Las voces del mercado inmobiliario se hacen sentir. Ante la inminente conformación del nuevo Ejecutivo, pedidos como seguridad jurídica y un nuevo Pacto de Estado en materia de viviendas, entre otros, se oyen de parte del ámbito de propiedades. En este artículo, te contamos sobre esas demandas del sector inmobiliario al futuro Gobierno español.
Un nuevo ciclo político, económico y social se abre tras las elecciones del 23J. Sea cual fuere el resultado final y la coalición gobernante, surgirán nuevas determinaciones, medidas, leyes, etc. Así, por lo menos, lo promovieron durante la campaña electoral. Tanto Feijóo, del Partido Popular, como Pedro Sánchez, actual presidente, se disputan el cambio o la continuidad. Y aún en la prolongación, se avizoran cambios.
En este panorama, el sector inmobiliario realiza demandas al futuro Gobierno. Estas tienen que ver con generar mayor seguridad jurídica y profesionalización, por un lado, y decisiones tendientes al control y transparencia que necesita el mercado del real estate. Por otro lado, hay un consenso en que se promueva un nuevo pacto de Estado en materia de vivienda y que se eliminen los topes a los aumentos de alquiler.
Si bien las inmobiliarias proyectan un segundo semestre igual o similar a la primera parte del año, hay varias cuestiones que podrían ser legisladas para esbozar mayor estabilidad a sus actividades concretas y específicas. Es una realidad que el mercado residencial se encuentra tensionado entre la escasa oferta y una creciente demanda. Por tanto, el nuevo Ejecutivo deberá atender estas cuestiones.
Demandas del sector inmobiliario: Ley de vivienda
En materia de la cuestionada Ley de Vivienda, los promotores de bienes inmuebles apuntan a un Pacto de Estado, caracterizado como “absolutamente necesario” por varios de ellos. Mediante este Pacto se derogaría la citada y actual Ley de Vivienda o se redactaría de nuevo. Lo cierto, es que casi nadie en el mercado inmobiliario se encuentra cómodo con esta Ley sobre sus espaldas.
Tengamos presente que la idea de lograr un gran pacto a nivel nacional es una bandera que levanta la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI). Y lo hacen porque, alegan, con esa herramienta se podría apuntar al problema del acceso a la vivienda de raíz, tanto para la compraventa como para el alquiler.
La idea del Pacto surge de la necesidad de tener una mirada global para desarrollar una planificación a largo plazo para el tema de la vivienda en nuestro país. Así, se podría garantizar un progreso social e incluso económico razonable y sostenido en el tiempo. Porque las necesidades del sector inmobiliario no se pueden resolver de manera aislada. Se debe tener en cuenta las facetas económicas y sociales del país e inclusive de la eurozona.
El gobierno, entonces, debería dejar de lado a los programas de corto plazo y plantearse uno a largo plazo, para finalmente salir de esta crisis, plantean los agentes. Lo que se necesita, añaden, es más stock y que esté planificado de acuerdo al crecimiento de la sociedad.
Fin al tope del alquiler
Los especialistas consultados opinaron que los topes de subida en los precios del alquiler son contraproducentes. Y esto se da porque limitan la oferta aún más y, en última instancia, no sirven para sortear el alza del mercado. Un tope positivo podría darse después de tomar otras medidas y sólo después; primero se debe incentivar la oferta. De hecho, en otros países europeos no funcionó el tope, sino que generó un efecto contrario al buscado.
La intervención estatal, en este sentido, no está bien vista. La regulación de precios no produce lo que se espera de ella. Una nueva Ley de Vivienda, o una reforma de ella, debería apuntar a un aumento en la oferta. Y como resultado, una baja en sus valores.
El tope del alquiler beneficia a quienes alquilan, en cierto sentido. Pero el problema de raíz es la falta de oferta en el mercado. Esto puede resolverse con una política que apunte al stock, a aumentarlo. De este modo, habiendo más oferta, los precios se regularían de acuerdo al comportamiento mismo del mercado con sus leyes de oferta/demanda.
Tipos de interés
La demanda en los últimos meses ha bajado como resultado del aumento de los tipos de interés. El cada vez más difícil acceso al crédito hipotecario tiene estas consecuencias. Los potenciales clientes tardan más en decidirse por una compra o directamente lo ven como algo imposible al no tener posibilidad de financiarla. Muchos otros están a la espera de ver cómo se desarrolla la coyuntura socioeconómica antes de tomar una decisión que puede afectar a la posibilidad concreta de acceder a una operación de compraventa financiada.
El mercado está sufriendo una lenta desaceleración, a causa de este motivo. El número de transacciones va disminuyendo a pesar de que los precios se mantienen parcialmente estables. Se estima que el segundo semestre continuará con esta evolución.
Demandas del sector inmobiliario al futuro Gobierno
Ante este estado de situación, el sector inmobiliario exige -además de la reforma a la Ley de Vivienda y el fin del tope de subas-, seguridad jurídica y decisiones que hagan a la vuelta del dinamismo en el mercado. También, mayor transparencia mediante la profesionalización de sus actividades. Esta especie de “regulación estatal” apuntaría a la instauración de organismos determinados para que se ocupen, junto a los agentes inmobiliarios y el sector todo, de reconocer y solucionar las dificultades de la vivienda en nuestro país.
Es sabido que muchos extranjeros acuden a España para comprar una vivienda habitual o segunda vivienda huyendo de los problemas de sus países de origen. Las soluciones, entonces, serían para ellos también, más allá de la inmensa cantidad de connacionales que desean comprar un piso. Las políticas económicas influirán en la posición que asuma España como destino de muchos extranjeros y como refugio de los mismos españoles.
Propuestas como promocionar el parque público de viviendas, de iniciativa pública o mixta, deberán ser analizadas como una de las medidas a tomar. Aumentar el alquiler asequible, buscar una solución a las familias endeudadas para acceder a una propiedad y el acceso a la vivienda de los jóvenes son otros de los puntos en el tintero de las demandas. Así como también bajar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en el orden fiscal.
Por otro lado, el sector inmobiliario coincide en que se debe aumentar la seguridad jurídica de manera equilibrada tanto para quienes ofrecen como para aquellos que demandan. Del mismo modo, piden promover desde los organismos pertinentes la transparencia en beneficio del cliente.
Luego de leer este artículo, nos interesaría mucho conocer tu opinión acerca de las demandas del sectot inmobiliario al futuro Gobierno. Puedes compartirla con nosotros desde la sección “Comentarios” de nuestro Blog.
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