución del parque de alquiler turístico de las ciudades que, actualmente, es de 1,2% del total. Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), entre febrero y agosto, las viviendas destinadas a alquileres turísticos, publicadas en plataformas virtuales, cayeron 8,3%.

¿Cómo serán los alquileres turísticos durante este verano 2021?

La realidad es que el mercado inmobiliario del alquiler ha realizado un giro de 180 grados debido a la llegada del Covid-19. Los arrendamientos han sufrido diferentes subidas de precios a causa de la diminución, y casi desaparición, del alquiler turístico.

En estos momentos, nos encontramos ingresando en la temporada de verano, y cada país administra el ingreso del turismo mediante protocolos y requisitos diferentes. En este contexto, la llegada de la vacunación ha reanimado la posibilidad de la movilización turística junto con el pasaporte verde. Sin embargo, aún es una incógnita saber con exactitud qué sucederá con los precios.

La tesorera de FIABCI, Anna Piugdevall afirmó que previo a la pandemia el mercado se encontraba saturado debido a la falta de oferta, lo que encarecía los alquileres turísticos. Pero a partir de la llegada de la pandemia, gran parte de los alquileres destinados al turismo fueron utilizados para alquileres de carácter habitual.

Con la progresiva apertura turística, la situación actual podría modificarse. En esta línea, si en una ciudad con una gran demanda de alquileres turísticos no hay suficiente oferta, el precio de los mismo tenderá a subir. Una de las causas es que para los propietarios es más rentable un piso en alquiler vacacional que convencional.

Si tienes pensado vacacionar en España te recomendamos conocer cuáles son los requisitos para ingresar al país.

¿De que depende el aumento o no de los precios ?

En este verano, según Piugdevall, la posible subida de los precios de los precios podría estar sujeta a tres condiciones.

Vuelta progresiva del turismo

La primera es directamente proporcional a grado de turismo en esta temporada. Casi 85 millones de turistas visitaban el territorio español antes de la pandemia. Por su parte, en 2020, no han llegado a vacacionar 20 millones de viajeros, es decir, un 77% menos.  

Si bien se conoce que no se volverá a la suma prepandemica, si se estima que en este 2021 lleguen el doble de viajeros que el año anterior. La experta del FIABCI afirma que “Es difícil de predecir porque en el volátil contexto en el que vivimos son frecuentes, por un lado, las reservas de última hora, así como las cancelaciones

Las autoridades españolas están llevado a cabo diversos esfuerzos para impulsar la movilidad turística. Con mayor seguridad que el verano pasado, el proceso vacunatorio a nivel mundial y el pasaporte verde europeo permiten pensar con firmeza una pronta recuperación.

Reconfiguración del mercado inmobiliario

Otro factor que se encuentra vinculado al modo en que se comportará el mercado inmobiliario es su propia reconfiguración. Ante los interrogantes que abrió la pandemia, muchos de los alquileres turísticos fueron trasladados a la oferta de alquiler convencional. Uno de los motivos que argumenta la bajada de los costes en este sector debido a la subida de la oferta

Por otra parte, quienes hayan arrendado su vivienda de manera convencional no se encontrarán dentro de la oferta del parque de alquileres turísticos. Esto se debe que los alquileres convencionales tienen una duración mínima de 5 para personas físicas y 7 para las jurídicas. Además, se encuentran aquellas propiedades que se encontraban en alquiler temporal, por lo que este verano volverán al mercado turístico.

Expertos afirman que el traspaso de alquiler turístico a residencial ha sido alrededor del 15% y 20% de la oferta. En este sentido, aunque se perciba una subida en los precios no será abrupta, ya que ni oferta, ni demanda, son iguales que antes de la pandemia.

Tercer y gran factor: la regulación de los precios

Este tercer factor tiene que ver con una posible e hipotética regulación de los precios de los alquileres. Aunque se conoce poco sobre el contenido de ley de vivienda, el debate se centra en medidas que permitan regular los costes de los arrendamientos. Por lo tanto, como la medida se encuentra dentro los intereses políticos del Gobierno, se la considera una gran posibilidad de que suceda.

Una medida de esta índole no sería la primera vez que ocurra. La posibilidad de esta medida se encuentra vinculada a la ley catalana de alquileres. Por este motivo, la ley fue apelada por el Tribunal Constitucional por su posible inconstitucionalidad. Puigdevall entiende que “lo que decida el TC marcará el futuro de este tipo de normas”.

Por otra parte, las medidas vinculadas a la regulación podrían ser consideradas inconstitucionales al no respetar el reparto competencial. Al mismo tiempo, la limitación de los precios también puede ser considerada un anticonstitucional, ya que ataca la libertad contractual y de precios.

Para la experta, esta distinción es clave, porque si se baja la norma por in en contra de la la libertad de precios, “el Constitucional estaría, de facto, limitando cualquier intento futuro de limitar los precios”, mientras que si se soluciona por competencias “dejaría la puerta abierta a que el Estado pudiera imponer una norma de ese tipo”.

Para leer acerca de las posibles regulaciones de precios en la futura ley de vivienda te recomendamos leer las siguientes notas:

Ley de Alquileres 11/2020: el gobierno recurre a la ley catalana por inconstitucional

Control en precios de alquileres: la nueva Ley de Vivienda prevé limitar los incrementos a un máximo del 10%

Vivienda Pública 2021: el Gobierno busca prohibir la privatización de propiedades en alquiler social

Esperamos te hay sido de gran ayuda este artículo. Si tienes alguna inquietud déjanos tu comentario. Desde Oi Real Estate, te responderemos a la brevedad.

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