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Alquiler social

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La tendencia a alquilar antes que a comprar una vivienda se ha hecho muy evidente en las estadísticas e informes publicados en los últimos meses. En un país que se caracterizaba por la posibilidad relativamente habitual de “invertir en ladrillo”, las estrategias para conseguir un techo han virado hacia la predominancia de la vivienda social, a compartir un piso, o sencillamente a rentarlo. Pero, ¿significa esto que ya no se compran casas en España? En la nota de hoy revisamos este panorama, que tiene a los propietarios en el eje del debate.

Cada vez hay menos propietarios en España

No es del todo una sorpresa que ante las dificultades para acceder al financiamiento de un inmueble las tasas de propiedad de vivienda caigan en todos los grupos de edad. Incluso en países como el nuestro, en el que invertir “en ladrillo” fue siempre una opción como parte de una visión social de progreso, o una alternativa segura de ahorro. El descenso en los porcentajes de propietarios es sin embargo más común en los últimos años, lo que evidencia tanto el impacto de las crisis económicas, el insuficiente incremento de salarios en relación a la inflación, y los cambios en las políticas de financiamiento y subsidio.

En la actualidad, la cantidad de propietarios posibles, segmentados por edad, sólo superan el 50% en los grupos de mayores de 43 años. De allí hacia abajo, los descensos son paulatinamente más visibles, marcando sobre todo las dificultades que tienen los jóvenes para acceder a su primera vivienda.

Situaciones como esta son las que llevaron a la problemática de la vivienda a ser el eje de las últimas campañas electorales. Sin dudas, esa demanda social sigue en pie tras los resultados de los comicios que pusieron nuevamente en tela de juicio la efectividad de la Ley de Vivienda. ¿Ayuda el tope del 3% en los alquileres a que más personas puedan acceder a un piso? ¿Son suficientes las medidas para promover el uso de viviendas vacías? ¿Es posible el aumento deseado en el porcentaje de vivienda social? Y lo más importante: ¿tienen estas medidas respuesta a largo plazo para la demanda actual y futura de propietarios?

Caro pero posible: las distintas caras del alquiler

A pesar del aumento en los precios de los alquileres -así como de las variadas propuestas provenientes de casi todos los frentes partidarios para aumentarlo en cantidad o limitarlo en valores-, el rentar un piso hoy en España es una alternativa forzosa. Es decir, se erige como opción sólo porque la compra está cada vez más inaccesible. Esto se complica porque además se trata de una alternativa cara. Según Idealista, sólo en abril pasado el precio de la vivienda en alquiler se encareció un 8,9% y llegó hasta los 11,5 euros el metro cuadrado. En particular, las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, San Sebastián, Palma y Málaga son las que tienen los alquileres más altos o las que aumentaron más sus precios.

Por su parte, el alquiler social, como se ha reconocido tantas veces durante la campaña, es aún insuficiente para la mayoría de los hogares con dificultades económicas. Este grupo incluso profundizó tal situación durante el último año, donde la inflación, los servicios y las hipotecas crecieron más que los sueldos.

Otra cara de la moneda es la situación de los propietarios de más de un piso, cuya cantidad aumentó también en los últimos años. Frente a esa situación, la recientemente aprobada Ley de Vivienda reduce el número de casas que se puede tener antes de ser considerarlo gran tenedor. No obstante, para el grupo de ingresos medios que pudo optar por la compra con destino a renta, el contexto no colabora precisamente en confiar en otras fuentes de inversión que protejan el capital ahorrado.

Por qué es tan difícil ser propietario

Si es difícil el alquiler, la compra acarrea aún más obstáculos. En este segmento del mercado, también se han revalorizado las propiedades y por ende el capital de ahorro inicial es hoy más alto. Según datos del INE, aunque la variación ha sido algo inferior que en el alquiler durante la última década, los pisos para la venta se han revalorizado un 28,5% en ese mismo periodo.

Recordemos que el ahorro inicial lleva al menos dos componentes: el 20% del coste de la vivienda (que es lo que en general no cubre una hipoteca bancaria), más otro 10% correspondiente al pago de impuestos. Hoy en día, ese 30% traducido en dinero puede variar entre los 45.000 euros para una ciudad del interior del país, hasta casi 90.000 euros para capitales como Madrid o Barcelona.

Estas cifras difícilmente puedan ser acompañadas por los salarios y coste de vida actuales. Los datos del INE son contundentes al respecto: el sueldo bruto de un trabajador ronda hoy los 2.038 euros mensuales -casi el 10% de lo que era hace una década-, mientras que la cesta de la compra, solo durante el año pasado se encareció un 16,8%. También considerando únicamente el 2022, se observa que el IPC creció un 5,7%, mientras que los sueldos se incrementaron apenas un 2,8%.

Una situación para pensar a largo plazo

Con tal situación, es lógico concluir que el panorama español de las operaciones de compraventa inmobiliaria se encuentre tensionado. Los propietarios son cada vez menos porque se han complicado las condiciones para la compra (valores del mercado, sueldos, políticas de financiación), pero eso no impide que los mayores inversores abunden en el mercado, a pesar de las medidas por limitar a los grandes tenedores. Después de tanto debate parlamentario, la problemática de la vivienda tiene aún la deuda por la accesibilidad, pero también por la distribución, tanto a nivel geográfico como de concentración de inversores. Cabe preguntarse entonces: ¿hay realmente animosidad en solucionar estos problemas?

Comparte tu opinión en la parte de comentarios de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre opciones para vivienda en España, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

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Viviendas para alquiler social serán cedidas por fondos de inversión, bancos y grandes propietarios de su parque inmobiliario. Se trata de entre 25 mil y 30 mil propiedades. La cesión llegaría hasta los 25 años y el alquiler costaría en promedio un 20% por debajo del valor de mercado.

Algunos de los mayores propietarios de viviendas, fondos de inversión y la banca se unen en proponer la cesión de unas 30.000 viviendas para alquiler social. Así lo plantearon desde la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (ASVAL). Los grandes jugadores del mercado inmobiliario le han propuesto al gobierno central un acuerdo de colaboración público-privado para alcanzar dicho número de casas a disposición por un periodo de 25 años. En el medio están la Comunidades Autónomas, que tienen competencia en muchos casos, y los ayuntamientos de las ciudades más grandes.

Entre de los protagonistas del ofrecimiento figuran los fondos Blackstone, Lone Estar y Cerberus. Mientras que por el lado de la banca se encuentran Santander, Caixabank, BBVA y Sabadell. El planteo de los propietarios está dirigido a que su propuesta forme parte de la Ley de Vivienda que se aún se encuentra debatiendo en el Congreso. Con ello, tendrían el aval del gobierno central. A cambio, ofrecen un plazo de 25 años para el alquiler y que su precio sea un 20% menor que el valor de mercado.

Viviendas para alquiler social

Los mayores jugadores del mercado inmobiliario tienen en puerta una propuesta para destinar entre 25.000 y 30.000 viviendas para alquiler social. La cesión de las propiedades tendría un plazo de 25 años, lo que brindaría un horizonte de estabilidad para inquilinos y también se cubriría parte de la demanda de alquileres a precios bajos.

Este aspecto es uno de los centrales de la propuesta, ya que la intención es que el coste del alquiler de estas viviendas se ubique un 20% por debajo del valor de mercado. El ofrecimiento estuvo a cargo de la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler. Y se lo hicieron llegar hace unas semanas al propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Pero también el Congreso está en el centro de las tratativas y negociaciones.

De la iniciativa forman parte fondos de inversión inmobiliaria y bancos que aportarían lo suyo para hacerla efectiva. Una sumatoria de grandes cantidades de propiedades, por un lado. Mientras que la banca aportaría una importante cantidad de viviendas provenientes de adjudicados bancarios.

Los aportantes de las casas pretenden que el gobierno central ofrezca garantías para la cesión de inmuebles. Para ello, sería necesaria una garantía de cobro a largo plazo. Y lo piden por escrito en la nueva Ley de Vivienda que aún se encuentra en el Congreso. Una vez incluidas estas cuestiones en la legislación, el gobierno central, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos podrán contar con entre 25.000 y 30.000 unidades en alquiler. Estas serían destinadas a familias vulnerables, con un plazo de hasta 25 años y con un alquiler cuyo precio sería un 20% más bajo que el valor de mercado.

La propuesta

La propuesta realizada al gobierno desde ASVAL da cuenta de la voluntad de los grandes propietarios de inyectar al mercado hasta 30.000 viviendas para alquiler social, cuyo valor se mantenga un 20% por debajo del valor de mercado. Aunque en los últimos meses, fondos y bancos fueron vendiendo algo de su parque inmobiliario; la cifra final, entonces, estaría cercana a las 25.000 unidades listas para ser alquiladas.

Lo que piden es que el acuerdo esté en manos del gobierno central. Luego sí podría pasar por las competencias de las Comunidades y los ayuntamientos (sobre todo en las grandes ciudades y capitales). El otro condicionamiento es que las rentas por los alquileres se resguarden como deuda del Estado, de modo que se garanticen los rendimientos durante los 25 años en que la vivienda esté a disposición.

Los cálculos que realizan desde las entidades y el gobierno es que serían unos 90 millones de euros por cada año de alquileres. Por lo que la suma global estaría cerca de los 2.300 millones de euros. Ese monto no estaría a cargo del gobierno de turno, ya que serían los inquilinos quienes se hagan cargo de pagarlo. En donde entraría a jugar el gobierno es en casos de morosidad.

Por último, las intenciones de parte de los fondos y la banca es que el acuerdo se incorpore en la Ley de Vivienda que se discute en el Congreso. Y, de paso, también la figura de subarrendamiento para las Comunidades y ayuntamientos. De este modo, los gobiernos regionales y locales también podrán decidir cuál va a ser la familia beneficiada por el programa.

La puesta en marcha

La idea de contar con un parque viviendas para paliar la situación de las familias vulnerables tiene varios años. En 2021 el poder ejecutivo debió ampliar el objetivo de 20.000 a 100.000 unidades. Este crecimiento se debió ante la suba de la demanda.

El propio MITMA se encuentra trabajando con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria para acercar unas 17.000 casas de esas 100.000 planeadas. Otro de los pedidos que se llevaron los funcionarios es el endurecimiento de las penas por la usurpación y la ocupación. Éste último es de los más comunes en Cataluña.

A cambio, cada gran propietario pone a disposición una cantidad de viviendas para alquiler. Además de las que se encuentran bajo su dominio, están las que aportan los bancos que se unen al negocio. En este caso, se trata de propiedades que pasaron a manos de las entidades financieras como adjudicados bancarios.

Y si bien los acuerdos en el Congreso se retrasan y la Ley de Vivienda parece no llegar más, algunos ministros del gobierno se muestran optimistas y ven una luz al final del túnel. Mientras, las desavenencias y demoras provocan más incertidumbre en los sectores vulnerables.

Lo importante de contar con un número importante de viviendas para alquiler social es que viene a cubrir en parte una demanda muy particular del mercado inmobiliario actual.

Luego de leer este artículo, nos interesaría mucho conocer cuál es tu opinión acerca de las viviendas para alquiler social. Puedes compartirla con nosotros desde la sección “Comentarios” de nuestro Blog.

Si te encuentras en la situación de querer invertir en estos momentos, no dudes en acudir a Oi Real Estate. Un equipo de profesionales estará a tu disposición y te ayudará en todo el proceso ¡Te esperamos!

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El diagnóstico ante la falta de viviendas sigue siendo urgente y los gobiernos, tanto a nivel nacional como local, buscan alternativas para paliar la situación. En ese marco, esta semana hubo un nuevo acuerdo para impulsar la construcción en alquiler de viviendas asequibles y la rehabilitación de más de 4.000 pisos. El plan se desarrollará con un importante aporte de fondos europeos.

Viviendas asequibles para paliar viejos problemas

A lo largo de 2022 periódicamente estuvimos atentos a los vaivenes de la economía que de forma directa o indirecta afectaron al mercado inmobiliario. Una de las máximas “estrellas” fue la subida en los tipos de interés que ocurrió periódicamente desde el primer trimestre. Otra, sin dudas y mucho más grave en sus efectos generales, fue el impacto de la guerra que tiene como epicentro a Ucrania. En el medio, la inflación, otra palabra que no se escapa a la conversación de casi ninguna mesa española, ya que vino a reformular hasta los prosupuestos más cotidianos. Si bien es cierto que, en este marco, no fue España el país más lastimado, las consecuencias de una y otra situación impactan en cada casa de manera particular.

La última de las políticas pensadas para promover el acceso a viviendas asequibles se centra en la construcción en alquiler social y la rehabilitación de un total de 4.262 viviendas. Así lo anunciaron desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que firmó el pasado martes acuerdos con las diez comunidades autónomas y 16 municipios donde se llevarán a cabo estas inversiones. Además, se comunicó que para tal desarrollo se cuenta con el aporte de los fondos europeos Next Generation, que aportará casi 150 millones de euros (149,6 millones, para ser exactos).

Dónde se desarrollarán las obras

Los principales acuerdos fueron firmados con el Principado de Asturias, las Islas Canarias, Navarra, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Ciudad Autónoma de Ceuta. En esos lugares se centrará la edificación de 2.846 viviendas asequibles. Esto significa que cumplen con las características que definen a este tipo de planeamiento, es decir, que se establecen en suelo público y están destinadas al alquiler social. El aporte por parte del Ministerio es de aproximadamente 121,7 millones de euros, derivados en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Como complemento, también se firmaron acuerdos en tres comunidades para fomentar la rehabilitación de pisos en entornos residenciales. A estos fines, el Ministerio destinará casi 28 millones de euros (27,8) cuyo destino se prevee que alcance a 1.416 viviendas. En este caso, las inversiones serán realizadas en 16 municipios de las comunidades autónomas de Madrid, Navarra, Extremadura y País Vasco.

En total, entonces, son diez comunidades las que verán crecer o potenciarse su sector inmobiliario mediante la planificación de estas obras.

El alcance de los proyectos de viviendas asequibles

Es lógico pensar que planes como el mencionado no sean por sí solos del todo suficientes para contener la gran y creciente demanda de alquileres (y también compra) de viviendas en España. El efecto de este tipo de políticas necesariamente se verá a largo plazo, no sólo por el tiempo que demanda su desarrollo, sino por el que tarde en acomodarse la oferta en relación con la demanda. Esto, a su vez, dependerá también de las otras alternativas del mercado.

Por mencionar el caso más evidente, no son tan necesarias las políticas de vivienda asequible cuando las posibilidades de financiación son amplias, requieren un relativo poco esfuerzo, o sus requisitos son previsibles. No siendo ese el contexto para el acceso a las hipotecas bancarias, por ejemplo, anuncios como el que ha hecho en este caso el Ministerio Transportes tendrá, muy probablemente, gran impacto si se cumplen los plazos y el alcance esperado.

En este sentido, es buena idea seguir de cerca cada proyecto que implique la construcción de viviendas de protección pública. El alquiler social no deja de ser una alternativa interesante (cuando no necesaria) para distintos sectores de la población. Así lo han entendido los gobiernos y también los organismos que co-financian estos planes. Por ello mismo, son igualmente importantes los programas abocados al fomento de edificios energéticamente eficientes, a la recuperación de patrimonio cultural, o la conservación de pueblos con cantidad de habitantes descendente.

Pensar en la vivienda y en el medio ambiente

En el caso puntual del proyecto recientemente presentado, el Programa de rehabilitación colaborará en aumentar el parque público de vivienda asequible durante un período mínimo de 50 años y con un consumo de energía primaria no renovable inferior al 20%. Nada mal para pensar que a futuro no sólo haya mayor acceso a la vivienda sino que éstas además, éstas tiendan a ser sustentables.

¿Qué te ha parecido esta propuesta? ¿Crees que ayudará a mitigar el impacto de la problemática de vivienda? ¿Veremos, a futuro, construcciones que aporten lo suyo al cuidado de las energías? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios de esta nota. Y no olvides que si quieres conocer más sobre estos temas, o sobre opciones de casas asequibles en España, tienes mucha información a disposición en el sitio de Oi Real Estate.

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Aunque la vivienda es un derecho, desde la crisis del 2008 para algunas familias españolas puede llegar a ser un privilegio inalcanzable. El alquiler social, gestionado por el Fondo Social de Viviendas junto a entidades bancarias españolas, procura ayudar a estas familias a alquilar una vivienda digna. Por eso en este post, te mostramos todo lo que necesitas saber para solicitar un alquiler social.

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¿Qué es el alquiler social?

El Gobierno de España, para dar solución a la situación creada por la crisis, decretó un plan de viviendas de alquiler social. Este pretende asegurar la vivienda a todas aquellas familias que están en riesgo de exclusión social. Este plan sigue activo al día de hoy, ya que muchas familias siguen necesitando un hogar para no estar en la calle. Lamentablemente, en la actualidad se dan muchas solicitudes para estas viviendas en alquiler social.

Las viviendas se asignan a través de las entidades bancarias del país. Son ellas mismas las que detallan las características del inmueble y las adecuan a los perfiles de los solicitantes. Este alquiler de precio bajo es adjudicado a aquellas personas que cumplan con los requisitos para alquilar un piso establecidos.

¿Quiénes pueden solicitar este alquiler?

La solicitud para las viviendas sociales está pensada principalmente, para familias que se habían quedado sin hogar por no poder hacer frente al préstamo hipotecario. Sin embargo, otro conjunto de personas también pueden optar a las viviendas sociales. Eso sí, siempre y cuando sean mayores de edad con nacionalidad española o con un permiso de residencia permanente.

Los grupos de personas que pueden solicitar un alquiler social al Fondo Social de Viviendas desde el año 2008 son:

  • Familias desalojadas por impago de hipoteca.
  • Personas que estén en procedimiento de ejecución hipotecaria sin haber sido desalojadas.
  • Personas que no han abandonado la vivienda y han realizado una dación en pago.
  • Familias que hayan perdido su inmueble por un desastre natural.
  • Personas con familias conflictivas o víctimas de violencia de género o violencia doméstica.
  • Personas con viviendas que deben ser destruidas o remodeladas.
  • Familias que han perdido su hogar después del año 2008.
  • Personas jóvenes universitarias de menos de 35 años que no tengan los ingresos suficientes para optar a una vivienda digna.

¿Cuál es su valor y cuanto dura el alquiler de la vivienda social?

Gracias a su origen, el alquiler social es más barato que los alquileres de viviendas. Su valor varía entre los 150 a los 400 euros y nunca debe superar el 30% de los ingresos familiares anuales. Además, el precio de alquiler establecido no depende de los territorios, es independiente a la zona geográfica que pertenezca.

Este alquiler cuenta con una duración máxima de 2 años fijada por un contrato de arrendamiento. Incluso, este plazo puede aumentar hasta los 7 años, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos que el Fondo Social de Vivienda ha establecido. Algunos de estos requisitos incluye: que la condición de la familia no mejore y que aún, cumpla con los requisitos para solicitar el alquiler social. Esta vivienda puede convertirse en hogar permanente, pero debe estudiarse caso por caso y ver las posibilidades y la situación de cada familia.

¿Cuánto tarda en ser aceptada la solicitud y obtener la vivienda?

Luego de realizar la solicitud, se tarda entre 6 meses a un año en tener acceso a ese alquiler social. Pero, si la situación de la familia es crítica los procedimientos se agilizan para que puedan acceder a la vivienda lo antes posible. Dentro de este procedimiento la Seguridad Social o los Servicios Sociales realizan un informe que pasará a la entidad bancaria para ser aprobado. Luego va a la adjudicación del nuevo hogar de la familia.

Requisitos para solicitar un alquiler social

Estos son los requisitos que se tienen que cumplir si se quiere acceder al alquiler de una vivienda social:

  • Ser mayor de edad con nacionalidad española o con permiso de residencia permanente.
  • Los ingresos no pueden superar 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En 2021 el indicador estaba en torno a los 500 euros mensuales.
  • No poseer ninguna vivienda.
  • Formar parte de una familia con hijos menores de edad.
  • Si formas parte de una familia monoparental, debes tener a tu cargo al menos 2 hijos menores de edad.
  • Contar con una persona víctima de violencia de género en la unidad familiar.
  • Contar con un miembro con discapacidad hasta un 30% en el núcleo familiar.
  • No cobrar ningún tipo de ingresos o haber agotado el total de las prestaciones.
  • Estar jubilado con deudas hipotecarias más altas que las prestaciones.

Además, para alquilar este tipo de viviendas sociales se utilizan los mismos pasos que para alquilar un piso en cualquier ciudad española. Aunque se debe resaltar algunas condiciones particulares:

  • Como mencionamos anteriormente, el alquiler debe estar entre los 150 y los 400 euros, sin superar el 30% de los ingresos mensuales.
  • El contrato de arrendamiento debe contar con una duración máxima de 2 años.
  • La vivienda en alquiler social puede llegar a convertirse en hogar estable.

¿Cómo solicitar un alquiler social?

¿Dónde se puede solicitar un alquiler de vivienda social?

Quien esté interesado en el alquiler social deberá de dirigirse a la entidad bancaria o caja de ahorro correspondiente. Algunos de los bancos y cajas de ahorro donde podrán realizar la solicitud son:

Una vez presentada la solicitud, las entidades estatales harán un informe de la situación del núcleo familiar o la persona y lo derivarán al banco correspondiente para que apruebe el alquiler social.

Beneficios del alquiler social

El beneficio principal es poder contar con un hogar para poder vivir en familia a pesar de estar en una situación vulnerable que se tiene con el nivel de ingresos familiares anuales bajos. Además, cabe destacar que es la mejor opción para poder hacer frente a la deuda hipotecaria de manera más fácil. Incluso, llegando a tener acceso a diferentes descuentos si la entidad financiera lo permite.

De modo que, el alquiler social es una increíble opción para aquellas familias que no pueden hacerse cargo de una vivienda y están en situación o riesgo de vulnerabilidad. Asimismo, el proceso de alquiler de vivienda es sencillo, solo tendrás que presentarte en una de las entidades bancarias nombradas anteriormente y realizar la solicitud formalmente.

Esperamos que este post sobre cómo solicitar un alquiler social, te haya sido útil. Si tienes algún comentario para hacernos o crees que nos faltó mencionar algo, puedes escribirnos en la casilla debajo del post. ¡Nos interesa mucho tu opinión!

Si estás pensando en alquilar o vender tu propiedad o buscas un lugar para arrendar, en Oi Real Estate podemos brindarte la ayuda y el asesoramiento que necesitas. ¡No dudes en contactarte con nosotros!

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El parque público de viviendas de Sevilla y Aragón sigue sumando viviendas gracias al programa de sus ayuntamientos. Entérate de todo lo que tienes que saber de cómo está evolucionando la compra de pisos para alquiler social.

España cuenta con una gran cantidad de viviendas en okupa o en remate bancarios o, simplemente, vacías por temor a encontrarse con un deudor moroso. Esto es una pena ya que, la oferta de pisos en alquiler es más baja que la demanda. Ni hablar de lo inaccesible que se le presenta a la media de población joven acceder a una hipoteca para iniciar la compra de sus inmuebles. Ya sea por baja fidelidad de solvencia a la hora de presentarse como candidato en los bancos, porque no llegasen al 30% inicial o simplemente porque aún no están decididos a establecerse en una ubicación determinada, el alquiler es su mejor opción. Asimismo, existen innumerables casos de personas que están en vulnerabilidad y no tienen el acceso a pagar la renta que sugiere la mayoría de los pisos en alquiler. Es por eso que Sevilla y Aragón, expanden su parque público y aumentan la compra de pisos para alquiler social.

Crece en Sevilla y Aragón la compra de pisos para alquiler social

A su vez, anima saber que en los últimos tiempos en Sevilla se han comprado más de 330 viviendas con el fin de aumentar la oferta en el parque público de alquiler. Mientras tanto en Aragón son 337 las propiedades destinadas a esta finalidad. Vamos a ver específicamente cómo funcionan los programas lanzados por ambos ayuntamientos

Sevilla

Por su parte, la ciudad andaluza ya cuenta con 330 viviendas adquiridas por Emvisesa, la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla. El programa fue retomado en 2019 y desde allí ya fueron invertidos 1,6 millones de euros en la compra de 22 viviendas. La media de precio de compra por piso es de 75.000 € y suelen contar con 70 metros cuadrados utilizables. Recientemente se han comprado dos viviendas, una en Sevilla Este y la otra en Cerro Amate.

La compra del hogar que está situado al Este ha sido efectiva gracias al derecho de tanteo sobre una operación de compraventa en una vivienda protegida del Polígono Aeropuerto. Esta propiedad de unos 91m2 construidos costó 117.078 € y cuenta con plaza de parking y trastero.

Con respecto a la propiedad de Cerro Amate, fue adquirida por 86.700 € por gracias al movimiento #SevillaLlena. La superficie es de 80 m2 construidos, 60m2 útiles y cuenta con tres habitaciones. Gracias a este proyecto, que tiene como gerente a Felipe Castro, se han comprado 40 pisos y rentado unos 18.

Aragón

Como ya hemos mencionado, en Aragón se encuentran 337 propiedades destinadas al alquiler social. La prioridad es aumentar la oferta en Zaragoza, donde más casos de vulnerabilidad social existe. El presupuesto destinado a la causa es de 2,2 millones de euros y la mayor parte de viviendas son compradas a entidades bancarias. Además, el gobierno aragonés se ofrece a actuar de gestor integral, ofreciéndose a intervenir ante cualquier incidencia que ocurra para los propietarios que ofrezcan su vivienda. El alquiler sería de un poco más de 4 euros por metro cuadrado, lo que sería una renta de 400€ mensuales.

¿Cómo intervienen las comunidades para hacerse con estas propiedades?

Asimismo, tanto Sevilla como Aragón usan distintas estrategias para fomentar el alquiler social. En la capital andaluza cuando un particular desea vender una VPO lo comunicará a la empresa de la vivienda y se iniciará el papeleo administrativo. De esta manera se podrá ejercer el derecho de tanteo y adquirir la vivienda como lo ha hecho con una de las últimas compras.

El delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes integrales, Juan Manuel Flores, comentó en la ORG de Sevilla: “En total, en los últimos años hemos conseguido ejecutar la compra o alquiler de más de 330 viviendas que han incrementado nuestro parque público de alquiler a través de distintos programas y estrategias como las permutas de suelos, convenios con entidades financieras, el derecho de tanteo y retracto, las permutas con realojo simultáneo o las operaciones de compra y alquiler de viviendas vacías”.

Por su parte, Aragón ha hecho un spot publicitario animando a los propietarios de viviendas vacías a contribuir con la propuesta. Su propaganda hace referencia a que no sólo se beneficiará el propietario por la renta, sino que ayudará a mucha gente con problemas sociales a tener un techo.

Además, la campaña pone a Aragón en el lugar del gestor integral. El ayuntamiento se ocupará de pagar la renta, buscar inquilinos y reformar la vivienda, ya que muchos de los dueños de estas propiedades no tienen ganas o se ven imposibilitados a pagar el precio de dichas reformas: “¡Abre las ventanas a todas las ventajas de la bolsa de alquiler social de Aragón! La comodidad de no ocuparte de nada, la confianza de cobrar pase lo que pase y la garantía de la reparación de desperfectos”, fomenta el spot. Recuerda que si eres propietario y deseas participar de la campaña debes hacer la petición en la web del Gobierno de Aragón o contactarte por teléfono al 976 20 49 30. Harán una visita y evaluarán cuánto tienen de gasto de reparaciones.

¿Quiénes tienen acceso a estas viviendas?

Las personas que tienen acceso a estas viviendas son aquellas que tengan algún tipo de problema social. Muchas son destinadas a los que tienen dificultades económicas, familias numerosas, aquellas con problemas por violencia de género, personas con discapacidades.

  • Monto destinado a la renta: la media de la renta de estos hogares es de 150€ a 400€.
  • Ingresos anuales familiares: la renta no comprenderá un porcentaje mayor al 30% de los ingresos de la familia.
  • Opción a reducción: si la familia tiene unos ingresos muy inferiores podría reducirse el precio de la renta.
  • Duración de contrato: el contrato de arrendamiento es de 2 años de duración máxima. Se puede alargar cumpliendo ciertos requisitos.
  • Hogar permanente: existirá la posibilidad a que se convierta en la vivienda permanente de la persona.

Ahora que ya leíste: “Crece en Sevilla y Aragón la compra de pisos para alquiler social”, puedes dejarnos tu comentario. Además, te recomendamos las siguientes notas relacionadas:

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Con el fin de asegurar el acceso a la vivienda, el gobierno de Baleares ha iniciado una expropiación temporal de 56 propiedades que se encuentran vacías. Esta operación se encuentra autorizada por la Ley de Vivienda autonómica.

La Consejería de Movilidad y Territorio del Gobierno de Baleares ha iniciado los trámites para expropiar cincuenta y seis viviendas. Todas ellas se encuentran vacías y pertenecen a grandes tenedores. Para proceder con la expropiación, el gobierno deberá pagarles un justiprecio a los propietarios. Además, utilizarán estos inmuebles para aumentar la oferta de alquileres sociales.

Ley de Vivienda de Baleares

La Ley de Vivienda de Baleares se aprobó en 2008 y, desde entonces, la expropiación temporal de inmuebles para destinarlos al alquiler social está permitida durante un periodo de hasta siete años.

Ahora bien, para poder realizar este embargo temporal, la vivienda deberá cumplir una serie de requisitos:

  • Ser propiedad de un gran tenedor, es decir, de aquellas personas físicas o jurídicas que poseen más de diez inmuebles a su nombre.
  • Debe haber estado deshabitada por un plazo de dos años o más, sin causa justificada.

Una vez realizada la expropiación temporal, las viviendas se destinarán al alquiler social. De esta manera, las familias cuyos ingresos no les permiten pagar un alquiler estándar podrán acceder a una vivienda abonando, como máximo, el 30% de sus ingresos mensuales para la renta.

¿Dónde se ubican las 56 viviendas expropiadas?

De las 56 viviendas expropiadas, 27 se encuentran en Mallorca. Más específicamente, once se ubican en Palma, otras once en Inca, dos en Llucmajor, dos en Manacor y una en Calviá.

Otras 23 se encuentran en Menorca. Todas ellas están situadas en Ciutadella (17) y Mahón (6). En Ibiza, por su parte, se encuentran solo seis viviendas expropiadas, de las cuales dos están en Santa Eulària des Riu, tres en Sant Antoni y una en la ciudad capital.

Si todos los trámites continúan su curso, estas viviendas serán puestas a disposición del Instituto Balear de la Vivienda.

Ley de vivienda de Baleares e inmuebles vacíos

La Ley de Vivienda de Baleares obliga los grandes tenedores a inscribir las viviendas vacías en un registro diseñado exclusivamente para este fin. Sin embargo, según explicó el consejero de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, los servicios de inspección autonómico han detectado alrededor de seis mil inmuebles cuyos propietarios son grandes tenedores. De ellos, alrededor de setecientos se encuentran vacíos.

No obstante, para formalizar la expropiación, la administración de Baleares deberá pagar por adelantado un justiprecio que cubra los siete años (como plazo máximo) durante los cuales se expropiará el inmueble.

Por las cincuenta y seis viviendas, el gobierno prevé abonar 1,8 millones de euros. En promedio, pagará 1 600 euros anuales por cada bien inmueble expropiado, o lo que es lo mismo, alrededor de 382 euros al mes. Si comparamos este valor con los precios de la renta en el mercado, representa una rebaja del 40%.

Cabe destacar que todavía pueden presentarse alegaciones por parte de los grandes tenedores. Pero solo se paralizaría la expropiación de viviendas en el caso de que se aplicaran medidas cautelares.

ley de vivienda de Baleares

El derecho de tanteo y retracto

Recordemos que el derecho de tanteo y retracto se refiere a la adquisición preferente de un inmueble que tiene un inquilino sobre la vivienda en la que habita. Pero en este caso, es el estado quien tiene la capacidad de ejercer este derecho preferente en las operaciones de compraventa que se realizan entre grandes tenedores. Así lo establece la Ley de Vivienda de Baleares.

El consejero de vivienda explicó que también pretenden adquirir propiedades por este medio para dedicarlas al alquiler social. Añadió que la operación ya está en proceso en Palma, Manacor y Mercadal, donde se estima que se adquirirán cuarenta viviendas en total.

¿Qué opinan los expertos sobre la expropiación de viviendas en Baleares?

Desde la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler sostienen que “esta medida supone un ataque al Derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española”.

Añaden que “esta expropiación es contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España, homologable al de otros países europeos. Además, vulnera la confianza que reclaman los inversores para hacer crecer la oferta de vivienda en alquiler y erosiona la imagen de nuestro país como destino de inversión”.

Por otro lado, desde la Asociación también creen que “este tipo de medidas generan mucho ruido pero que no son efectivas, provocan siempre una reducción de la oferta de vivienda disponible debido a la inseguridad jurídica que generan. Esto a medio-largo plazo perjudica al acceso a un hogar a las familias vulnerables, el colectivo al que en teoría se quiere proteger”.

Ley Estatal de Vivienda España 2021

Mientras esta expropiación ocurre en Baleares, el gobierno español continúa analizando la implementación de la Ley de Vivienda en España. A través de ella se pretende regular el mercado del alquiler estableciendo límites de precios máximos a la renta. De sancionarse, nos encontraríamos frente a la mayor intervención estatal de Europa sobre el mercado de la vivienda.

En Cataluña, por su parte, la Ley de Alquileres fue sancionada, pero recientemente el TC la declaró inconstitucional. Uno de los motivos por los cuales el Tribunal tomó esta decisión es porque “afecta” el derecho a la propiedad. Recordemos que, según esta legislación, disponer de una vivienda vacía o no ofrecer la posibilidad del alquiler social supone un “incumplimiento de la función social de la propiedad”. Estas sanciones “afectan tanto a la vertiente individual como a la vertiente institucional del derecho a la propiedad, limitando las facultades de disponer y reivindicar del propietario”.

¿Tú que opinas de la expropiación de inmuebles y de la Ley de Alquileres de Baleares? ¡Cuéntanoslo en comentarios! En Oi Realtor nos interesa conocer tu opinión.