A partir de la puesta en vigor de la ley anti opas, el escenario para la inversión extranjera es más claro. Pero lograr una aprobación de participación de una empresa española depende también de la relación con los gobiernos, los objetivos y la gestión.
El escenario para la inversión extranjera tiene un marco legal definitivo a partir de la puesta en marcha del Decreto Rea 571/2023. En realidad, la normativa viene a darle sustento definitivo a las medidas tomadas durante la pandemia. La caída de la valoración bursátil de las empresas españolas habilitaba que buena parte de ellas pudiera ser adquirida por capitales foráneos a bajo precio. Además de las empresas que son estratégicas para el gobierno, las cuales tienen un seguimiento más estricto de parte de las autoridades.
Pero no alcanza solo con obtener la composición accionaria de una empresa española para lograr controlarla. Hay muchos considerandos que el inversor extranjero debe cumplimentar para lograr instalarse. La confianza que despierta el saber cuáles son sus objetivos, y el modelo de gestión que va a implementar para cumplirlos. Depender de la autorización del gobierno también implica mantener una relación con las autoridades competentes, que cambia -como ocurre actualmente- con la renovación del gobierno.
El escenario para la inversión extranjera
A partir de septiembre entra en vigencia el Real Decreto 571/2023, que fue aprobado por el Consejo de Ministros de la legislatura. La legislación regula de manera definitiva la inversión extranjera en España. Se trata de la llamada “ley anti opas” o “escudo anti opas”, un decreto prorrogado varias veces desde la pandemia.
En realidad, la ordenanza continúa el camino marcado por la Ley 19/2003, que fijaba el marco legal para la actividad económica extranjera en el país. A partir de entonces, los inversores extranjeros no residentes, así como las sociedades de inversión con residencia en la Unión Europea, deben contar con el aval del Gobierno Español para tener una participación de empresas consideradas estratégicas. Algunos ejemplos son las actividades comerciales ligadas a la seguridad, el orden público y la infraestructura crítica.
Esto, si se trata de una adquisición mayor del 10% de la empresa. Para una posición menor no cuenta la normativa. Como así tampoco tiene vigencia en el caso de las inversiones denominadas transitorias, esto es, que tienen unas pocas horas o días de duración. El espíritu de la ley anti opas es proteger a las empresas españolas para que una eventual caída de sus cotizaciones no se convierta en presa fácil de compradores foráneos.
De acuerdo a las declaraciones del ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, la normativa implica “adaptarnos al marco de la Unión Europea y dar mayor transparencia y confianza para la inversión en España”. A su vez, destacó que se reduce el plazo para autorizar o rechazar una inversión extranjera de tres meses a solo 30 días. Un reclamo histórico de inversores que va a agilizar de manera considerable las operaciones.
De este modo, se va conformando el escenario para la inversión extranjera en España. Pero lograr el permiso es un paso que no solo implica contar con el dinero y las intenciones de invertir, existen un número de aspectos que importan, y que pueden resumirse en el status o reputación de inversor. Por ejemplo, las modalidades de gestión, qué hacer con el personal, qué viraje tendrá la empresa a partir de la participación de los nuevos inversores/dueños.
Status del inversor
El panorama de las inversiones internacionales varía con las coyunturas, esto pasa de manera histórica, o al menos de desde que el sistema económico mundial se encuentra globalizado. Lo que ocurre en la actualidad es que el enorme alcance de la tecnología permite la conexión en tiempo real de mercados en todo el planeta. Pero también la geopolítica ha adquirido más importancia en los negocios.
Por eso mismo, en el escenario para la inversión extranjera actual, los inversores extranjeros deben cumplir con una serie de características que hacen a su perfil o status. Y que se compone tanto por el país de origen, como de la actividad en que se pretende invertir, los socios locales, el objetivo y modelo de gestión, y la relación que se construye con las autoridades competentes.
Los fondos de alcance internacional, que tienen vasta experiencia en éstas regulaciones. Que no se dan solamente en España, sino que están contempladas en toda la Unión Europea y los EEUU. De hecho, los representantes de los fondos mantienen cada vez más estrecha la relación con autoridades y funcionarios de las administraciones centrales.
También cuentan las intenciones detrás de la inversión. Esto es, cómo se va a desenvolver la empresa a partir de la participación de los nuevos actores extranjeros. Estos desafíos tienen existencia real, ya que los empleados deben ocuparse por su futuro laboral, las agencias de control deben vigilar qué ocurrirá con el precio del producto o servicio que brinda, que no se incumpla con las leyes de competencia empresarial, etc.
Un contexto de mayores controles
La pandemia y sus consecuencias económicas marcaron un nuevo ritmo al comercio global. Se puede percibir que el escenario para la inversión extranjera actual está marcado por la desconfianza.
Las fuertes bajas que sufrieron los mercados bursátiles a nivel mundial, dejaron a muchas empresas en situación vulnerable. El llamado escudo anti opas intentó salvaguardar las empresas españolas ante una eventual compra de parte de capitales especuladores.
Por último, la guerra en Ucrania terminó por configurar una coyuntura donde la geopolítica juega un papel mayor que en años anteriores. Y es que los gobiernos en occidente se volvieron más proteccionistas, principalmente en la relación comercial con China. La transferencia tecnológica también está en el centro de las conversaciones, siendo Francia, Gran Bretaña y los EEUU quienes mayores barreras imponen a éstas inversiones.
Por lo demás, tanto España como las economías de la zona euro se encuentran en una transición, dejando de lado las aperturas de décadas anteriores. Pero con una política de promoción de inversiones extranjeras en la mayoría de las actividades y mercados existentes.
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